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La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, controlada por el chavismo, informó este viernes que citará a varios exdiputados opositores para interrogarlos como parte de una investigación anticorrupción que lleva adelante una comisión especial.
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En una nota de prensa, la Cámara indicó que solicitarán la comparecencia de exdiputados del período comprendido entre enero de 2016 y enero de 2021 -cuando el Legislativo estuvo controlado por la oposición- “con el propósito de recabar elementos probatorios”.
El presidente de la comisión, Pedro Infante, explicó que la investigación busca determinar responsabilidades en el “despojo y robo” de Citgo, una filial de la petrolera estatal Pdvsa en Estados Unidos, cuyo control fue arrebatado al Gobierno venezolano en 2019, en medio de la crisis de legitimidad que atravesó entonces el presidente Nicolás Maduro.
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La comisión fue creada el 11 de enero, cuando el presidente de la Cámara, el chavista Jorge Rodríguez, le pidió a Infante preparar un informe para presentar la semana siguiente, en la que se detallaran los datos de los exdiputados que aprobaron que el Legislativo del 2015 siguiera controlando algunos activos del país. De acuerdo con Rodríguez, los exdiputados debían ser investigados bajo las leyes de Extinción de Dominio y Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que tienen el objetivo de “proteger” el patrimonio venezolano frente a cualquier “intento o acción de expolio”.
Aunque la AN no precisó el número de exdiputados que citará ni sus identidades, subrayó que dejará constancia de la citación de estos “posibles involucrados en el despojo y robo de Citgo, a sabiendas de que muchos de ellos no residen en Venezuela”.
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Infante, citado en el escrito, detalló que de las averiguaciones preliminares surgió una lista de más de 300 personas “que podrían ser investigadas”, algunas ligadas a juntas de partidos políticos, así como “miembros y responsables que han recibido recursos” de las organizaciones no gubernamentales.
Citgo, valorada en unos 12.000 millones de dólares, está en el centro de esta investigación, pues la compañía sigue controlada por un grupo de exdiputados opositores del anterior Legislativo, al que Estados Unidos reconoce como “la última institución elegida democráticamente” en Venezuela.
Tras una reciente decisión de la Justicia de Estados Unidos, en la que se admite que diez acreedores de Venezuela participen en el reparto de beneficios de la subasta de las acciones de Citgo, la junta opositora a cargo afirmó, en un comunicado, que “nunca se han transferido fondos de las subsidiarias de Pdvsa en el exterior” a los exdiputados.
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