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El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta semana una directiva que transforma radicalmente el proceso de solicitud del visado para el ingreso al país. Según cables diplomáticos enviados a todas las embajadas y consulados, el gobierno de Donald Trump ordenó que se nieguen las visas de no inmigrante, incluyendo las de turistas, estudiantes y trabajadores temporales, a cualquier solicitante que manifieste miedo de regresar a su nación de origen.
Según el gobierno estadounidense, esta medida busca frenar preventivamente a potenciales peticionarios de asilo antes de que pisen suelo estadounidense. Pero este nuevo filtro obligatorio ha generado controversia en organismos internacionales y sectores de defensa de los derechos humanos, que ya venían en alerta por las últimas decisiones de Washington.
La nueva norma llega en medio de un cambio amplio de políticas que ha trastocado y restringido la inmigración a EE.UU. La administración ya había incrementado los controles para los solicitantes de visas de estudiante y ha pausado temporalmente las decisiones sobre solicitudes de inmigración para garantizar que cumplan con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas.
El endurecimiento de las normas también se suma a la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países ejecutada en enero pasado.
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Un interrogatorio obligatorio en los consulados
La directiva del Departamento de Estado instruye a los funcionarios consulares a realizar dos preguntas específicas a cada solicitante para detectar perfiles de asilo: “¿Ha experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daño o maltrato al regresar a su país natal o de residencia permanente?”.
“Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un ‘no’ a ambas preguntas para que el funcionario consular continúe con la emisión de la visa”, según CNN.
El objetivo principal es evitar que el sistema sea utilizado por personas que, según la administración, ocultan sus verdaderas intenciones de viaje.
El documento interno justifica la medida señalando que “los funcionarios consulares deben prevenir el abuso del sistema de inmigración por parte de solicitantes de visa que tergiversen su propósito de viaje, incluidos aquellos que intentan obtener visas de no inmigrante con el propósito de solicitar asilo a su llegada a Estados Unidos”.
De este modo, cualquier persona que admita haber sufrido daño o maltrato queda automáticamente descartada para obtener el permiso de entrada.
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Impacto en la seguridad de los solicitantes
Un portavoz de la entidad afirmó que “los funcionarios consulares son la primera línea de defensa para la seguridad nacional de EE. UU.” y subrayó que el departamento “utiliza todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa califica conforme a la ley estadounidense”.
Sin embargo, la obligación de negar el miedo pone a los viajeros en una situación de vulnerabilidad extrema, forzándolos a omitir información relevante sobre su seguridad personal para poder viajar. Especialistas en la materia advierten que estas restricciones no detendrán el flujo migratorio, sino que lo harán más peligroso.
Camille Mackler, consultora de políticas migratorias, explicó a CNN que esta directiva “va a poner a la gente en posiciones realmente malas y terribles, de tener que tomar decisiones que en última instancia afectan su seguridad y la de su familia”.
Para la experta, el cierre de estas vías legales solo tiene una consecuencia previsible: “Esto empuja a la gente hacia vías inseguras y rutas inseguras, porque si necesitas irte, te vas, y haces lo que sea que tengas que hacer”.
Esta normativa se presenta apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara como ilegales los argumentos de la administración sobre una supuesta “invasión” para bloquear asilos en la frontera sur.
Al trasladar el filtro a las embajadas, el gobierno intenta sellar por completo el acceso antes de que los ciudadanos extranjeros lleguen a la frontera, donde legalmente tendrían derecho a solicitar protección si están huyendo de persecución política, racial o religiosa.
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