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Desde siempre la humanidad ha intentado superar el instintivo recurso a la guerra para dirimir las controversias entre individuos y entre naciones. En época moderna estos intentos florecieron y se marchitaron desde el S. XVIII en las posrevoluciones británica, americana y francesa. Recordemos el proyecto de Kant para la paz perpetua.
Todos los posconflictos han planteado el dilema de la nueva relación entre vencedores y vencidos. Ambas partes claman justicia. Pero el concepto de justicia que ha prevalecido está determinado por la cantidad y la gravedad del castigo que el vencedor inflige al vencido.
Por el lado del vencido, la variable determinante es la cantidad y la gravedad del daño que podrá infligir mañana al vencedor de hoy. Ambas posiciones confunden la justicia con la venganza. La justicia es el sometimiento de ambas partes a las normas vigentes nacionales o internacionales según el caso. Son normas establecidas y aplicadas por un juez por encima de los involucrados en cada específica contienda. Normas generales precedentemente aceptadas por las partes en las sociedades nacionales y en la sociedad internacional. Es el Derecho internacional que antes se llamaba el Derecho de las gentes.
No hay duda de que el 11 de septiembre del 2001 calentó la guerra fría entre Oriente y Occidente con sus respectivas y polarizadas connotaciones religiosas, étnicas y socioculturales. La agravó, no la inició. Para los orientales esa guerra es atávica con picos en las cruzadas medievales, pero, en versión reciente, en el 1916 con el Acuerdo Sykes-Picot que repartió Siria, Líbano para Francia y Jordania, Irak, Palestina para Reino Unido e Irlanda. Era la disolución del Imperio Turco-Otomano del primer posconflicto mundial.
También entre las dos Guerras mundiales (1919-1939) hubo varios intentos de erradicar la guerra como instrumento de relaciones internacionales. Recordemos los Acuerdos de Locarno del 1925 y el Tratado Briand-Kellog del 1928. Habrá que esperar hasta la adopción de la Carta de la ONU para patentar la prohibición de la guerra como instrumento de resolución de las controversias entre los Estados (Art. 2,4).
Por fin se prohíbe internacionalmente el uso de la fuerza armada para resolver conflictos. Se permite sólo en tres casos: legítima defensa, fuerza autorizada por una Resolución del Consejo de Seguridad y lucha de un Estado contra la ocupación por parte de otro Estado. Para conflictos internos a un Estado, el uso de la fuerza es legítimo sólo si se lucha contra una tiranía.
Ahora bien, ante el ataque del 11 de septiembre del 2001, USA se declara agredido internacionalmente e invoca su derecho a la legítima defensa. El Congreso le aprueba a Bush Jr. su propuesta de Ley Patriótica (Usa Patriot Act) que recorta los derechos individuales de los ciudadanos en nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo. Luego extenderá su ámbito a nivel internacional patentando así su doctrina de la Guerra preventiva.
Muchos gobiernos aliados USA adoptaron esta doctrina, entre ellos el de Colombia (Uribe). Pero el Derecho internacional público establece que la legítima defensa es un derecho de quien ha sido agredido y debe ser una respuesta proporcional a la agresión y temporal. USA, maximizando su estatus de víctima, subvierte el Derecho internacional pretendiendo que se le permita actuar preventivamente ante una sospecha de terrorismo y eventual agresión. O sea, antes de la agresión. Es decir, tal como hacíamos en la era de la caverna cuando todos éramos enemigos de todos. Así crea cárceles a su antojo en Guantánamo, en Abú Graib. Interviene en Italia para apresar sospechosos sin someterlos a procesos justos. Apresa y mata a Osama Bin Laden, a Saddam Hussein, a Muhamar Ghedaffi. Todos esos criminales de guerra merecían ser apresados pero sometidos a la justicia internacional que ya contaba con la Corte Penal Internacional desde el 2002.
(Quizás quiera leer: Vigilancia masiva y democracias débiles, las otras consecuencias del 11S)
Además invade Afganistán, primero sin el aval del Consejo de Seguridad (que luego sí adopta Resolución), y a Irak, contrariando totalmente al Consejo de Seguridad que nunca adoptó una Resolución que autorizara su intervención. Para vengar los desmanes de USA, en Irak surgió ISIS comandado por Al Bagdadi.
Para los Orientales el agresor es Occidente y viceversa. Y aquí el derecho internacional presenta un vacío jurídico pues no se ha aprobado ninguna norma internacional que defina lo que es una Agresión internacional a pesar de que existan dos Declaraciones de la Asamblea General de la ONU que la definen: una en 1967 y otra en 1974. De hecho, el Estatuto de Roma otorga facultad a la Corte Penal Internacional para cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Los tres primeros están bien definidos en el Estatuto, no así agresión, tal vez para dejar una malla amplia para actuar o no actuar ante ella.
No hay duda, como dice mi amigo y colega Danilo Zolo en su obra Cosmópolis, de que la llamada justicia internacional ha sido la justicia de los vencedores contra los vencidos. Así fueron los Tribunales de Nuremberg y Tokio para crímenes de la Segunda Guerra Mundial que procesó sólo criminles alemanes y japoneses (vencidos) y no a los criminales de Hiroshima y Nagasaki. Así actúa USA aún hoy invocando su venganza nacional y no la justicia internacional en las instancias que esta misma y grande nación ha ayudado a construir.
El agravante es que esa sed de venganza nacional de la potencia global ha llevado a los gobiernos estadounidenses a involucrar el entero mundo en esa aventura nacional. Además de lo ya indicado de sus pretensiones internacionales como extensión de su USA Patriot Act, invocó la aplicación del Artículo 5 del Tratado de la OTAN que obliga a todos los Estados del Tratado a actuar en bloque en defensa de la parte que ha sido agredida por un Estado externo al pacto. Por fortuna, liderada por Francia, la mayoría de los Estados miembros no lo consideró aplicable dado que no había pruebas contra ningún Estado como autor del atentado, sino que todas las pruebas y las reivindicaciones conducían a Al Qaeda, que no es un Estado.
Claro que el el 11 de septiembre cambió el mundo, pero en términos regresivos. Involutivos. Volvimos a la caverna. La ley del más fuerte. El derecho a la fuerza cuando ya creíamos haber impuesto internacionalmente la fuerza del derecho.
(Lea más análisis sobre lo que sucede en el mundo visitando nuestra sección internacional)
En síntesis, el sistema internacional, a pesar de su plausible evolución, no ha logrado sacar al mundo de las venganzas nacionales a la justicia internacional. Pero esto mismo sucede aún en ámbito nacional.
A los colombianos nos han sumido en un fango de venganzas por las múltiples violencias perpetradas por distintos actores (incluso estatales) que nos obnubila el horizonte de la justicia hoy protagonizada con fatiga por la JEP, encargada de establecer que la justicia transicional para las víctimas no depende de la gravedad y cantidad de la pena infligida al victimario (años de cárcel, pena de muerte o cadena perpetua) sino de la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Esto mismo vale en ámbito internacional para vencedores y vencidos.
La gran lección internacional de estos 20 años podría ser la convicción para la decadente potencia global de que ya no existen las condiciones para que un solo Estado domine el mundo. Ya no es rentable. Lo único que se gana con ello es una cantidad de enemigos con capacidad de hacer daño. Esto también es realismo. La alternativa real es fortalecer la interdependencia, la cooperación y el multilateralismo. Conviene a todos. Es el camino para salir de las venganzas nacionales hacia la justicia internacional para que no haya espacio legítimo ni para suprematistas ni para talibanes.
* Docente de la Universidad del Norte
Por Jairo Agudelo Taborda*
