Venezuela, sin Constitución
Cuanto más los estudian, más comprenden los venezolanos el significado de los 26 decretos-ley aprobados por Chávez el 31 de julio.
Simón Alberto Consalvi/ Especial para El Espectador, Caracas
El 2 de diciembre de 2007 los venezolanos votaron masivamente contra el proyecto de reforma de 69 artículos de la Constitución Nacional sometidos a referéndum por el presidente Chávez Frías. Entonces, el Jefe de Estado reconoció su derrota, mientras amenazaba con intentar de nuevo el conjunto de reformas. La amenaza se ha cumplido ocho meses después. El 31 de julio de 2008, último día del término de una disposición de la Asamblea Nacional que lo habilitaba para legislar, el Presidente aprobó 26 decretos-leyes que van más lejos de los 69 artículos constitucionales rechazados en diciembre.
Estos 26 decretos-leyes conforman un laberinto de más de mil cuatrocientas páginas y mil setecientos artículos que nadie conoce en su conjunto, con los cuales se altera sustancialmente la Constitución vigente; se afecta el sistema democrático y comienza a regir al país un gobierno de facto. Los 26 decretos-leyes se corresponden con el espíritu, propósito y contenido de los 69 artículos de la reforma derrotada en diciembre, dándole validez jurídica al proyecto de implantar, contra viento y marea, el “socialismo del siglo XXI”, metáfora que esconde el régimen autocrático de Hugo Chávez Frías.
Uno de los textos politiza a la Fuerza Armada y la pone al servicio del presidente, contra lo establecido en la Constitución. Crea un nuevo componente, el quinto, llamado las “Milicias bolivarianas”, como arma paralela, especie de escuadrones dependientes directamente del jefe de Estado. Según la Constitución, la Fuerza Armada es “profesional, sin militancia política, organizada por el Estado”.
Mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública, el presidente tendrá facultades para nombrar “autoridades regionales”, lo cual atentará contra las atribuciones de los gobernadores de Estado. En el proyecto de reforma derrotado proponía cinco
vicepresidentes. Esta ley no les da nombre, pero el efecto será el mismo. Van paralelamente con otras tantas regiones militares, como fortalezas estratégicamente repartidas en el mapa. Con estos decretos queda en seria amenaza la propiedad privada. El Ejecutivo puede afectar, expropiar o estatizar cualquier tipo de empresa o industria. Todo tendrá como meta el “socialismo del siglo XXI”.
En pocas palabras, el 31 de julio de 2008 fue otro 4 de febrero de 1992, día de la primera intentona militar de Chávez, hace 17 años. O, sea, otro golpe de Estado, respaldado y convalidado en esta ocasión por el Tribunal Supremo de Justicia, índice de que en Venezuela todos los poderes del Estado están bajo el control personal del Presidente. En suma, Venezuela es un país sin Constitución y sin Estado de Derecho. La República Democrática ha sido suplantada por una autocracia que secuestró al Estado y la inmensa riqueza del petróleo, administrada discrecionalmente sin rendición de cuentas. Hugo Chávez Frías, un monarca del siglo XVIII.
La Ley Habilitante
En febrero de 2007, el presidente Hugo Chávez le solicitó a la Asamblea Nacional que lo facultara durante 18 meses para emitir decretos con fuerza de Ley. La Ley Habilitante, como se le denomina, está contemplada en el artículo 203 de la Constitución bolivariana, y puede ser solicitada por el presidente en casos de emergencia. Aunque muchos críticos sostienen que el Mandatario no tenía los argumentos para tal solicitud, la Asamblea aprobó la medida, que tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2008. En la víspera del vencimiento de la Ley Habilitante, Chávez aprobó 26 decretos-ley, una extensa legislación que profundiza la centralización del manejo político, económico y militar en el país.
El 2 de diciembre de 2007 los venezolanos votaron masivamente contra el proyecto de reforma de 69 artículos de la Constitución Nacional sometidos a referéndum por el presidente Chávez Frías. Entonces, el Jefe de Estado reconoció su derrota, mientras amenazaba con intentar de nuevo el conjunto de reformas. La amenaza se ha cumplido ocho meses después. El 31 de julio de 2008, último día del término de una disposición de la Asamblea Nacional que lo habilitaba para legislar, el Presidente aprobó 26 decretos-leyes que van más lejos de los 69 artículos constitucionales rechazados en diciembre.
Estos 26 decretos-leyes conforman un laberinto de más de mil cuatrocientas páginas y mil setecientos artículos que nadie conoce en su conjunto, con los cuales se altera sustancialmente la Constitución vigente; se afecta el sistema democrático y comienza a regir al país un gobierno de facto. Los 26 decretos-leyes se corresponden con el espíritu, propósito y contenido de los 69 artículos de la reforma derrotada en diciembre, dándole validez jurídica al proyecto de implantar, contra viento y marea, el “socialismo del siglo XXI”, metáfora que esconde el régimen autocrático de Hugo Chávez Frías.
Uno de los textos politiza a la Fuerza Armada y la pone al servicio del presidente, contra lo establecido en la Constitución. Crea un nuevo componente, el quinto, llamado las “Milicias bolivarianas”, como arma paralela, especie de escuadrones dependientes directamente del jefe de Estado. Según la Constitución, la Fuerza Armada es “profesional, sin militancia política, organizada por el Estado”.
Mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública, el presidente tendrá facultades para nombrar “autoridades regionales”, lo cual atentará contra las atribuciones de los gobernadores de Estado. En el proyecto de reforma derrotado proponía cinco
vicepresidentes. Esta ley no les da nombre, pero el efecto será el mismo. Van paralelamente con otras tantas regiones militares, como fortalezas estratégicamente repartidas en el mapa. Con estos decretos queda en seria amenaza la propiedad privada. El Ejecutivo puede afectar, expropiar o estatizar cualquier tipo de empresa o industria. Todo tendrá como meta el “socialismo del siglo XXI”.
En pocas palabras, el 31 de julio de 2008 fue otro 4 de febrero de 1992, día de la primera intentona militar de Chávez, hace 17 años. O, sea, otro golpe de Estado, respaldado y convalidado en esta ocasión por el Tribunal Supremo de Justicia, índice de que en Venezuela todos los poderes del Estado están bajo el control personal del Presidente. En suma, Venezuela es un país sin Constitución y sin Estado de Derecho. La República Democrática ha sido suplantada por una autocracia que secuestró al Estado y la inmensa riqueza del petróleo, administrada discrecionalmente sin rendición de cuentas. Hugo Chávez Frías, un monarca del siglo XVIII.
La Ley Habilitante
En febrero de 2007, el presidente Hugo Chávez le solicitó a la Asamblea Nacional que lo facultara durante 18 meses para emitir decretos con fuerza de Ley. La Ley Habilitante, como se le denomina, está contemplada en el artículo 203 de la Constitución bolivariana, y puede ser solicitada por el presidente en casos de emergencia. Aunque muchos críticos sostienen que el Mandatario no tenía los argumentos para tal solicitud, la Asamblea aprobó la medida, que tuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2008. En la víspera del vencimiento de la Ley Habilitante, Chávez aprobó 26 decretos-ley, una extensa legislación que profundiza la centralización del manejo político, económico y militar en el país.