Un juez federal bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos. El 7 de abril debía entrar en vigor esa restricción, pero, bajo el argumento de que se pudieron vulnerar procedimientos administrativos y derechos fundamentales, la medida fue congelada por el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California.
Según la decisión del magistrado, eliminar el TPS "amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas (...), con costarle a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y con perjudicar la salud y la seguridad pública". Además, de acuerdo con lo que dijo, “la generalización de la criminalidad a todos los venezolanos titulares del TPS carece de fundamento y huele a racismo”. Señaló, en ese sentido, que la tasa de criminalidad entre estos migrantes es “inferior a la de la población general”.
Hablándoles a los grupos que impugnaron la acción del Gobierno en los tribunales, se mostró confiado en que “probablemente lograrán demostrar” que las medidas adoptadas para suprimir el TPS “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas”. Según informó Reuters, la Alianza Nacional de TPS, organización que defiende los derechos de los migrantes, argumentó que la revocación se realizó de forma discriminatoria. Para probarlo, citó comentarios de Trump y declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que hace poco visitó Colombia y El Salvador, en las que se compararon venezolanos con miembros de bandas criminales.
Si bien la decisión del juez Chen no es definitiva, es un alivio temporal para los cerca de 350.000 venezolanos que estaban en riesgo de ser deportados en una semana, teniendo en cuenta que además de los vuelos de deportación que han llegado recientemente a Venezuela, 238 personas, acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, fueron enviadas a la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador, algo sobre lo cual la justicia estadounidense también ha cuestionado a la administración republicana.
¿Qué es el Estatus de Protección Temporal?
Es un instrumento que fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 con la idea de que pudieran acceder a sus beneficios personas que no pudieran volver a sus países de origen por conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales. Esta herramienta permite que los migrantes permanezcan en Estados Unidos, con la opción de trabajar, por un período de 18 meses, tiempo que se puede extender si el Gobierno considera que las condiciones que motivaron la migración se mantienen.
En estos años, esta medida ha sido aplicada para Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Venezuela se sumó a esta lista en 2021, bajo el gobierno de Joe Biden, y se estima que unos 600.000 ciudadanos han recibido esta medida de protección.
Este enfoque cambió una vez Donald Trump llegó por segunda vez a la Casa Blanca. En febrero, poco después de la posesión del nuevo Gobierno, se publicó una orden del Departamento de Seguridad Nacional que indicaba que el TPS que protegía a los venezolanos que recibieron el estatus en 2023 expiraría oficialmente el 7 de abril. Al respecto, Noem dijo que es “contrario al interés nacional” que los ciudadanos de ese país permanezcan temporalmente en Estados Unidos.
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