A un mes de haberse posesionado como presidente de Colombia, Gustavo Petro ha logrado ciertos avances en reformas políticas y económicas, cambios en las fuerzas militares y una tendencia favorable, según encuestas, con cifras que abren un camino de confianza en sus primeros 100 días en el cargo. Pero, dentro de tantas, ha movido una pieza de profusos resultados en el tablero latinoamericano: solicitar a Nicolás Maduro que Venezuela sea uno de los países garantes en el proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Es una decisión que ha abierto una serie de interrogantes y estimulada indignación en una ciudadanía que repudia la dictadura en Venezuela, sus vínculos con el narcotráfico y terrorismo, y que ha tenido que acoger actualmente más de 2,5 millones de venezolanos que hoy hacen vida en Colombia al huir de la Emergencia Humanitaria Compleja existente en dicho país.
¿Cómo alguien que no es siquiera capaz de sentarse con su propia oposición puede ser un mediador?
Nicolás Maduro, es responsable de graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, como asesinatos y violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Venezuela, cuenta con informes de torturas y desapariciones forzadas, la ONU ha manifestado reiteradas veces su preocupación por lo expuesto así como por el descontrol registrado en el Arco Minero del Orinoco, donde las mafias locales han asesinado a cientos de personas desde el 2016; ha sido acusado en los Estados Unidos de narcoterrorismo y de conspirar para introducir ilegalmente cocaína a ese país, y representa sin dudas una amenaza para la región al reforzar sus vínculos con el terrorismo, convirtiendo a Venezuela en refugio de terroristas y centro de operaciones de grupos irregulares.
Eso sin mencionar el irritante recuerdo del 2015, donde se llevó a cabo, bajo su orden, la expulsión de miles de colombianos tras un cierre agresivo de la frontera. Y las casas de los ciudadanos migrantes eran marcadas con una “R” pintada en sus paredes significando “revisadas” y con una “D” que señalaba que las casas serian demolidas. Como si se tratase de nazis en su persecución y exterminio contra los judíos.
Todas las críticas, directas o indirectas, a Nicolás Maduro y a su “gestión” en Venezuela y el exterior dan cabida a la misma respuesta: no es un garante de paz.
La aceptación de una realidad:
No es posible ser indiferentes a lo que en Colombia ocurre, Venezuela juega un rol fundamental en este proceso de negociación y ya antes ha sido un país garante en distintos procesos de paz en Colombia.
Venezuela y Colombia, además de tener en común más de 2.200 kilómetros de línea fronteriza, que en algunos de sus puntos es de las fronteras más dinámicas del continente americano; cuentan con lazos históricos de origen en los tiempos de la conquista y un flujo de población determinante; es imposible que lo que ocurra en un país no influya en el otro.
El reinicio de las negociaciones con el ELN, junto a la situación cercana del colapso económico, político y social que desde el 2015 vive Venezuela, representan un hecho que necesariamente incide en dinámicas de extenso calado histórico y transcendentales implicaciones económicas y sociales a ambos lados de la frontera.
Sin embargo, se ha podido comprobar que la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz son acogidas del otro lado de la frontera con Venezuela, siendo un caso intolerable donde el régimen de Nicolás Maduro ha brindado refugio seguro, ayuda y albergue a terroristas.
No es viable excluir a Venezuela como parte del proceso de paz, pero sí es posible jugar de mejor manera las piezas de este tablero. Donde los factores ideológicos no empañen y generen un sesgo sobre una dura historia que tiene responsables, y que, como resultado, ha reforzado la expansión de grupos irregulares al haber adquirido provecho del aislamiento al que fue sometido el país por gobiernos pasados en Colombia, como búsqueda de lo que pudo ser una salida de la crisis democrática en Venezuela, ya fallida, y muestra de hermandad de la ciudanía colombiana para la venezolana.
Muy diferente es ser parte del problema, a ser garante de su solución.
Nota del autor:
Desde mucho antes de que yo tuviese que huir de Venezuela, ya había vivido muchos casos de censura a la publicación de mis artículos en distintos medios de comunicación. Viviendo en Colombia, medios venezolanos siguieron recibiendo mis columnas de opinión pero la censura seguía: no se me permitía llamar a Venezuela como una dictadura.
Ante el presente artículo, uno de los medios venezolanos donde regularmente escribo me notificó que no publicarían porque realizo una crítica directa al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha dado refugio a actores armados del actual conflicto en Colombia. Se me señaló que no saldría en el portal por mencionar palabras como ‘régimen’ y ‘narcotráfico’. Esto podía significar un riesgo de sanciones para el medio y la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL).
*Luis José Gómez Mota es abogado venezolano, activista y presidente de la fundación Yo estoy aquí.
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Por Luis José Gómez Mota*
