En el tema de las relaciones entre Colombia y Venezuela se cumple la ley de Murphy: todo puede empeorar. Dos semanas después de la detención de ocho colombianos en Barinas por supuesto espionaje, las declaraciones de lado y lado suben de tono. La Cancillería venezolana emitió el viernes un comunicado rechazando las palabras del presidente Álvaro Uribe, quien aseguró que Caracas violaba los derechos humanos de los detenidos.
“Las declaraciones de Álvaro Uribe constituyen un intento para minar de forma duradera el posible camino al restablecimiento de relaciones normales con Venezuela. No contento con haber destruido las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia, ahora pretende forzar a quien le suceda en el cargo a adoptar ese triste legado”, aseguro el documento del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
No fue el único funcionario venezolano que respondió al gobierno colombiano. Una hora después, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, desmintió a Uribe . “Esa infamia de las burguesías mundiales no se sostiene ni por un minuto. Aquí hay plena garantía de derechos humanos”, aseveró el ministro, quien indicó tener indicios de sabotaje que involucran “sistema eléctrico nacional, infraestructura vial y servicios públicos”.
Según el funcionario, existen pruebas sobre un plan de atentados contra la infraestructura nacional. “Se han recabado otros indicios más graves aún de los que ya teníamos y que inicialmente permitieron la detención de estos ocho colombianos, que de por sí ya eran indicios muy graves sobre un plan contra la seguridad del pueblo venezolano. Se iba a atacar la infraestructura eléctrica, vial y de servicios públicos” , manifestó Tareck El Aissami. Sin embargo, el ministro se abstuvo de proporcionar más detalles sobre las supuestas pruebas.
“El presidente Chávez, que ha dado cuenta de que a los detenidos se les encontró computadoras, muchas fotografías, códigos secretos o semisecretos, actividades extrañas, contradicciones entre ellos, ha informado del asunto de la manera más transparente y objetiva”, remarcó El Aissami.
Pero otra cosa piensa el Gobierno colombiano. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Jaime Bermúdez, insistió en que la detención de los colombianos es improcedente y no existe ninguna justificación en este caso. Agregó que Colombia tiene previsto exponer la situación ante la Organización de las Naciones Unidas. Bermúdez también respondió al comunicado de la cancillería venezolana sobre los intentos de Colombia para entorpecer las relaciones. “El embargo comercial por razones políticas lo impuso Venezuela el pasado agosto”, señaló el canciller colombiano. Las relaciones comerciales bilaterales están congeladas desde el año pasado, cuando Chávez reaccionó a la firma de un acuerdo militar entre Colombia y EE.UU.
Bermúdez agregó: “Desde el país vecino se han hecho alusiones que parecen prejuzgamientos políticos, pero a pesar de la nueva crisis, Colombia permanece abierta a una interlocución directa bajo las bases del respeto”. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha dicho en reiteradas ocasiones que no piensa dialogar ya con Uribe, sino con quien gane las elecciones del 30 de mayo.
Por Redacción Internacional
