Hace menos de dos años, el 17 de diciembre de 2024, Colombia llegó a Berlín para convertirse en Estado miembro de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) y asumir, junto con España, su copresidencia por un periodo que se extendía hasta febrero de 2027. El país lo presentó entonces como un hito, pues se trataba de la confirmación internacional de que su cuerpo jurisprudencial, con más de 150 sentencias de la Corte Constitucional en favor las personas LGBTQI+, la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de 2016 y en el Sistema Integral para la Paz, y los procesos de memoria y verdad con participación esta población, eran una plataforma contundente desde la cual Colombia podía ejercer liderazgo global.
Ese liderazgo se abandona ahora. El actual gobierno notificó el 17 de septiembre el retiro de Colombia de la ERC, un mecanismo internacional de articulación entre Estados y sociedad civil, creado en 2016, que agrupa a 42 países en torno a la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ en cinco ejes de trabajo: diplomacia, legislación y política pública, cooperación de donantes, objetivos de desarrollo sostenible y protección humanitaria. El gobierno argumentó que la salida obedecía a que la participación en el mecanismo no era prioritaria, señalando que Colombia ya cuenta con un cuerpo robusto de derechos protegidos por la Constitución, políticas públicas y jurisprudencia de la Corte Constitucional que ampara a las minorías por orientación sexual.
El argumento es, por lo menos, contradictorio. Es precisamente ese cuerpo jurisprudencial y normativo el que Colombia invocó en 2024 para justificar su idoneidad como copresidente. La vinculación no pretendía suplir carencias internas con la participación en un espacio multilateral, sino proyectar internacionalmente un modelo construido con años de litigio estratégico, incidencia social y participación de las víctimas del conflicto armado. Decir hoy que la ERC no es prioritaria porque el país ya tiene garantías internas equivale a vaciar de sentido la razón misma por la que Colombia fue invitada a copresidir, que no buscaba llenar una carencia propia, sino acompañar a otros Estados en las suyas.
Caribe Afirmativo, que ejercía la copresidencia por la sociedad civil colombiana junto con la Fundación Triángulo de España, calificó la decisión como un grave retroceso en la política exterior y en la garantía de los derechos LGBTIQ+, y señaló que el país abandona una responsabilidad que había aceptado ejercer hasta febrero de 2027. Según la organización, fuentes oficiales señalaron que en el Gobierno prevalecía la percepción de que la participación en la ERC constituía un legado de la administración anterior, del cual buscaba distanciarse. Si esto es así, estamos ante una decisión de política exterior guiada por el afán de borrar la huella de un gobierno previo y no motivada por un análisis sustantivo del interés nacional, los asuntos presupuestales (que en este caso no existen) o de las obligaciones internacionales adquiridas.
En esto hay que ser categóricos. Esta decisión, en efecto, contradice obligaciones asumidas por Colombia en un escenario internacional relevante. Colombia no solo se inscribió como miembro, sino que aceptó asumir un compromiso formal de copresidencia con una fecha de vencimiento pactada. Retirarse antes de tiempo representa el incumplimiento de una palabra empeñada ante 44 países y ante la sociedad civil que, como Caribe Afirmativo, sostuvo ese liderazgo día a día, coordinando grupos de trabajo y una interlocución constante con gobiernos y organizaciones de todo el mundo.
Lo que anticipa esta medida, no es solo la salida de Colombia de un mecanismo particular, sino el debilitamiento de toda una arquitectura de política exterior construida alrededor de los derechos humanos y el enfoque de género, justo cuando el mundo atraviesa, como lo advertía al asumir la copresidencia, tendencias adversas para la agenda de diversidad sexual e identidad de género. Envía, además, un mensaje de desprecio a la agenda de derechos de una población tradicionalmente excluida y violentada.
Lo que está en juego no es solamente simbólico. Colombia se labró, con esfuerzo propio, un lugar de referencia internacional en materia de derechos LGBTIQ+. Renunciar a ese liderazgo sin una explicación pública clara, lejos de fortalecer la soberanía normativa del país, la debilita, al ceder una voz que se había ganado dentro de un espacio de interlocución global. Y, por si fuera poco, lo deja mal posicionado en el concierto internacional como un Estado que no honra su palabra ni los compromisos adquiridos, en abierta contradicción con su trayectoria de respeto a las obligaciones internacionales. La pérdida de confianza que esa percepción implica puede tener efectos adversos duraderos y de amplio impacto para las relaciones exteriores de Colombia.
Juliana Bustamante Reyes es directora de Vértice-Política Exterior, derechos humanos y paz
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