Venezuela: sin vigilantes en las urnas

En 2006, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Tibisay Lucena Ramírez, invitó a una comisión de la OEA para que observara el curso de las elecciones presidenciales. Por entonces, el presidente Hugo Chávez tenía cerca del 60% de popularidad y todas las encuestas lo daban como seguro ganador. En el documento de invitación, Lucena recordaba “la importancia que (la observación internacional) reviste para los procesos democráticos”. Nueve años después, con el retrato presente del fallecido Hugo Chávez y la desaprobación de la gestión del actual presidente, Nicolás Maduro, que roza el 60%, Lucena ha cambiado por completo de opinión: en una reciente entrevista afirmó que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más seguros y que existen garantías para el tránsito seguro de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Por esa razón, dijo, Venezuela no aceptará la vigilancia de observadores exteriores.

La última vez que la OEA y la Unión Europea fungieron como cancerberos de las elecciones en Venezuela fue en 2006. Cuatro años después, la figura del observador internacional fue transformada en el reglamento electoral por la de “acompañante”, que no puede emitir ninguna declaración antes de que el CNE lo haga y debe dar sus conceptos a esa institución de manera privada. Dadas esas limitaciones, organizaciones como el Centro Carter han declinado invitaciones del CNE para vigilar las elecciones (en agosto de este año, esa organización cerró sus oficinas en el país). Hoy, la oposición pide la participación de dichos observadores porque, en su opinión, las elecciones legislativas suceden en un momento en el que es muy posible un fraude —según diversas encuestas, la oposición se llevaría la mayoría del voto—. En las últimas semanas Maduro ha dicho que, si la oposición se consagra como ganadora, “no entregaría la revolución”.

El CNE se ha mostrado firme ante su rechazo a los observadores. A la petición de seis expresidentes al respecto, entre ellos el colombiano Andrés Pastrana, Lucena respondió que eran “ignorantes” con respecto al sistema electoral venezolano y que “organizaciones políticas y auditores externos” se encargarían de la auditoría. El chavismo ha rechazado este mecanismo con base en razones ideológicas: para los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, este tipo de observación es una expresión de “injerencia extranjera”.

Eustoquio Contreras, secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria, adscrito al Gobierno, dijo en una entrevista con NTN24 que quieren garantizar un “ambiente libre” y que el CNE estudia una lista de personas y organizaciones que invitará a las elecciones. Desde la posición contraria, Rubén Perina, profesor de la Universidad George Washington y exjefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, escribió en El País de España: “Si, como vociferan los chavistas, Venezuela es una auténtica democracia electoral, ¿cuál es el miedo?, ¿cuál es el problema de que vengan observadores internacionales independientes? ‘El que no la debe no la teme’”.

La OEA y la Unión Europea no han recibido invitaciones para atestiguar el proceso electoral, que se da justo cuando las zonas fronterizas con Colombia se encuentran en estado de excepción, lo que les da un poder mayor a la Fuerza Pública y al Gobierno. Sólo la Unasur enviará una comisión acompañante aprobada ya por el CNE.

¿Qué consecuencias tendría la carencia de observadores? Un ejemplo: en 2013, para las elecciones presidenciales, ninguna de las entidades que realizan ese proceso con frecuencia fue invitada. En cambio hubo 240 acompañantes internacionales (170 de ellos parlamentarios), la Unasur (polemizada por su cercanía al gobierno de Maduro) envió una comisión, y también la Mercosur, que se dedica sobre todo a tratos económicos entre países. Como recuerda Melissa Salmerón, doctoranda de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un texto de esa época, Argentina, Cuba, Ecuador, Bolivia y Rusia felicitaron a Maduro por su triunfo; Estados Unidos se “abstuvo” de reconocer al nuevo presidente, y la Unión Europea y la OEA dieron respuestas diplomáticas, pero sin peso político.

“Para la comunidad internacional, reaccionar a la situación poselectoral en Venezuela ha sido especialmente delicado —sostiene Salmerón—. A ningún gobierno le gusta opinar sobre asuntos domésticos de otro país y arriesgarse a provocar una crisis diplomática por no respetar la soberanía”. En las últimas semanas, con cautela, el presidente Juan Manuel Santos se declaró “preocupado” por la carencia de observadores.

Por su parte, el secretario general de la OEA; Luis Almagro, cuestionó las condiciones en que se desarrollarán las elecciones y dijo en una carta al gobierno de Maduro que “no están en estos momentos garantizados el nivel de transparencia y de justicia electoral”. Más allá de una reprimenda verbal, las organizaciones exteriores carecen de herramientas legales para modificar la voluntad del CNE.

El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, afirmó que él mismo llevará observadores internacionales y que los ciudadanos harán también las tareas de vigilancia “armados con celulares y cámaras fotográficas”. En palabras de Salmerón, la observación internacional evita el riesgo de crisis diplomáticas y, al mismo tiempo, permite fundar una confianza en los países vecinos, una ventaja que beneficiaría al gobierno de Maduro en medio de una grave crisis económica rodeada por el contrabando y la alta percepción de inseguridad en numerosas regiones. “Al rechazar la observación electoral —argumenta Salmerón—, la sombra de las irregularidades no queda despejada, lo cual no sólo no evita la injerencia internacional, sino que la incentiva”.