Zelaya recibió la estocada final

Minutos antes del mediodía, los 128 diputados del Congreso de Honduras ya ocupaban sus curules. Todos estaban listos para la histórica votación que decidiría el destino del presidente derrocado Manuel Zelaya. Como nunca antes, había quórum para discutir el punto 5 del acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito el 30 de octubre por las delegaciones de Zelaya y del gobierno bajo la égida de Estados Unidos.

Pero antes de la votación había que cumplir varios requisitos. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos presentaron sus informes sobre las causas que llevaron al derrocamiento del gobierno de Zelaya. Todos resultaron en contra de su restitución.

El informe de la Corte, por ejemplo, sustentó su fallo en contra de la restitución de Zelaya en seis delitos de los 18 de que le acusa, entre ellos el de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.

“La opinión de estas organizaciones no es vinculante. Sin embargo, es como el foco amarillo del semáforo que nos está diciendo tengan mucho, mucho cuidado con lo que van a hacer”, aseguró al Canal 5 de televisión el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra.

Pasaron más de seis horas de sesión en el Congreso y cuando los relojes hondureños marcaban las 7:11 p.m., el suspenso producido por la votación dejó de existir. A esa altura de la noche, la noticia de que Manuel Zelaya no sería restituido en su cargo salió a flote. Para entonces, 65 de los 128 parlamentarios habían votado a favor de la moción que separó a Zelaya del poder, mientras que tan sólo ocho se lo hacían en contra. En otras palabras, se ratificaba que el depuesto presidente no volvería a ocupar el máximo cargo ejecutivo de Honduras.

“Está demostrado y está dicho en las urnas. El pueblo hondureño quiere vivir en justicia social, en libertad y democracia”, aseguraba el diputado Celín Discua Elvir, quien votó en contra de la restitución e hizo referencia a las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que salió victorioso Porfirio Lobo.

Las voces a favor de Zelaya fueron reducidas, una de ellas provino Esmeralda Nieto. La diputada, miembro del Partido Liberal, Justificó su intención de ver al ex mandatario de vuelta en el poder asegurando que el 28 de julio, fecha en la que se produjo el golpe de Estado, “hubo un zarpazo al orden constitucional”.

De nada sirvió el apoyo que cientos de simpatizantes del derrocado líder, vigilados por un dispositivo policial antidisturbios, expresaron desde el Parque Central de Tegucigalpa, a espaldas del Congreso. “Si no hay restitución, habrá revolución”, era una de sus consignas.

Una vez se conoció el pronunciamiento del Congreso y luego de una semana de retiro temporal de su cargo como gobernante de facto, Roberto Micheletti declaró que la decisión del Congreso debía ser aceptada por Zelaya. No obstante, a lo largo de la última semana el ex presidente fue enfático en afirmar que su deseo era el de no ser restituido, para de este modo no tener que avalar un golpe de Estado.