Los frenos judiciales y el contrapeso estatal
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Ya tuvo su primer encontronazo cuando 18 estados y un par de ciudades presentaron, a través de sus fiscales federales, demandas contra la orden ejecutiva de Trump que buscaba bloquear el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
El jueves, un juez federal de Seattle, en el estado de Washington, dio un paso al frente y frenó temporalmente la orden de Trump, alegando que de ninguna forma considera que sea constitucional la decisión. La orden ejecutiva que buscaba eliminar este derecho se enmarca en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Para el juez es inconstitucional, mientras que el Departamento de Estado avisa que defenderá la posición del presidente, lo que podría traducirse en una batalla legal que muy probablemente termine en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a grandes rasgos, este podría ser el indicio de cómo se dé la dinámica de Trump para imponer su agenda.
“Donde sí se puede producir oposición efectiva, de acuerdo con el sistema norteamericano, es en los jueces. Como dirían aquí en Colombia, los jueces regulares son los que efectivamente pueden oponerse provisionalmente a Trump, mientras que los asesores jurídicos del presidente encuentran una salida a estas oposiciones”, explica Gabriel Jiménez Peña, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
Jiménez enfatiza que Trump es un mandatario de tendencia presidencialista y, por esto, como ya se vio con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, es muy probable que estos choques se hagan mucho más frecuentes.
El poder presidencial y sus límites
En la misma línea de ser enteramente presidencialista, Jiménez recuerda cómo durante su primer periodo presidencial Trump también hizo uso de las órdenes ejecutivas como la alternativa predilecta para implementar sus cambios. Y así también está siendo este inicio de su segundo mandato.
Desde reintegrar a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo, cambiar el nombre del golfo de México a golfo de América y declarar emergencias nacionales en temas económicos y en la frontera sur con México, todo fue decretado en las primeras horas de su mandato, el mismo día de la posesión.
El problema, como ya se dijo, es que fácilmente estas órdenes pueden ser impugnadas por los entes judiciales de cada estado y contradecir la Constitución, lo que, como ya está ocurriendo, solamente va a desembocar en procesos judiciales que retrasen o, en el caso adverso para los intereses de Trump, trunquen las reformas que vaya implementando.
“Las oposiciones generalmente se hacen basadas o amparadas en la Constitución norteamericana. Por eso, si se encuentra un vacío o alguna ley que pueda ser confrontada con la Constitución, esto debe ser objeto de resolución por parte del Poder Judicial máximo, que es la Corte Suprema de Justicia”, explica Jiménez.
Sin embargo, no se trata de un simple enfrentamiento entre las órdenes ejecutivas de Trump y los poderes judicial y ejecutivo. Más bien, todo depende de cómo cada funcionario, juez, fiscal e incluso el propio Trump interpreten la Constitución.
Para Jiménez, las órdenes buscan llenar los vacíos que, a juicio del presidente, deje la ley. Se trata de una cuestión de lecturas abiertas, como por ejemplo de la Ley del enemigo extranjero, que está siendo interpretada por Trump para expulsar migrantes, cuando en su redacción habla de esta facultad en contexto de una invasión en tiempos de guerra.
La oposición legislativa y los bloqueos presupuestarios
Después de la facultad de poder ordenar cambios por decretos, el respaldo máximo que tiene Trump está en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, en las cuales los republicanos quedaron con mayorías después de las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, con nombramientos como el de Marco Rubio, que estaba listo para seguir en el Senado, pierden un voto en esta cámara y lo mismo pasa en la Cámara de Representantes. En el Senado, en total, son 52 contra 47 demócratas, mientras que en la Cámara quedaron 219 contra 215.
Y, aunque en el papel hay una plataforma para hacerle el camino más amable a Trump en temas de funcionamiento del gobierno (como los cierres de gobierno, uno de los grandes dolores de cabeza de Joe Biden durante su administración), habrá determinados momentos en los que inevitablemente habrá que negociar.
“En Estados Unidos, existe un gran número de programas y políticas públicas que funcionan con base en autorizaciones presupuestarias anuales por parte del Congreso, lo que deja la puerta abierta para descontinuar algunos programas y organismos simplemente al no (re)autorizarlos. Sin embargo, hay que considerar si Trump cuenta con el apoyo suficiente de los miembros de su partido, ya que, al final, estos trabajadores están físicamente ubicados en algún distrito o estado. A sus representantes no les agradará que el gobierno elimine lugares de trabajo en sus distritos o estados, por lo que Trump tendrá que calcular cuidadosamente sus movimientos en este sentido”, explica Andreu Casas, docente de la Universidad Royal Holloway de Londres.
Esto será clave porque gran parte de la agenda de Trump incluye recortar y reducir el Estado en pro de la eficiencia, por lo que allí puede aparecer un primer pulso a la hora de cerrar o reducir agencias federales.
La polarización política y el peso de la opinión pública
Si las medidas de Trump resultan impopulares, lo más lógico es que tengan una influencia electoral en el futuro, y esta es una oportunidad de mejora para los demócratas. Así como hubo estados bisagra en las elecciones de 2024, que finalmente terminaron dándole el triunfo a Trump (Wisconsin, Míchigan, Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte), habrá estados y distritos que pueden ser objetivo para reconquistar por parte de los demócratas. Especialmente aquellos en los que tradicionalmente ganan y esta vez se decantaron por Trump y las alternativas republicanas para los puestos de representación.
“La estrategia demócrata tendrá que concentrarse en reconquistar aquellos lugares donde Biden ganó y luego lo hizo Trump. Por ejemplo, en estados como Carolina del Norte y Pensilvania, deberán buscar obtener curules, tanto en la Cámara como en el Senado, que les permitan revertir las políticas de Trump a partir de los dos últimos años de su periodo”, analiza el profesor Gabriel Jiménez.
Hace hincapié en los últimos dos años porque, de aquí a noviembre de 2026, ya está en disputa la carrera por las elecciones de medio término, que podrían refinar y reformular las mayorías en las cámaras. Es decir, las mayorías legislativas de los republicanos no están garantizadas para el resto del periodo de Trump. Por esto, lo que haga durante estos primeros dos años será clave.
Con este panorama, cobra más importancia la celeridad para implementar su agenda, por lo que vuelven a ser relevantes las disputas judiciales en las que se tornen las órdenes de Trump que encuentren trabas en el camino. Si se dilatan y comienzan a demorarse, como en efecto dominó, también se retrasa su agenda. Sin embargo, son dos años con dominio parcial de ambas cámaras y, aun cuando se venga una oleada judicial, todos los caminos conducen a la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema como árbitro final
El primer antecedente fue TikTok. La Corte Suprema ordenó suspender la operación de la aplicación en Estados Unidos antes de la posesión presidencial y Trump, en tan solo unas horas, anunció que iba a autorizarla por decreto (lo terminó haciendo el lunes después de la ceremonia) por lo menos por 75 días, mientras se encuentra una solución, que probablemente termine con la entrada de un dueño estadounidense para la empresa.
Y aunque pueda parecer un roce, lo cierto es que con la Corte Suprema Trump puede que termine recogiendo lo que sembró en su primer periodo presidencial, pues impulsó a varios de los magistrados de este organismo.
Ellos van a terminar teniendo la última palabra en los asuntos que se enfrenten en la complementariedad del poder presidencial y el sistema judicial por estados, todo con base en la Constitución. Si es algo que termine beneficiando a Trump o no, es algo que solo se verá cuando se vuelva una tendencia el cuestionamiento de su agenda. Lo cierto, afirma el profesor Jiménez, es que de antemano va a ser un mecanismo “engorroso”.
“Los procesos deben cumplir con todos los estadios establecidos. Por ejemplo, una decisión de un juez puede pasar a una corte de distrito, donde esta decisión podría ser respaldada, pero también podría haber una apelación, como la que podrían presentar los asesores jurídicos de Trump. Finalmente, el caso podría llegar a la Corte Suprema. En general, las decisiones o la implementación de las políticas tienden a dilatarse en el tiempo”, comenta.
Ninguno de los factores mencionados en este análisis es independiente del otro. Todo es una cadena, y cada eslabón es clave en el funcionamiento y la eficiencia que tenga el gobierno de Trump. Cada decisión tendrá una consecuencia. Aunque parezca omnipotente y tenga el respaldo de 77 millones de estadounidenses, hay un statu quo político centenario que ya sabe lo que es tener a Trump como presidente y puede maximizar su poder o limitar sus capacidades.
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Por Hugo Santiago Caro
