La gente de Caracas se va a la cama temprano y los muertos aparecen en la madrugada. La rutina comienza hacia las 9:00 p.m., cuando pocas almas se ven en las calles, y se renueva a las 5:30 a.m., cuando, de uno en uno, los cadáveres que dejó la noche comienzan a llegar en silencio a la morgue de Bello Monte. Los muertos bajan la rampa en camiones por el costado derecho del edificio y entran cuando se abre un portón negro que dice “NO PARE - CICPC” —Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas—. La parte más difícil del día viene después. Todas las mañanas también aparecen las familias golpeadas a desear que para ellos brille la luz perpetua.
Hoy ya son las 8:00 a.m. y la realidad contrasta con la del día anterior. En las afueras de la morgue y en la sala de espera no hay más de 15 personas. Ayer eran más, decenas, muchos periodistas: por el portón negro había entrado el cuerpo de la gerente del Banco del Tesoro, Neida Josefina Monsalve, de 49 años, la desafortunada mujer que hacia las 3:30 a.m. quiso alertar a sus vecinos de la Parroquia de Coche de que un grupo de hombres intentaba robar un carro estacionado justo enfrente de su edificio. Desde el suelo, un disparo de uno de los ladrones la alcanzó hasta la ventana de su apartamento en el piso quinto. No más gritos. Mala fortuna.
Sin embargo, hoy la morgue está menos visitada, como si hubiera pasado una buena noche de la que no quiere levantarse, mas la soledad no palía la tristeza de Normarglis Díaz, esperando afuera a que los exámenes de rigor de su marido terminen y él finalmente pueda descansar, así descansa ella también. Su esposo se llamaba Carlos Parra, tenía 49 años, dejó 11 hijos, vivió bien hasta que una bomba molotov atravesó el vidrio de su camión en la carretera de El Clavo, a unos 40 minutos de la ciudad. Hacia las 9:00 p.m., la misma hora en la que gente de Caracas comienza a resguardarse, lo atacaron los piratas de la carretera. El fuego le quemó el 70% del cuerpo, pero Carlos pudo llegar con vida al hospital Miguel Pérez Carreño para morir una semana después. Una mujer que lo acompañaba buscó ayuda tras el ataque y lo auxilió para bajar del camión. ¿Una mujer? “Usted sabe, la doble vida del camionero”, dice la esposa con cara de haber sufrido mucho en la vida. Normarglis Díaz, una viuda más en Venezuela.
Carlos Parra tenía contrato con el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta noviembre. Era uno de los encargados de transportar los equipos a los puestos de votación para las elecciones del 7 de octubre. Cuando la bomba molotov entró por el parabrisas para cegarlo, en la carga llevaba varias de las máquinas empleadas para el simulacro electoral del 2 de septiembre, que hoy permanecen robadas quién sabe dónde. A Parra no le alcanzó la existencia para enterarse de que aunque el CNE no totalizaría los resultados del simulacro, Jorge Rodríguez, alcalde del Municipio Libertador de Caracas y jefe de campaña de Hugo Chávez, atribuiría el 86% de los votos al “candidato de la patria” y “sólo el 12% votaron por el candidato de la derecha”, Henrique Capriles.
Venezuela se duerme temprano, pero no sabe con cuántos muertos se va a levantar. Lo ignora porque las cifras son tan herméticas como el portón negro de la morgue de Bello Monte. Los últimos registros, reconocidos abiertamente por el gobierno de Hugo Chávez, datan de 2009, el año en el que se reportaron 13.985 asesinatos en total, una tasa de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes: la más alta de Suramérica, de acuerdo con el Estudio Global de Homicidios de la ONU.
A las 9:15 a.m. Freddy Arismendi, mulato de camisa azul elegante y pantalón de paño, espera sentado a que uno de los clientes de la funeraria El Rosal salga de las oficinas de la morgue con el permiso de entierro para un hijo asesinado. Ese es su trabajo, colaborar con lo que él llama “la permisología”: “Primero vienes a retirar el difunto, luego de que retiras al difunto lo llevas a la funeraria. Después vienes a retirar el certificado de defunción, luego vienes con los familiares para sacar la permisología del entierro: permiso de enterramiento y acta de defunción. Viene un familiar directo y dos testigos”. El familiar del difunto, el padre, no quiere hablar, es un hombre de anteojos de unos 50 años. Hoy entierra a su hijo, dos meses después de que en una calle de Caracas le dispararan con una escopeta. Alberto Guanide, uno de los testigos que vinieron a aportar su firma, comenta que el perdigón le destrozó varios órganos “al joven”. Ocho cirugías no bastaron, sólo prolongaron la agonía.
Cada día la catástrofe parece ser peor, la seguridad en caída libre y el paracaídas de emergencia atascado. Entonces, para llenar el vacío de cifras que deja el gobierno, emergen datos de diferentes fuentes que confirman la debacle: el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de México ubica a Caracas como la sexta ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de 98 homicidios por cada 100.000 habitantes —una barbaridad—, los registros entregados de manera extraoficial por el CICPC desnudan 2.305 homicidios en la capital durante el primer semestre de este año y 511 tan sólo en julio, el antirrécord de 2012.
El jovial Freddy Arismendi trabaja para la funeraria El Rosal hace cuatro años, con meses en los que tiene que venir a Bello Monte hasta 15 veces por cuestiones de “permisología”. Le causa gracia que ahora tres presuntos delincuentes unidos por cadenas y esposas estén entrando a las oficinas del CICPC, “parecen perros, oye”. Aquí, donde está la morgue, también se practican exámenes a gente viva, por ejemplo a recién detenidos, para evaluar el estado de sus cuerpos, si tienen heridas, si hubo abuso policial, una evaluación de rigor antes de comenzar un proceso. Asimismo vienen los “zamuros” (buitres), como llama Freddy a los cazadores “independientes” de muertos, que se acercan a las familias y se ofrecen para adecuar al muerto, velarlo, enterrarlo por un precio que no ofrecen funerarias como El Rosal. “No tienen alma, oye”.
No toda la muerte que visita Bello Monte es hija de la violencia. Hay muertos por enfermedad o muerte natural, “es la única morgue que hay en la capital, por eso se la pasa full”, comenta Arismendi como para no ser tremendista. No obstante, las familias que comienzan a velar a sus seres queridos desde el frente del edificio, son el único testimonio de la violencia que transita las calles que no sólo asesina, sino roba, intimida, golpea, secuestra y vacía cuentas bancarias, que amenaza. En el sector de Altamira, uno de los más seguros del área metropolitana, con edificios modernos y buenos restaurantes, los recepcionistas de los hoteles dicen qué es lo mejor: “lo mejor es no camines de noche, no hables con nadie en la calle, ni por el celular, no te arriesgues”.
Caracas al fin de cuentas resulta parecida a Bogotá, con delincuencia, enclaves del narcotráfico, tráfico de armas, facciones corruptas de la autoridad. La extraña diferencia es que aquí en la capital venezolana la muerte luce más próxima, quizá fiel a la paranoia de una sociedad que aún no interioriza la violencia. Si la gente se deja llevar por eso que los políticos llaman “percepción de seguridad”, de pronto ni sale a la esquina, sólo para sobrevivir.
Es difícil encontrar a algún caraqueño que diga que vive sin prevenciones, que no conozca a alguna víctima de los “malandros”, que no le hayan apuntado con un arma. En la campaña electoral, Henrique Capriles apunta que el gobierno de Chávez fracasó con la seguridad y el presidente, a su vez, denuncia que los homicidios en el estado de Miranda se dispararon mientras su rival fue gobernador. En cambio, en las encuestas el 70% de los venezolanos, chavistas u opositores, consideran que el principal problema del país es la inseguridad y es común oír decir a los votantes de Capriles que no aguantan más años de abandono en las calles. La violencia es un leviatán en la nación.
Doña Normarglis Díaz continúa sobreviviendo con el semblante bajo y pocas expectativas de que las autoridades encontrarán a los responsables de la muerte de su marido. “Impune quedará”, sentenció con rabia hace un momento, como impunes quedaron el 91,8% de los delitos en Venezuela, de acuerdo con un informe que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó a la Asamblea Nacional. Todo se suma a un coctel perverso en un país que en los últimos 14 años ha visto pasar a 12 ministros del Interior y lanzar 19 planes diferentes de seguridad. El ministro actual, Tareck El Aissami, reconoció que Venezuela necesita 50.000 policías para cumplir con la media saludable de cinco uniformados por cada 1.000 habitantes, una tasa que ahora está en tres. Al déficit también se suman muertes: en lo que va de 2012, 150 policías han sido asesinados, 65 de ellos trabajando en Caracas.
Son las 10:20 a.m. y Freddy Arismendi ha pasado más de una hora en la Morgue de Bello Monte. Si nos remitimos a los datos del Observatorio Venezolano de la Violencia, el registró dirá que desde 1998 se suman alrededor de 150.000 muertos por violencia, que en 2011 se cometieron 19.336 homicidios y que este año la cifra va creciendo. En otras palabras, mientras Freddy esperaba a que el cliente de la funeraria El Rosal adelantara la “permisología”, en Venezuela mataron al menos a cuatro personas.
Refuerzo para las actividades policiales
En abril de 2011, el presidente Hugo Chávez resolvió terminar con la Policía Metropolitana de Caracas para incluir a sus cerca de 8.000 efectivos en un proyecto más grande de Policía Nacional Bolivariana (PNB), un método para optimizar la coordinación de las operaciones en todo el país, ante los altos índices de violencia.
Adicionalmente, en 2009 el presidente le apostó a la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), con la que se pretende formar integralmente a los policías de los próximos años y que ahora prepara a 10.389 oficiales para ingresar a la PNB.
Este año, el gobierno también lanzó la Misión ‘A toda vida venezuela’, con la que prioriza la atención para 79 municipios del país en los que se concentra el 80% de la criminalidad y promueve campañas de prevención y desarme en las poblaciones vulnerables.
Limpieza de las instituciones de Policía
Henrique Capriles ha sido muy crítico con la gestión de la seguridad en los 14 años de gobierno de Hugo Chávez. Además de los altos índices de violencia, el candidato de la oposición considera que el presidente se ha encargado de politizar a la Fuerza Pública para apoyar la Revolución Bolivariana.
Como todas sus grandes apuestas, Capriles apunta a forjar una nueva estrategia de seguridad durante sus primeros 100 días de gobierno, consistente en la depuración de los cuerpos policiales señalados por corrupción y un aumento en el pie de fuerza. En opinión del candidato, la inacción oficial puede analizarse desde el punto de vista de la baja remuneración salarial, por lo que promete un aumento de 500 bolívares (casi 120 dólares) en el salario mínimo.
Adicionalmente, anticipa que trazará a las autoridades una lista de tareas a cumplir que evaluará periódica y personalmente para obtener resultados.
Por Diego Alarcón / Caracas, Venezuela
