El presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para 2026 quedó en 3.450 millones de dólares: un recorte de 577 millones y un 18 % menos de puestos. 53 Estados aún no pagan sus cuotas. Estados Unidos concentra gran parte de la mora total y, además, se retiró de 31 de los 66 organismos internacionales de los que era parte, incluidos ONU Mujeres y la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Guterres habló primero de una “carrera hacia la bancarrota” y luego de un “colapso financiero inminente”: “estamos atrapados en un ciclo kafkiano, se nos exige devolver efectivo que no existe”. Las reservas se proyectaban agotadas para julio.
A eso hay que sumar el deterioro jurídico, que me preocupa más que el contable. En enero, una operación militar estadounidense capturó al presidente de Venezuela en Caracas y lo trasladó a una prisión de Brooklyn; Washington la calificó como una acción de law enforcement. En febrero, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel mató al líder supremo de Irán en plena negociación nuclear. El Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2817 para condenar las represalias iraníes contra los vecinos del golfo, pero nunca condenó la operación que originó la escalada. Guterres lo dijo con una frase que debería enmarcarse: la violación del derecho internacional ocurre hoy “ante los ojos del mundo, en vivo y en 4K”.
Con ese telón de fondo abre el debate general del 81.º periodo de sesiones, bajo un lema que suena a confesión: “Restablecer la confianza, gestionar la transformación”. El presidente de la Asamblea, el bangladesí Khalilur Rahman, recordó que solo el 36 % de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van en curso.
No es la primera vez
Aquí conviene una dosis de memoria institucional, que es el mejor antídoto contra el alarmismo.
En 1950 la Unión Soviética boicoteó el Consejo de Seguridad y la Asamblea respondió con la resolución “Unidos por la Paz”. En 1956, dos miembros permanentes —Francia y el Reino Unido— fueron los agresores en Suez, y de esa crisis nació la primera operación de mantenimiento de la paz. Y entre 1964 y 1965 ocurrió el precedente más exacto del presente: la Unión Soviética y Francia se negaron a pagar las operaciones de paz, la Asamblea quedó al borde de aplicar el artículo 19 —la pérdida del voto por mora— y, para evitar la ruptura, pasó casi un periodo entero de sesiones sin someter nada a votación, operando exclusivamente por consenso. Sesenta años después, la Asamblea vuelve a “tomar nota de la mora del artículo 19”. La historia no se repite, pero guarda un gran parecido.
Ruanda y Srebrenica destrozaron después la credibilidad del mantenimiento de la paz y produjeron el Informe Brahimi. Y vino 2003, cuando Kofi Annan advirtió que la Organización estaba ante “una bifurcación del camino” tras la invasión de Irak; de esa crisis salieron la Cumbre Mundial de 2005, la responsabilidad de proteger y el Consejo de Derechos Humanos. Las crisis de la ONU no han sido sus funerales: han sido sus oportunidades de renovación.
Lo que sí se cumplió y lo que nadie planeó
Hay una confusión conceptual en el centro del debate. La ONU no se fundó para resolver el cambio climático ni la gobernanza de la inteligencia artificial. Se fundó para cerrar la Segunda Guerra Mundial y para evitar que volviera a estallar una bomba nuclear. Ese objetivo —el duro, el que justificó San Francisco— se ha cumplido durante 81 años consecutivos. Ninguna organización internacional puede exhibir un resultado comparable.
Todo lo demás fue expansión no planeada. Ocurrió porque la noción de seguridad se amplió: dejó de ser exclusivamente militar y se abrió al desarrollo, a los derechos humanos, al ambiente, a la salud. Esa mutación convirtió a la ONU en algo que nadie diseñó: el foro político más importante, más democrático y más legitimado del planeta. Y ahí está la paradoja de esta crisis. La ONU no está en problemas por haber fracasado en su mandato original, sino por haber excedido con creces cualquier frontera que alguna vez se le planeó.
¿Por qué acabarla es la peor idea disponible?
Que la ONU no deba hacerlo todo no significa que deba desaparecer. Lo que tiene —y lo que se echaría a la basura— es una plataforma institucional, orgánica, jurídica, financiera y técnica irremplazable.
En términos normativos: los consensos construidos en ese foro se han materializado en normas de costumbre internacional y en principios generales del derecho internacional. El ejemplo del año lo confirma: en mayo, la Asamblea adoptó por 141 votos contra 8 la resolución que operacionaliza la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cambio climático. Ocho Estados votaron contra una obligación que la Corte ya había declarado existente —entre ellos Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita e Israel— y perdieron. Eso solo ocurre dentro del sistema. Mi análisis detallado de dicha opinión consultiva sobre cambio climático puede ser consultado en el prestigioso blog europeo de derecho internacional Opinio Juris.
Lo mismo con la agenda del futuro. La Asamblea acaba de designar el Panel Científico Independiente sobre Inteligencia Artificial, el primer órgano científico internacional en la materia, y en julio se celebró en Ginebra el primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. No existe otro escenario con legitimidad universal para construir mínimos éticos y jurídicos sobre una tecnología que no reconoce fronteras. Los ODS cumplen exactamente esa función: son el piso ético compartido sin el cual ni el clima ni la IA resultan gobernables.
Es mejor reformar desde adentro
Dicho todo lo anterior, la crítica es indispensable. El Consejo de Seguridad de 2026 sigue siendo el de 1945: los ganadores de una guerra que terminó hace 81 años conservan el asiento fijo y el veto. Cuatro vetos en 2025, y el récord de proyectos vetados desde 1986 alcanzado en 2024, no son estadística: son diagnóstico.
Por eso el sur global, y América Latina en particular, debe pujar más duro que nunca por un asiento permanente. La participación y la democratización reales hay que pedirlas. Pero esa transformación se hace desde adentro, con el sistema creado. Refundar las relaciones internacionales por fuera de la ONU es una utopía costosa: los órdenes internacionales no se reemplazan por convicción, se reemplazan por catástrofe. Nadie sensato debería desear el precio de entrada.
Colombia, adentro y arriba
Colombia llega a esta Asamblea en la mejor posición negociadora que ha tenido en décadas: es miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 2026-2027, electa con 180 votos, y ya ejerció la presidencia del órgano en junio. Ese asiento es capital político escaso y perecedero.
La delegación nacional la encabeza el vicepresidente José Manuel Restrepo y llega con cuatro prioridades: comercio e inversión, seguridad, innovación digital y alianzas estratégicas. Son prioridades legítimas. Pero permítanme hacer una invitación al Gobierno colombiano: no sería mala idea que el presidente De la Espriella llegara el 23 y pronunciara él mismo el discurso de Colombia. Estar agendado justo antes de Netanyahu le garantiza una audiencia con lleno total, sin precedentes para Colombia. No es asunto de solo protocolo. Es el escenario de mayor densidad diplomática que existe hoy para un Estado, y llega en el año en que se define la próxima Secretaría General —cinco de las siete candidaturas vigentes son latinoamericanas y caribeñas— y en el que Colombia tiene voto en el Consejo.
Ser un gran aliado de Estados Unidos y ser un actor serio del multilateralismo onusiano no son opciones excluyentes. Confundirlas sería el error estratégico de este gobierno.
La ONU no se va a acabar. Hará lo que ha hecho cinco veces antes: encogerse, dolerse, reformarse y seguir. La pregunta de fondo no es si sobrevive, sino quiénes estarán en la sala cuando se escriban las reglas de la etapa siguiente. Colombia debe estar adentro, con voz crítica y razonable, del lado correcto de la historia.
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