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En las últimas semanas a través de vuelos de repatriación han llegado a Colombia cientos de colombianos que han retornado forzosamente desde Estados Unidos presentando quejas de maltrato y violación de derechos humanos, entre ellos se encuentran familias con menores de edad y población venezolana que es devuelta a nuestro país al haber sido este su último lugar de residencia.
Dicha situación seguirá presentándose a lo largo de 2023. Las autoridades capitalinas advierten en los próximos meses el ingreso de 14 mil personas más en calidad de retornados, inadmitidos y deportados y ven con preocupación la recepción y gestión de este flujo que suma presión a la compleja realidad migratoria que vive el país y que requiere medidas diferenciales de atención.
Si bien, numerosos estudios de organismos multilaterales han comprobado que la migración es motor de desarrollo, en un contexto de pandemia o de contracción económica en los países de alto ingreso, la población migrante es la más afectada. Se suma el endurecimiento de las políticas de recepción migratoria, el aumento de la xenofobia, la ausencia de políticas de regularización e integración y la instrumentalización política del tema como factores que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes y, bajo ese complejo panorama, las políticas de retorno empiezan a tomar relevancia a nivel mundial.
El retorno no es un fenómeno nuevo para Colombia, incluso es previsible cuando el número de connacionales en el exterior oscila entre 5 y 8 millones de personas y el país mantiene una tendencia creciente de emigración. Con el cambio de milenio las políticas migratorias de los Estados del norte global aumentaron su enfoque restrictivo generando una serie acuerdos bilaterales de retorno “voluntario” con países emisores de migración como es el caso de Colombia, que desde entonces empezó a recibir a connacionales que retornaron de manera voluntaria y forzada desde Estados Unidos y Europa, un flujo que aumentó gradualmente entre 2008 y 2012 con la crisis económica mundial.
Sin embargo, solo ha sido a partir de la llegada de la migración procedente de Venezuela cuando el volumen de retornados aumentó sustancialmente, sin que se haya logrado levantar cifras segmentadas o globales al respecto. Lo que denota por parte del Estado ausencia de políticas públicas y desprotección generalizada hacia los retornados y los colombianos en el exterior.
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El Censo de 2005 calculó que 86.529 colombianos habían retornado entre 2000 y 2005. La Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas 2008-2009 (ENMIR) estimó que entre 2007 y 2008 la cifra de retornados pasó de 49 mil a 118 mil, el 31,4 % provenía de Estados Unidos, el 28,2 % de Venezuela y el 16,4 % e España. En cuanto a datos de deportación, según cifras del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -antigua autoridad migratoria-, entre 2000 y 2010 llegaron a Bogotá más de 60 mil colombianos deportados, de ellos solo el 21 % tenía familiares en la capital y el 79 % restante tuvo que desplazarse a otras ciudades del país sin contar con recursos para cubrir los gastos.
Luego de dos décadas, la respuesta del Estado colombiano ha sido lenta e insuficiente en la materia. Desde 2003 el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Programa ColombiaNos Une con el propósito de mantener vínculos con los colombianos en el exterior y se comenzó a gestionar los lineamientos de una política migratoria integral que solo fue presentada y sancionada por el Congreso de la República hasta el 2021, cuando Colombia se había transformado de país netamente expulsor a ser también uno receptor y de tránsito migratorio. Como si 18 años no hubiera sido demasiado tiempo, la política migratoria aún espera ser reglamentada para poder ser. Para ColombiaNos Une, igualmente persisten varios retos, entre ellos, el de censar y sociocaracterizar a la comunidad colombiana en el exterior.
Asimismo, el programa “Bienvenido a Casa” establecido en Bogotá en 2007 como una estrategia conjunta entre MINREX y la alcaldía de Bogotá, que brindaba albergue por tres días y atención primaria a los migrantes en condición de retorno que regresan al país, dejó de existir desde hace varios años.
Referente a la Ley de retorno 1565 de 2012, esta ha resultado insuficiente para dar respuesta a las necesidades reales de la población retornada, incluso a pesar de las modificaciones hechas por la Ley 2136 de 2021 que establece los lineamientos de la Política Integral Migratoria incorporando la figura de retorno solidario a través de la articulación con el Sistema Nacional de atención y Reparación a las Víctimas, lo que pudiera beneficiar, una vez la ley sea reglamentada, a las personas retornadas que huyeron de Colombia por situaciones generadas por el conflicto interno.
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Ante la insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas, urgen acciones y políticas públicas diferenciales que reconozcan la vulnerabilidad de la población retornada, tomando en cuenta que, en el caso de los deportados y sus familias, la experiencia es mucho más traumática y deja secuelas sicológicas, sociales y económicas difíciles de superar.
La sensación de frustración tras emprender un proceso migratorio sin éxito; la ruptura de las familias; el regresar sin recursos, incluso con deudas tanto en Colombia como en el extranjero; iniciar desde cero en la búsqueda de empleo; el choque cultural que tienen muchos de nuestros migrantes cuando luego de un largo periodo regresan a un país, una ciudad y una sociedad que habían olvidado o que ya no es la misma, como tampoco lo es el mismo retornado; son algunas situaciones que enfrenta esta población y que se convierten en barreras para su reinserción.
Asimismo, los colombianos retornados traen consigo un cúmulo de aprendizajes, destrezas y perspectivas adquiridas en el exterior con las que pudieran integrarse de una mejor manera al país, pero para el aprovechamiento de este capital humano se requiere de una mayor oferta de programas de integración para el desarrollo que se enfoquen tanto en retornados como en migrantes.
La singularidad de las nuevas realidades de la migración que experimenta Colombia y la región requiere políticas públicas ingeniosas e integrales, sin embargo, las problemáticas de integración socioeconómica que enfrentan los retornados no están en la agenda pública y estatal de este país. Lo que afecta en primera instancia a esta población y a los territorios y gobiernos locales que deben gestionar día a día las actuales y futuras crisis de movilidad humana desde enfoques de derechos y oportunidad.
*María Clara Robayo L. es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
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