Pasado el duelo por la pérdida de vidas, viviendas e infraestructura, los terremotos en Japón dan paso a una etapa de reconstrucción que suele venir acompañada de un flagelo frecuente en los grandes presupuestos estatales: la corrupción. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).
Los gimnasios escolares se empiezan a vaciar de refugiados quienes regresan a reparar sus hogares o son transferidos a viviendas provisionales, prefabricadas o alquiladas por el Gobierno.
Se asigna entonces el presupuesto de “reconstrucción intensiva”, un momento de gran expectación no solo entre los damnificados, sino también en los sectores implicados dada su escala colosal.
Para rehacer regiones borradas del mapa por el tsunami de marzo de 2011, el gobierno nipón anunció en 2013 un presupuesto quinquenal llamado “el marco de los 25 billones de yenes”.
La cifra (unos 250.000 millones de dólares), superó en un 23 por ciento el Producto Interior Bruto de Perú de ese año.
Mientras todavía se encontraban cadáveres bajo los escombros, un grupo de ejecutivos de constructoras de carreteras se reunió en secreto para fijar el precio de reconstruir vías y repartirse las licitaciones.
Practicaban un método originado en el siglo XII cuando los gremios de comerciantes y artesanos se reunían para acordar los precios de los contratos de construcción y reparación de templos y santuarios, los edificios más imponentes y costosos de aquella época.
En ese entonces se consideraba una forma legal de coordinación gremial. Hoy, acordar precios y repartir contratos para dar la falsa impresión de que se compite en una licitación está tipificado como delito en el Código Penal japonés.
Las autoridades destaparon el caso y once ejecutivos de las constructoras implicadas recibieron sentencias suspendidas de no más de año y medio.
Las empresas pagaron multas millonarias, pero nadie pisó la cárcel.
Desde 2023 el gobierno nipón empezó a exigir en las obras civiles un sistema digital llamado Modelado de Información de Construcción (BIM por sus siglas en inglés).
Es una especie de réplica digital en 3D de un edificio donde cada ladrillo, tubería o cable se dibuja y se archiva con su precio de compra, material, fecha de instalación y mantenimiento.
Aunque el BIM evita errores técnicos y optimiza costos, no controla la voluntad política ni los acuerdos bajo la mesa.
En el Índice de Percepción de Corrupción, Japón ocupa el puesto 18 de 182 países clasificados por Transparencia Internacional.
Sus autoridades siguen combatiendo un problema que ha sacudido incluso a los sectores más vanguardistas, como lo demostró la detención en 2018 de dos empresarios relacionados con la adjudicación irregular de un contrato multimillonario del Maglev, el tren de levitación magnética que alcanzará los 505 kilómetros por hora.
Tecnología futurista y ejecutivos que mantienen prácticas del siglo XII.
* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.
Por Gonzalo Robledo * @RobledoEnJapon / Especial para El Espectador, Tokio
