El cruce entre Estados Unidos y Colombia vuelve al ruedo con motivo de las declaraciones oficiales de la administración de Donald Trump, tras la condena por fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe.
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“El único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, escribió en su cuenta de X el secretario de Estado Marco Rubio, viejo aliado de Uribe desde su época de senador. Estas declaraciones fueron recogidas por los canales oficiales del Departamento de Estado, replicando la queja de Rubio, quien también acusó al sistema judicial colombiano de estar instrumentalizado por “jueces radicales”.
Esta no es la primera vez desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero que la administración republicana se muestra en desacuerdo con decisiones judiciales de los Estados en Latinoamérica. Trump se ha manifestado activamente en contra del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro en Brasil, acusado de intentar intervenir en las elecciones presidenciales que perdió en 2022.
En palabras del exembajador estadounidense en Bogotá, Kevin Whitaker, Trump protege a quienes comparten su agenda: “Se puede hablar de Bolsonaro, de Michel Temer. También la administración del presidente Trump ha criticado frontalmente el proceso judicial en contra de Benjamín Netanyahu en Israel. Además, enfrentó o criticó el proceso judicial en contra de Marine Le Pen en Francia. Entonces, se puede ver en eso la propensión de la administración del presidente Trump y, como líder, tiende a hacer alianzas y a manifestar claramente su desacuerdo con procesos judiciales en contra de personas que son parte de su proyecto político”.
El caso de Netanyahu, en particular, es diciente, pues Trump condicionó el apoyo al Estado judío al resultado del juicio por corrupción que enfrenta el primer ministro. “Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año protegiendo y apoyando a Israel. No vamos a tolerarlo”, escribió en Truth social.
Sin embargo, el diplomático resalta leves diferencias en el caso de Uribe respecto al de Bolsonaro. Trump es aliado cercano del brasileño, compartieron período en la presidencia y sus figuras políticas coinciden en múltiples aspectos (llegada como ‘outsiders’, fines políticos y agendas conservadoras), por lo que su interés e involucramiento es real. E
n el caso colombiano, al líder uribista lo defiende Rubio, así como Mario Díaz-Balart, senador republicano de influencia en comités económicos, y otros “amigos”, como explica Whitaker: “Un montón de personas que expresan su gratitud por lo que hizo como presidente, por todos los logros que consiguieron juntos en el contexto del Plan Colombia”. Casi todas estas personas, sin embargo, hacen parte de círculos cercanos al presidente y al Partido Republicano.
Diplomacia de afinidades: estos son sus costos
Sandra Borda, analista y docente de la Universidad de Los Andes, destaca que el problema que trae priorizar este tipo de afinidades es que comienzan a pesar más que las tradiciones y normas del sistema internacional.
“Pesa mucho más la defensa de los políticos con los que se simpatiza —en todos los casos, tanto en el de Estados Unidos como en el de Colombia— y mucho menos el respeto por las formas y los dictámenes sobre cómo debe adelantarse la diplomacia a nivel internacional”, afirma.
Sin embargo, Whitaker acota en ese sentido que la tradición de la política exterior estadounidense tiende a intervenir cuando “concluye que un proceso judicial ha sido politizado o amañado en algún aspecto”. Esto no quiere decir que el proceso contra Uribe lo sea, aclara, explicando que para que eso suceda debe haber certidumbres como sanciones contra los involucrados, algo que dista de afinidades ideológicas. Cita, como ejemplo, la larga historia de intervención contra el régimen castrista en Cuba.
Las repercusiones internas
Borda añade que ejercicios como el de Marco Rubio también dejan “mal parado al poder judicial en Colombia”, mostrando a los jueces como “activistas y no jueces imparciales”. Esto, agrega, se está traduciendo en un problema de debilidad institucional que requiere que Colombia, como afectado en este episodio, acumule cierto capital político y “autoridad moral” para reaccionar.
“El problema es que Colombia —particularmente Petro— se la pasa haciendo eso. Entonces, ¿cómo le vas a creer a un gobierno que constantemente mina la independencia judicial y la cuestiona? ¿Cómo le vas a creer ahora que dice defenderla? ¿Cómo vas a creerle a un gobierno que interviene constantemente en asuntos domésticos de otros países y ahora pretende exigir que no intervengan en el suyo? Eso no es creíble, y nos pone en una posición de mucha debilidad a nivel internacional. Por eso, para países como el nuestro, la coherencia y la consistencia son fundamentales”, continúa.
Petro, en concreto, recientemente se pronunció al respecto de la condena domiciliaria contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. “Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Zelaya, Manuel López Obrador, Evo Morales —todos progresistas, el progresismo es diverso— han pasado por golpes de Estado, procesos injustos y cárcel por años”, escribió en junio, cuando ocurrió la condena, hablando también del ascenso de la extrema derecha y el fascismo.
También se pronunció en 2024, tras la condena a Donald Trump por el caso de pagos por silencio, respaldando al juez del caso,Juan Merchán. En X escribió: “Esta es la justicia que necesitamos”, en referencia al fallo.
¿Más presión de EE. UU.?
Para Whitaker no es tan seguro que Estados Unidos redoble su apuesta a favor de Uribe, como sí lo hizo con Bolsonaro, por las cuestiones ya mencionadas de cercanía directa, agenda política compartida y, sobre todo, activa. Sin embargo, destaca que puede que sí lo hagan sus aliados en Estados Unidos, al tiempo que menciona tres aspectos clave a tener en cuenta como mecanismos de presión.
“Hay tres elementos que se han usado en la administración del presidente Trump cuando ha habido procesos judiciales que consideran politizados o dirigidos contra sus aliados. Primero, sanciones de visa contra los involucrados. Segundo, el aumento —o la amenaza de aumento— de aranceles. Y tercero, declaraciones políticas. Eso ya lo hemos experimentado: el secretario Rubio ya se ha pronunciado, y hay otros que también lo han hecho respecto a la decisión y al fallo de la jueza. Ahora queda por ver si los otros elementos se aplicarán también en este caso”, concluye.
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Por Hugo Santiago Caro
