Un club en México que no fuma marihuana

Su club es el primero autorizado por la Corte para cultivar y consumir cannabis con fines lúdicos, aunque ninguno lo fuma ni busca cultivarlo. Sólo querían abrir el debate sobre la legalización.

Hace dos años, a Juan Francisco Torres Landa, abogado y miembro de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), una ONG que atiende víctimas del delito, se le ocurrió fundar un club de fumadores de marihuana cuyos miembros no la fumaran ni la quisieran cultivar. Su idea era reunir a mexicanos conscientes para enfrentar el problema de las drogas desde otro enfoque, pues la violencia generada por la guerra contra los carteles de narcotraficantes ha dejado más de 100.000 muertos y desaparecidos en su país.

“Por años la MUCD se dedicó a atender a decenas de víctimas del delito, sin embargo, el incansable esfuerzo no estaba rindiendo los frutos esperados, así que entendimos la importancia de abordar el fenómeno de las drogas y las políticas que las reprimen”, explica Torres Landa. Dos abogados, un contador y una activista social apoyaron su idea y fundaron la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable A.C. (Smart).

Entonces, la primera organización ciudadana de autoconsumo responsable y tolerante en México comenzó a trabajar. Su objetivo, además de defender el derecho humano a la libertad de elección, es forzar el debate de la legalización de la marihuana vía jurídica para “quitarles a los carteles del narcotráfico su principal herramienta, el dinero”, dice Torres Landa.

El primer paso que dieron fue pedir autorización a la Secretaría de Salud. Dado que el consumo está técnicamente despenalizado en México desde 2009, este colectivo centró su solicitud en las actividades relacionadas: la siembra, la preparación, el transporte y la posesión. La autoridad negó la petición porque la Ley General de Salud define como ilícita la producción de cannabis. Decidieron entonces interponer un amparo ante la Suprema Corte. Pero recibieron más negativas. Hasta que el caso llegó a las manos de Arturo Zaldívar, uno de los jueces más liberales de la Suprema Corte. El abogado y catedrático tomó la petición y decidió defender la legalización de la marihuana ante sus otros cuatro compañeros de sala. Su argumento principal fue “que el riesgo para la salud de la marihuana es menor o similar al tabaco, y su prohibición, por tanto, resulta desproporcionada respecto al derecho constitucional a la autonomía individual, al libre albedrío”.

Su tesis fue respaldada por otros tres jueces de la Corte —sólo uno votó en contra—, suficiente para que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera el fallo histórico, que autoriza el cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos a los cuatro mexicanos miembros de Smart. La resolución no incluye venta, distribución ni suministro.

El documento emitido por la Suprema Corte considera que la actual Ley General de Salud es “más extensa de lo necesario” al prohibir el uso de la marihuana “en cualquier situación”, lo que genera una “intensa afectación” al derecho de libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación frente al consumo. Primer punto cumplido, Smart consiguió reabrir, desde otro frente, el debate.

El primero en reaccionar fue el presidente, Enrique Peña Nieto. “Los efectos de este fallo son sólo para los integrantes del grupo Smart. No es que esto dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la marihuana”, insistió. Y tiene razón. El fallo no legaliza el cannabis en el país, pero sí abre una puerta para ello, según explicó el propio presidente. “La Suprema Corte abrió un debate amplio para, eventualmente, regular el consumo de la marihuana”.

El constitucionalista Saúl López Noriega aclaró a la prensa local que la decisión que tomó la Corte mexicana no es una despenalización de esta droga, pero representa la primera batalla en una guerra que la ciudadanía tendrá que librar para ejercer su derecho a consumirla.

La Secretaría de Salud deberá otorgar los permisos requeridos a las cuatro personas de Smart para el uso de la hierba, aclaró Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente.

Y para que el caso se convierta en jurisprudencia debe haber cinco fallos, también de la Suprema Corte, en el mismo sentido. “De ahora en adelante, a todo aquel que lo pida, se le tendrá que conceder el derecho al consumo con fines lúdicos y sin ánimo de lucro”, señala Torres Landa.

El siguiente paso en este camino tendrá que darlo —otra vez— la sociedad, para plantear a los poderes judicial y legislativo el respeto del derecho a la autonomía y el desarrollo libre de la personalidad establecido por la Corte en la histórica sentencia. Lo explica así Smart: “Está cerca el fin de la política prohibicionista que ha generado muerte y violencia en México”.

¿Y la legalización en América Latina?

Uruguay
Desde diciembre de 2013, la marihuana es legal en este país y está regulada por el Gobierno. A partir de 2016, dos empresas la producirán y la distribuirán en farmacias autorizadas, donde se darán máximo 10 gramos semanales para uso personal.

Colombia
En el país, la posesión de marihuana en dosis personales no está penalizada y es posible cultivarla para uso personal. La Corte Constitucional ratificó esta ley en 2012, que permite a cada persona tener 22 gramos de marihuana máximo y uno de cocaína.

Chile
El Congreso chileno discute una ley para despenalizar su uso con fines medicinales y recreativos, que ahora es estudiado por la Comisión de Salud tras ser aprobado por los diputados en julio. El consumo no es castigado si se hace de manera personal y en solitario.

Ecuador
Es legal tener 10 gramos de marihuana para consumo personal. Aunque el debate sobre su legalización se ha dejado a un lado, el presidente Rafael Correa insiste en crear nuevas tácticas para combatir el narcotráfico y parece abierto a la discusión.

Brasil
Pese a que se han presentado proyectos de ley al respecto, la legalización continúa en veremos y no es un tema de la agenda nacional. En 2006, las penas por su consumo fueron sustituidas por trabajo social y educación en prevención.