Venezuela incrementa penas a secuestradores
La Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley que incrementó hasta a 30 años las penas de prisión para secuestradores y ordena la congelación de los bienes de los rehenes y sus familiares, como una medida para contrarrestar la expansión de ese flagelo.
Agencia AP
El congreso, integrado en su mayoría por aliados del gobierno, sancionó el jueves la ley antisecuestros en medio de críticas de los familiares de los secuestrados y criminólogos que sostienen que limitará las negociaciones para las liberaciones y llevará a las víctimas a no denunciar los raptos.
La Asamblea Nacional reconoció en la exposición de motivos de la ley que decidió emitirla para combatir el secuestro y la extorsión, delitos que han registrado una “expansión” en las ciudades venezolanas debido a las “amplias y fáciles ganancias económicas” que generan.
En uno de los artículos de la ley se establece que la persona que cometa el secuestro será sancionada con prisión de 20 años hasta 30 años, que es la pena máxima en el país. Anteriormente la legislación venezolana contemplaba una condena entre 8 a 15 años por ese delito.
Otro artículo obliga a los familiares de los secuestrados a entregar al Ministerio Público una declaración de los bienes que le pertenecen a la víctima y sus parientes, que quedarán embargados para evitar que desembolsen sumas de rescate; y las autoridades dispondrán un monto que les permita su manutención y cubrir gastos ordinarios. Países como Estados Unidos aplican medidas similares para desincentivar los secuestros.
El criminólogo Fermín Mármol León rechazó la ley por considerar que limitará las negociaciones con las bandas criminales y llevará a los familiares a no denunciar cuando sufren para evitar la congelación de los bienes.
“Esta ley favorecerá al delincuente”, declaró el viernes Mármol León a la emisora local Unión Radio al explicar que cuando un familiar no denuncie el rapto ante la policía quedará a expensas de los secuestradores.
La organización no gubernamental holandesa IKV Pax Christi difundió en la víspera un informe que señala que el número de secuestros en Ecuador y Venezuela repuntó en los últimos años y supera las cifras de Colombia, que reportó el año pasado unos 230 raptos.
Según datos de la policía judicial venezolana, el número de secuestros en el país pasó de 44 en 1999 a 382 en 2007.
El Ministerio de Relaciones Interiores informó recientemente que durante el primer semestre ocurrieron en Venezuela unos 131 secuestros. Las autoridades no han aportado la cifra de liberados y las personas que permanecen en manos de victimarios.
El congreso, integrado en su mayoría por aliados del gobierno, sancionó el jueves la ley antisecuestros en medio de críticas de los familiares de los secuestrados y criminólogos que sostienen que limitará las negociaciones para las liberaciones y llevará a las víctimas a no denunciar los raptos.
La Asamblea Nacional reconoció en la exposición de motivos de la ley que decidió emitirla para combatir el secuestro y la extorsión, delitos que han registrado una “expansión” en las ciudades venezolanas debido a las “amplias y fáciles ganancias económicas” que generan.
En uno de los artículos de la ley se establece que la persona que cometa el secuestro será sancionada con prisión de 20 años hasta 30 años, que es la pena máxima en el país. Anteriormente la legislación venezolana contemplaba una condena entre 8 a 15 años por ese delito.
Otro artículo obliga a los familiares de los secuestrados a entregar al Ministerio Público una declaración de los bienes que le pertenecen a la víctima y sus parientes, que quedarán embargados para evitar que desembolsen sumas de rescate; y las autoridades dispondrán un monto que les permita su manutención y cubrir gastos ordinarios. Países como Estados Unidos aplican medidas similares para desincentivar los secuestros.
El criminólogo Fermín Mármol León rechazó la ley por considerar que limitará las negociaciones con las bandas criminales y llevará a los familiares a no denunciar cuando sufren para evitar la congelación de los bienes.
“Esta ley favorecerá al delincuente”, declaró el viernes Mármol León a la emisora local Unión Radio al explicar que cuando un familiar no denuncie el rapto ante la policía quedará a expensas de los secuestradores.
La organización no gubernamental holandesa IKV Pax Christi difundió en la víspera un informe que señala que el número de secuestros en Ecuador y Venezuela repuntó en los últimos años y supera las cifras de Colombia, que reportó el año pasado unos 230 raptos.
Según datos de la policía judicial venezolana, el número de secuestros en el país pasó de 44 en 1999 a 382 en 2007.
El Ministerio de Relaciones Interiores informó recientemente que durante el primer semestre ocurrieron en Venezuela unos 131 secuestros. Las autoridades no han aportado la cifra de liberados y las personas que permanecen en manos de victimarios.