El objetivo es claro para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama: aprobar tan pronto como sea posible el controversial acuerdo comercial que negocian doce países del cinturón del Pacífico liderados por su administración, el cual, según expertos, reescribirá los estándares del comercio mundial en temas tan cruciales como propiedad intelectual, manejo y control de patentes, acceso a internet y medicinas genéricas, hasta el alcance de regulaciones ambientales locales.
La Alianza Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés, es un acuerdo que, de materializarse, aglutinará el 40% del Producto Interno Bruto mundial en una vasta zona de libre comercio que comprenderá 790 millones de consumidores en Estados Unidos, Japón, México, Canadá, Australia, Malasia, Chile, Singapur, Perú, Vietnam, Nueva Zelanda y Brunéi, inicialmente.
“Este tratado es absolutamente crítico para traer más puestos de trabajo, incrementar nuestras exportaciones y promover el progreso y la inversión en Estados Unidos, así como para nivelar el terreno comercial para nuestras empresas en la zona del Asia Pacífico”, dijo enfáticamente el presidente estadounidense en la Oficina Oval cuando se reunió con su gabinete para discutir estrategias con el fin de darle celeridad a las negociaciones del acuerdo.
Para muchos de sus críticos dentro y fuera de Estados Unidos, las negociaciones del tratado tienen varios componentes por los cuales hay que estar alarmados. Desde que Wikileaks publicara el capítulo de 96 páginas sobre propiedad intelectual, la administración Obama permanece en el ojo del huracán.
“Si se revisa con detenimiento el borrador, se darán cuenta de que la TPP extenderá el monopolio de compañías como Monsanto, la cual es dueña de las patentes genéticas del maíz y el trigo a nivel mundial. A su vez les permitirá a compañías como Disney criminalizar y perseguir a usuarios y servidores de internet por descargar o compartir sus películas en la red. Estos son sólo dos ejemplos de lo que este acuerdo permitirá”, dijo Julian Assange desde la embajada ecuatoriana en Londres al presentar el documento.
Es así como en las últimas semanas organizaciones de todo tipo han elevado su voz de protesta, la última de ellas hace dos semanas. La Electronic Frontier Foundation, con sede en San Francisco, volvió a alertar en carta al Congreso de los Estados Unidos sobre los riesgos del tratado. “Este acuerdo traerá una serie de ramificaciones extremadamente negativas en lo que respecta a la libertad de expresión, así como en el acceso a la información en internet”. Para esta organización campeona en la protección de los derechos digitales en Estados Unidos es claro que la TPP busca revivir, esta vez de manera regional, disposiciones propias de los controversiales y fallidos proyectos PIPA y SOPA, y forzar a los servidores de internet a convertirse en una fuerza policiva de los derechos de autor, además de aumentar las restricciones al acceso a material educativo en la red.
Comparada con otros acuerdos comerciales, la Alianza Transpacífico da un paso más allá en materia de propiedad intelectual, pues no sólo pretende aumentar el alcance y la duración de patentes y crear derechos de propiedad intelectual sobre la información que circula en internet, sino también aumentar las penas para los que violen dichas normas, explica Jim Shultz, director ejecutivo del Centro para la Democracia, con sede en San Francisco.
Pero esto no es todo. El articulado del acuerdo da cuenta del interés de fortalecer el sistema de patentes para medicinas de todo tipo, lo cual, según los expertos, aumentará los precios de los medicamentos en los países miembros y cerrará de paso el camino a las medicinas genéricas. En carta abierta al Congreso de los Estados Unidos, Public Citizen, organización defensora de los derechos del consumidor con sede en Washington, también alertó sobre la manera como estas disposiciones acerca de las patentes médicas fortalecerán el alcance del monopolio de las grandes farmacéuticas en medicamentos para lidiar con enfermedades como el cáncer, el sida y males coronarios, entre otras.
Por fuera del ámbito de la medicina también sobresalen disposiciones en materia de derechos de propiedad que terminarán afectando el comercio de manera global. Así lo dejó claro el propio presidente Obama en noviembre pasado al afirmar que este acuerdo no sólo tiene el potencial de ser el modelo para Asia y el Pacífico, sino de convertirse en el documento rector para acuerdos comerciales a futuro.
Y lo será, de aprobarse una de la más controversiales disposiciones incluidas en el borrador del acuerdo. La “disputa entre el inversionista y los estados miembros”, la cual eleva a las corporaciones de los países miembros al nivel de las naciones partes, dándoles la facultad de demandarlos ante tribunales locales y regionales por legislaciones o regulaciones ambientales o de distinto tipo que afecten sus actividades comerciales. Esto, para Dave Murphy, director de Food Democracy Now, organización defensora de la seguridad alimenticia en Estados Unidos, permitirá que compañías como Monsanto, Dupont y Cargill, entre otras, puedan impedir que en el futuro cualquier país miembro trate de controlar, por ejemplo, la venta o distribución de productos o semillas con alteraciones genéticas.
Este es el caso de Lone Pine Resources Inc., compañía petrolera que ha demandado al gobierno de Canadá por US$250 millones bajo un amparo similar introducido en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), luego de que la provincia de Quebec declarara una moratoria a la extracción de gas natural a través del controvertido método de fracturamiento hidráulico.
Sin embargo, el mal sabor por las negociaciones del acuerdo no sólo viene del articulado, también de quienes están llevando a cabo las negociaciones a nombre de los Estados Unidos. A la cabeza del sector agrícola estadounidense está Islam Siddiqui, nombrado por Obama en 2010 y quien es un lobista veterano de CropLife, federación que aglutina a las grandes corporaciones de biotecnología, fabricantes de la mayoría de pesticidas a nivel mundial, y quien hiciera su carrera trabajando para gigantes como Monsanto, DuPont y Syngenta.
Lo que preocupa aún más es que casi nada se conoce de las negociaciones que se han desarrollado durante los últimos tres años en el más absoluto secreto. Ni siguiera el Congreso estadounidense ha sido partícipe activo de ellas. A diferencia del Nafta, el cual fue socializado por completo durante sus rondas negociadoras, o el Tratado de Libre Comercio de las Américas, de 2001, durante la administración Bush, y publicado en su totalidad en su etapa inicial, la TPP permanece hoy en la completa oscuridad. Los textos de las distintas mesas de negociación sólo han sido socializados, según reportes del mismo gobierno estadounidense, con 700 miembros de las industrias en cuestión, es decir, representantes de las farmacéuticas e industrias de la grabación, el entretenimiento y el software, lo cual ha generado un gran malestar en el interior del país.
Ahora, lo que preocupa a los habitantes, no sólo de los doce países que aspiran a ser parte de la Alianza sino a todos en la lista de países que han mostrado interés de ingresar en el futuro, son las repercusiones que el tratado tendrá para el comercio mundial. Colombia ya ha hablado de su intención de ser parte de este tratado. El año pasado el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, se reunió con Ron Kirk, representante de Comercio Exterior de EE.UU., para transmitir la intención del presidente Juan Manuel Santos de ingresar a la Alianza Transpacífico.
Por Álvaro Corzo
