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Los mapas muestran que a Colombia y Ecuador los separa una frontera de 640 kilómetros. Pero los colombianos que viven en el Putumayo sienten, más o menos desde hace un año, cuando las relaciones entre ambos países se rompieron, que el apostillaje del pasado judicial los aleja mucho más.
“Esa exigencia demanda costos, porque la gente tiene que irse hasta Mocoa, la capital, para sacarlo”, asegura Julián Vallejo, presidente de la Federación Comunal del Putumayo, para quien la ayuda del Estado se hace, a veces, insuficiente: “A veces hacen jornadas especiales y viene la gente del DAS hasta acá, pero como no todos se enteran, se quedan sin el documento”.
Las tensas relaciones binacionales se resintieron el mes pasado, cuando Quito le exigió a los colombianos presentar el pasado judicial apostillado para entrar a su territorio. Desde entonces, los incidentes en el puente sobre el río San Miguel se volvieron cotidianos.
“Antes, nuestros campesinos que producían arroz lo llevaban hasta Lago Agrio, en Ecuador, para apilarlo, porque allá lo hacen con buena calidad. Pero hoy se formó un problema porque, al devolverse, no les dejan entrar el producto a Colombia”, sostiene Vallejo.
El conflicto armado también ha afectado la vida en la frontera. Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), cerca de 75.000 colombianos han buscado refugio en el vecino país.
El poblado de San Lorenzo, cerca a la costa del Pacífico, es testigo de esta tragedia. La comenzó a vivir en los años 80, cuando las autoridades locales arrestaron a 25 guerrilleros del M-19, y la sigue viviendo con la llegada de refugiados.
“En estos momentos necesitamos más servicios básicos. Hemos descuidado nuestra propia seguridad social por brindársela a los hermanos colombianos”, dice Esberto Cabezas, presidente de la Asociación de Madereros.
A pesar de los problemas, hay algo claro: “Colombia y Ecuador han sido hermanos por historia. Tenemos que solucionar estos problemas”, concluye.
Para ver el especial sobre la muerte de Raúl Reyes, haga clic AQUÍ
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