Es impensable que la multiplicación de requisitos a personas que pasan legalmente la frontera pueda reducir el flujo de la delincuencia. Por eso, más que para enfrentar el problema de la delincuencia, la medida y la desafortunada sustentación del ministro de Gobierno parecen insistir en que Colombia es sólo fuente de problemas para Ecuador.
El Canciller colombiano consideró la medida como un “tratamiento discriminatorio, estigmatizador e, incluso, xenófobo”, ante lo cual su homólogo ecuatoriano reiteró la idea de que para restablecer las relaciones es necesario superar lo que su gobierno percibe como un intento de “deslegitimar a Ecuador”. Y agregó que “espera que la preocupación del Gobierno colombiano y su Comisión Asesora se traduzca en acciones concretas”.
Se refería a la petición que la Comisión Asesora le había hecho al gobierno colombiano de renovar esfuerzos para restablecer relaciones con Ecuador, y también a las palabras del presidente Uribe el 23 de enero cuando dijo: “Qué bueno que pudieran darse pasos para reconstruir esas relaciones”.
El gobierno de Colombia comienza a mostrar que quiere pasar de los comunicados a los hechos positivos. Así se aprecia en las decisiones que Uribe anunció el 25 de enero en Pasto, en respuesta a la solicitud de la Comisión Asesora y a los reclamos del gobierno ecuatoriano. A más de los 27 mil miembros de la Fuerza Pública ya presentes en la frontera, funcionarán en Nariño el Comando Unificado del Sur y una brigada permanente del Ejército.
Uribe también llevó a Pasto iniciativas como la del fondo de inversión para ayudar a reactivar la dramática situación de Nariño y Putumayo luego de la caída de las pirámides. Y el Ministro de Defensa escuchó la protesta de los indígenas cofanes por la construcción de una unidad militar en cercanías de su comunidad. Desarrollo, empoderamiento social y no sólo la presencia militar, pueden permitirle al Estado revertir la situación de la frontera.
Al iniciar su tercer año y en medio de una nueva jornada electoral, el gobierno ecuatoriano ha visto reducir su margen de acción por la crisis mundial, la caída de precios del petróleo, la reducción de remesas y problemas con la dolarización de la moneda de su país. Todo ello, sumado a protestas sociales, problemas de su política económica y compromisos adquiridos con la nueva Constitución, le exigen una actitud dialogante y proactiva para atender muchos frentes complicados. Un acuerdo con Colombia le sería benéfico.
Colombia y Ecuador ganarían con la normalización de relaciones. Más que nunca cada país tendría que ser consciente de que para su propia seguridad necesita de vecinos estables y prósperos.
*Miembro de la Misión de Política Exterior, formada recientemente por la Cancillería, y profesora del IEPRI, Universidad Nacional.
Por Socorro Ramírez*
