Venezuela, entre el diálogo y la confrontación

Los 112 diputados opositores y los 55 chavistas que empiezan la nueva agenda legislativa en Venezuela tienen el futuro del país en sus manos. A pesar de que cuatro proclamaciones (tres opositoras y una chavista) están suspendidas provisionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –una maniobra del gobierno de Nicolás Maduro que al parecer no comulga con el pluralismo– los parlamentarios que asumen hoy sus curules llegan con un mandato claro por parte de los millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre: solucionar la escasez, la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad. Una tarea nada fácil en un país que ha vivido los últimos años en medio de un clima de confrontación política, amenazas y revanchismos.

La estrategia chavista es anular a los diputados electos mediante un proceso de demolición institucional que comenzó desde tiempos de Hugo Chávez. Tras la contundente derrota en las urnas, Maduro ha desconocido la difícil situación que atraviesa el país y ha dicho que el triunfo de sus detractores políticos fue resultado de “un fraude electoral”. En vez de hacer una revisión de las políticas fallidas de la Revolución Bolivariana, tal y como lo propusieron algunas voces conscientes dentro del chavismo como el excanciller Elías Jaua, el presidente Maduro amenazó con profundizar la revolución y vetar proyectos; además creó un Parlamento Comunal como alternativa a la nueva AN y nombró a jueces de la Corte Suprema de forma inconstitucional.

Hoy, mientras los nuevos parlamentarios asisten a la inauguración de la AN, el chavismo instalará la inédita asamblea comunal, “una instancia legislativa del pueblo”, según el gobierno, pero que de acuerdo con analistas en Caracas es “una jugada muy peligrosa que profundiza los enfrentamientos y puede hacer al país más ingobernable”. En la sesión extraordinaria desarrollada el 23 de diciembre, en el hemiciclo de la Asamblea, el hasta el domingo presidente del organismo, Diosdado Cabello, juramentó al Parlamento Comunal y pronosticó: “Cuando la oposición tome el control del Parlamento el 5 de enero la confrontación será inevitable, son dos modelos, el capitalista y el socialista”.

Una confrontación que la oposición no va a evitar. Desde que se hicieron con las mayorías parlamentarias, las voces más representativas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -la coalición de 30 partidos políticos de tendencias ideológicas contrapuestas, pero unidos por el rechazo al chavismo- anuncian su intención de sacar al gobierno del poder. Más grave aún, le ponen fecha a una posible salida de Maduro. Henry Ramos Allup, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho en varias oportunidades: “Tenemos el compromiso de procurar dentro de un lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio de gobierno”. Lo ratificó hace dos días: “La oposición definirá cómo sacar a Maduro del poder en seis meses”.

Leopoldo López, preso en Ramo Verde, también lo ha dicho: “¿Cómo les decimos a los venezolanos que viven angustiados en las calles con el temor de perder sus vidas que debemos esperar hasta el año 2019 para cambiar este sistema? En julio los opositores acordaron dar una discusión profunda sobre cuál mecanismo activar para lograr el cambio”. Y agregó: “El primer paso que debemos dar es consolidar el compromiso de liderazgo opositor en cuanto a que Maduro debe salir antes de 2019 y para lograrlo existen mecanismos constitucionales que podrán ser aplicados de acuerdo con las circunstancias”.

Nulos han sido los llamados al diálogo a esos 55 diputados chavistas también elegidos el 6 de diciembre, que representan el 42% de los venezolanos que todavía apoyan a esa fuerza política, y que deberían ser tenidos en cuenta, a pesar de que ellos hayan sido excluyentes en el pasado. Aquellas voces más sosegadas, como las del gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, son atacadas en el interior de la MUD. Desde el triunfo opositor, Capriles ha insistido que ahora se debe dar prioridad a mitigar la crisis económica para evitar una “explosión social” y dejar en segundo plano la diatriba política contra Maduro. La andanada no se hizo esperar. López, Allup y otros opositores arremetieron contra Capriles, que vio el domingo cómo su candidato a la presidencia del Parlamento, Julio Borges (Primero Justicia, el partido más votado el 6 de diciembre), era derrotado por Ramos Allup (Acción Democrática), acérrimo antichavista.

Con ese panorama, ¿qué va a pasar a partir de hoy en Venezuela? Analistas ven sólo dos escenarios: diálogo entre adversarios o confrontación abierta entre enemigos. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, explica que el conflicto será inevitable y califica como “desacertado” poner entre las prioridades la búsqueda de la salida anticipada del presidente. “Es cierto que el gobierno no está acostumbrado al contrapeso e intenta evitarlo a toda costa. Pero también es verdad que a la oposición se le olvidó cómo ejercer el poder y tratar de balancear el país con él”.

Los 167 diputados llegan hoy con el reto de resolver una de las peores situaciones por las que ha atravesado el país en las últimas décadas con dos cartas en sus manos: el diálogo o la confrontación. La primera es necesaria para garantizar la estabilidad y gobernabilidad; la segunda, una repetición de un escenario que ya cansó a los venezolanos.

“El escenario perfecto es que hubiera madurez política y todo el mundo cediera sus intenciones particulares a favor de jugar por la estabilidad del país. Pero eso se ve muy lejos de suceder”, alerta Oswaldo Ramírez, analista político y director de la firma ORC Consultores en un artículo en el diario El Nacional de Caracas.

Los venezolanos se juegan a partir de hoy su futuro. Como explicaba el psicólogo Leoncio Barrios en este periódico: “El diálogo es la necesidad imperante en el país. Si no, las consecuencias serán peores que las que vivíamos antes de las elecciones”.

Apertura al sector privado

A través de otro proyecto, la Asamblea suprimiría el control estatal de los servicios públicos, hasta hoy subsidiados por el gobierno. De esta manera, dichos servicios quedarían en manos de asociaciones mixtas o empresas privadas a través de concesiones, un modelo por completo contrario al chavista. Los oficialistas aseguran que el proyecto privatizaría los servicios públicos, aumentaría las tarifas y crearía un monopolio. Según Telesur, una cadena cercana al gobierno, otras leyes populares como la reducción de la jornada laboral. Según la oposición, esas leyes aumentan la inflación y “amarran” a los electores.

Vivienda y abastecimiento

Hasta ahora, los títulos de las viviendas eran colectivos. Un proyecto de la oposición haría posible que cada vivienda sea otorgada a título personal. Diosdado Cabello ha dicho que de ese modo las viviendas se capitalizarían y estarían en riesgo de perderse a causa de las hipotecas. Por otro lado, la oposición ha previsto la creación de una ley programa para el pleno abastecimiento, que consistiría en restablecer la producción nacional. El plan todavía carece de detalles, aunque se prevé el examen de las empresas que han sido expropiadas en el mandato chavista para que, en manos privadas o mixtas, produzcan más alimentos.

Revocar el mandato de Maduro

Es uno de los proyectos más debatidos que la oposición ha promocionado en encuentros públicos. De acuerdo con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, el mandato de Nicolás Maduro no durará “seis meses” a causa de un referendo revocatorio, que sería lanzado en esta legislatura y que tendría la aprobación de la mayoría, según cálculos de la oposición. El proyecto, y las declaraciones constantes de Ramos Allup y otros diputados, ha creado divisiones entre las filas opositoras, donde algunos consideran (con Henrique Capriles y Julio Borges a la cabeza) que revocar el poder de Maduro sólo ahondaría aún más la crisis nacional y reafirmaría la polarización política. Oficialismo lo considera un “golpe parlamentario”.

Amnistía a presos políticos

Este proyecto fue referido desde principios de la campaña opositora. Tiene un protagonista esencial: Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por instigación pública y asociación para delinquir. Según este proyecto, los presos enjuiciados por delitos políticos (o relacionados con ellos) quedarían en libertad. Dicha pretensión ha levantado las protestas del sector oficialista, que asegura que muchos de los presos representan una “amenaza” para la tranquilidad nacional. La ley de amnistía y reconciliación política, como sería bautizada, se ofrecería también como una plataforma para reconciliar a un país dividido, de acuerdo con algunos diputados elegidos. “Nadie puede estar preso por pensar distinto”, declaró Freddy Guevara, nuevo representante del circuito 2 de Miranda. Líderes opositores han dicho que, aunque el presidente Nicolás Maduro intente detener el desarrollo de esta ley, buscarán medios para aprobarla.

Los 112 diputados opositores y los 55 chavistas que empiezan la nueva agenda legislativa en Venezuela tienen el futuro del país en sus manos. A pesar de que cuatro proclamaciones (tres opositoras y una chavista) están suspendidas provisionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –una maniobra del gobierno de Nicolás Maduro que al parecer no comulga con el pluralismo– los parlamentarios que asumen hoy sus curules llegan con un mandato claro por parte de los millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre: solucionar la escasez, la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad. Una tarea nada fácil en un país que ha vivido los últimos años en medio de un clima de confrontación política, amenazas y revanchismos.

La estrategia chavista es anular a los diputados electos mediante un proceso de demolición institucional que comenzó desde tiempos de Hugo Chávez. Tras la contundente derrota en las urnas, Maduro ha desconocido la difícil situación que atraviesa el país y ha dicho que el triunfo de sus detractores políticos fue resultado de “un fraude electoral”. En vez de hacer una revisión de las políticas fallidas de la Revolución Bolivariana, tal y como lo propusieron algunas voces conscientes dentro del chavismo como el excanciller Elías Jaua, el presidente Maduro amenazó con profundizar la revolución y vetar proyectos; además creó un Parlamento Comunal como alternativa a la nueva AN y nombró a jueces de la Corte Suprema de forma inconstitucional.

Hoy, mientras los nuevos parlamentarios asisten a la inauguración de la AN, el chavismo instalará la inédita asamblea comunal, “una instancia legislativa del pueblo”, según el gobierno, pero que de acuerdo con analistas en Caracas es “una jugada muy peligrosa que profundiza los enfrentamientos y puede hacer al país más ingobernable”. En la sesión extraordinaria desarrollada el 23 de diciembre, en el hemiciclo de la Asamblea, el hasta el domingo presidente del organismo, Diosdado Cabello, juramentó al Parlamento Comunal y pronosticó: “Cuando la oposición tome el control del Parlamento el 5 de enero la confrontación será inevitable, son dos modelos, el capitalista y el socialista”.

Una confrontación que la oposición no va a evitar. Desde que se hicieron con las mayorías parlamentarias, las voces más representativas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -la coalición de 30 partidos políticos de tendencias ideológicas contrapuestas, pero unidos por el rechazo al chavismo- anuncian su intención de sacar al gobierno del poder. Más grave aún, le ponen fecha a una posible salida de Maduro. Henry Ramos Allup, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho en varias oportunidades: “Tenemos el compromiso de procurar dentro de un lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio de gobierno”. Lo ratificó hace dos días: “La oposición definirá cómo sacar a Maduro del poder en seis meses”.

Leopoldo López, preso en Ramo Verde, también lo ha dicho: “¿Cómo les decimos a los venezolanos que viven angustiados en las calles con el temor de perder sus vidas que debemos esperar hasta el año 2019 para cambiar este sistema? En julio los opositores acordaron dar una discusión profunda sobre cuál mecanismo activar para lograr el cambio”. Y agregó: “El primer paso que debemos dar es consolidar el compromiso de liderazgo opositor en cuanto a que Maduro debe salir antes de 2019 y para lograrlo existen mecanismos constitucionales que podrán ser aplicados de acuerdo con las circunstancias”.

Nulos han sido los llamados al diálogo a esos 55 diputados chavistas también elegidos el 6 de diciembre, que representan el 42% de los venezolanos que todavía apoyan a esa fuerza política, y que deberían ser tenidos en cuenta, a pesar de que ellos hayan sido excluyentes en el pasado. Aquellas voces más sosegadas, como las del gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, son atacadas en el interior de la MUD. Desde el triunfo opositor, Capriles ha insistido que ahora se debe dar prioridad a mitigar la crisis económica para evitar una “explosión social” y dejar en segundo plano la diatriba política contra Maduro. La andanada no se hizo esperar. López, Allup y otros opositores arremetieron contra Capriles, que vio el domingo cómo su candidato a la presidencia del Parlamento, Julio Borges (Primero Justicia, el partido más votado el 6 de diciembre), era derrotado por Ramos Allup (Acción Democrática), acérrimo antichavista.

Con ese panorama, ¿qué va a pasar a partir de hoy en Venezuela? Analistas ven sólo dos escenarios: diálogo entre adversarios o confrontación abierta entre enemigos. Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, explica que el conflicto será inevitable y califica como “desacertado” poner entre las prioridades la búsqueda de la salida anticipada del presidente. “Es cierto que el gobierno no está acostumbrado al contrapeso e intenta evitarlo a toda costa. Pero también es verdad que a la oposición se le olvidó cómo ejercer el poder y tratar de balancear el país con él”.

Los 167 diputados llegan hoy con el reto de resolver una de las peores situaciones por las que ha atravesado el país en las últimas décadas con dos cartas en sus manos: el diálogo o la confrontación. La primera es necesaria para garantizar la estabilidad y gobernabilidad; la segunda, una repetición de un escenario que ya cansó a los venezolanos.

“El escenario perfecto es que hubiera madurez política y todo el mundo cediera sus intenciones particulares a favor de jugar por la estabilidad del país. Pero eso se ve muy lejos de suceder”, alerta Oswaldo Ramírez, analista político y director de la firma ORC Consultores en un artículo en el diario El Nacional de Caracas.

Los venezolanos se juegan a partir de hoy su futuro. Como explicaba el psicólogo Leoncio Barrios en este periódico: “El diálogo es la necesidad imperante en el país. Si no, las consecuencias serán peores que las que vivíamos antes de las elecciones”.

Apertura al sector privado

A través de otro proyecto, la Asamblea suprimiría el control estatal de los servicios públicos, hasta hoy subsidiados por el gobierno. De esta manera, dichos servicios quedarían en manos de asociaciones mixtas o empresas privadas a través de concesiones, un modelo por completo contrario al chavista. Los oficialistas aseguran que el proyecto privatizaría los servicios públicos, aumentaría las tarifas y crearía un monopolio. Según Telesur, una cadena cercana al gobierno, otras leyes populares como la reducción de la jornada laboral. Según la oposición, esas leyes aumentan la inflación y “amarran” a los electores.

Vivienda y abastecimiento

Hasta ahora, los títulos de las viviendas eran colectivos. Un proyecto de la oposición haría posible que cada vivienda sea otorgada a título personal. Diosdado Cabello ha dicho que de ese modo las viviendas se capitalizarían y estarían en riesgo de perderse a causa de las hipotecas. Por otro lado, la oposición ha previsto la creación de una ley programa para el pleno abastecimiento, que consistiría en restablecer la producción nacional. El plan todavía carece de detalles, aunque se prevé el examen de las empresas que han sido expropiadas en el mandato chavista para que, en manos privadas o mixtas, produzcan más alimentos.

Revocar el mandato de Maduro

Es uno de los proyectos más debatidos que la oposición ha promocionado en encuentros públicos. De acuerdo con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, el mandato de Nicolás Maduro no durará “seis meses” a causa de un referendo revocatorio, que sería lanzado en esta legislatura y que tendría la aprobación de la mayoría, según cálculos de la oposición. El proyecto, y las declaraciones constantes de Ramos Allup y otros diputados, ha creado divisiones entre las filas opositoras, donde algunos consideran (con Henrique Capriles y Julio Borges a la cabeza) que revocar el poder de Maduro sólo ahondaría aún más la crisis nacional y reafirmaría la polarización política. Oficialismo lo considera un “golpe parlamentario”.

Amnistía a presos políticos

Este proyecto fue referido desde principios de la campaña opositora. Tiene un protagonista esencial: Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por instigación pública y asociación para delinquir. Según este proyecto, los presos enjuiciados por delitos políticos (o relacionados con ellos) quedarían en libertad. Dicha pretensión ha levantado las protestas del sector oficialista, que asegura que muchos de los presos representan una “amenaza” para la tranquilidad nacional. La ley de amnistía y reconciliación política, como sería bautizada, se ofrecería también como una plataforma para reconciliar a un país dividido, de acuerdo con algunos diputados elegidos. “Nadie puede estar preso por pensar distinto”, declaró Freddy Guevara, nuevo representante del circuito 2 de Miranda. Líderes opositores han dicho que, aunque el presidente Nicolás Maduro intente detener el desarrollo de esta ley, buscarán medios para aprobarla.