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La situación de derechos humanos en Venezuela es grave. Es la conclusión a la que llegan no sólo las ONG defensoras de los DD.HH. en ese país, como Provea, Foro Penal Venezolano y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), también informes de Amnistía Internacional (AI), el relator de la ONU sobre la Tortura y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en una carta a la Cancillería de Venezuela expone su “profunda preocupación por la detención sin debido proceso ni derecho a la defensa de al menos 15 empresarios y responsables de firmas vinculadas con la distribución de medicamentos, atención hospitalaria y alimentación”.
Estos documentos han sido la base para que el presidente de EE.UU., Barack Obama, firme el decreto que autoriza la aplicación del Acta para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela de 2014, que entró en vigor esta semana con las sanciones a siete miembros del gobierno chavista, y también para que el Parlamento Europeo (PE) emita una resolución de condena contra el gobierno de Venezuela por la “represión” y la “violación de las libertades”.
A pesar de que el gobierno venezolano rechaza los señalamientos y asegura que “no hay un país más cumplidor de la protección a los derechos humanos”, periodistas, analistas, médicos y venezolanos chavistas y de oposición coinciden en que sí hay detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de prensa, se criminaliza la protesta y se ha perdido casi totalmente la independencia judicial.
Según los más recientes números del Foro Penal Venezolano (enero de 2015), hay 1.968 personas en juicio penal y 63 privadas de libertad por las protestas de 2014. Un informe de Cofavic llamado Venezuela: sentencias del silencio recopila 110 testimonios en nueve estados del país de supuestas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos entre febrero y junio de 2014, en los cuales el patrón de actuación revela que no se trató de hechos aislados y que hubo una consistencia en las actuaciones de cuerpos de seguridad. Los datos del Gobierno son otros: la fiscal general Luisa Ortega señaló en febrero que son sólo 41 las personas que siguen privadas de la libertad, de 3.351 que fueron retenidas por las autoridades el año anterior.
¿Diferentes realidades? Quizás, pues el último informe de Amnistía Internacional señala que “más de 3.000 personas fueron detenidas sin esperanza de un proceso imparcial porque el sistema de justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al Gobierno. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas”.
La próxima semana esta situación será debatida en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La escasez y el desabastecimiento de productos básicos que vive el país desde hace varios meses, con grandes colas en los supermercados, se tratará en una audiencia sobre los derechos económicos y sociales en ese país, según informó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión.
A pesar de ser muy crítico con este organismo, al que acusa de estar sesgado en su contra, el gobierno de Venezuela envía regularmente representantes a sus audiencias públicas bianuales, y en esta ocasión solicitó una sesión para exponer su versión sobre la situación general de derechos humanos en el país.
Los comisionados tienen previsto hablar sobre la petición de medidas cautelares para Leopoldo López y otros miembros de la oposición venezolana que hizo la semana pasada el expresidente colombiano Andrés Pastrana. No obstante, eso no significa que pueda esperarse pronto una decisión sobre esa solicitud, que está en fase de “análisis inicial”, subrayó el titular de la CIDH.
La preocupación crece cuando se habla del petróleo. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de petróleo subsidiado Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria en la región. Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela, con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés. Petrocaribe está integrado por 18 países, incluidos Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Belice y una decena de islas del Caribe.
Por Redacción Internacional
