No es la primera vez que Estados Unidos amenaza con dejar su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de este año, el gobierno se cuestionó su permanencia en la organización debido al trato discriminatorio que, según la Casa Blanca, recibe Israel.
“Queremos reiterar nuestra objeción fuerte y por principios al sesgo contra Israel que ha demostrado el Consejo de Derechos Humanos”, manifestó Rex Tillerson, secretario de Estado.
Según Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU, su país está preocupado por la efectividad del organismo para prevenir violaciones contra los derechos humanos de los países miembros. Y, aunque, está denuncia ya se había hecho en el pasado, en esta oportunidad el llamado de atención para Venezuela fue contundente.
“Formar parte de este Consejo es un privilegio y un país que viola derechos humanos no debería estar autorizado a tener un sitio en la mesa”, afirmó. Y agregó: “El gobierno de Venezuela está destruyendo los derechos humanos y la democracia en Venezuela”.
En efecto, las protestas contra el gobierno no se detienen desde el 1° de abril y los manifestantes han denunciado una fuerte represión de los militares que trabajan para el presidente Nicolás Maduro. Van 39 muertes reportadas a la fecha.
Sin embargo, en la lista de 47 países que integra el Consejo, no muchos pueden darle ejemplo a Venezuela.
Es el caso de Egipto, que según Amnistía Internacional, es uno de los lugares que más atentan contra los derechos humanos en el planeta. Violaciones sistemáticas a la libertad de prensa, detenciones forzosas, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones contra el gobierno y un alto índice de impunidad, lo convierten en un fenómeno que las ONG defensoras de derechos humanos siguen de cerca.
En El Salvador, también integrante del Consejo, murieron 99 personas en los 10 primeros días de 2017. Durante el 2016, murieron 14,4 personas al día.
Y seguimos contando. La población filipina no se enfrenta a un panorama para nada alentador. En una guerra contra las drogas siniestra, Rodrigo Duterte, presidente, dio la orden de, en sus palabras, “limpiar” el país de narcotraficantes y adictos. En un comunicado, la organización Human Rights Watch reveló que la muerte de 4.525 personas, sucedidas desde que se implantó esta política, no fueron correctamente reportadas por las autoridades. Se trata, en su gran mayoría, de ejecuciones extrajudiciales.
Ni hablar de Arabia Saudita. De acuerdo con el más reciente informe de Amnistía Internacional, es el cuarto país del mundo que más aplica la pena de muerte. Le ganan China, Irán y Pakistán. El primero también es miembro del Consejo de Derechos Humanos y también tiene rabo de paja. En Arabia Saudita, la forma más frecuente de aplicar la pena es a través de la decapitación, a la que son sometidas las personas que juzgan por asesinato, “blasfemia” y “homosexualidad”. A pesar de esto, Estados Unidos nunca ha manifestado preocupación alguna.
De hecho, desde su creación en el 2006, Estados Unidos ha mantenido una relación difícil con este organismo. George Bush, presidente de la época, se negó a pertenecer
Después, Barack Obama, en el marco de sus intentos por desarrollar relaciones internacionales más amables, como lo comprobó al retirar el bloqueo de Cuba, impulsó el ingreso de Estados Unidos.
El problema es que su país tampoco puede dar ejemplo. Justamente fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que denunció a Estados Unidos por el espionaje contra los ciudadanos, la tortura contra los presos en la cárcel de Guantánamo y la carencia de una política contra la desigualdad racial. El informe de 2014 reunió 18 expertos. Si se volvieran a reunir, se encontrarían con las novedades, que en esa materia, trajo el gobierno de Donald Trump.
Por redacción internacional
