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Acaba de fallecer en Japón Yohei Kono, exministro de Asuntos Exteriores que en el año 2000, al anunciar que Alberto Fujimori era ciudadano japonés, le dio un palmo de narices al gobierno de Lima que pedía extraditarlo para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos durante sus dos décadas como presidente. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).
En mi documental “Esperando a Fujimori” (2004), Kono aparece anunciando: “Me informan que el ministerio de Justicia confirmó que el expresidente posee la nacionalidad japonesa. No hay ningún impedimento legal para que esté en Japón”.
El exmandatario, fallecido en 2024 a los 86 años, había sido registrado al nacer en el consulado de Japón en Lima y ejercía sus derechos.
Lima alegaba que por haber ejercido el máximo cargo público de Perú, la nacionalidad predominante era la peruana.
La Interpol emitió una alerta roja y pidió a las autoridades de los países miembros colaborar en su detención.
Japón insistió en que no extraditaba a sus nacionales.
Fujimori estuvo protegido por nacionalistas que veían en él a un descendiente de japoneses que había gobernado un país occidental.
En las recepciones diplomáticas de Tokio la doble nacionalidad se volvió tendencia: la broma habitual era preguntar a los matrimonios de nacionalidades mixtas dónde estarían sus verdaderas lealtades en caso de conflicto.
Los estadounidenses hablaron de su generosa legislación que permite la doble nacionalidad a sus ciudadanos pero vigila con microscopio el conflicto de intereses de sus funcionarios en el servicio exterior.
El uso de la doble nacionalidad para evadir la justicia peruana quedó en evidencia cuando Fujimori decidió volver a intentar gobernar su país en 2005 y renovó su pasaporte en el consulado peruano de Tokio.
Partió por la noche en una avioneta fletada y al aterrizar en Santiago de Chile saltaron las alarmas.
Mientras los tribunales chilenos deliberaban sobre la extradición, Fujimori se postuló como candidato al Senado japonés —la primera vez que un expresidente extranjero intentaba acceder al Parlamento nipón— en lo que sus críticos leyeron como un último intento de blindarse con la inmunidad parlamentaria.
No funcionó.
La extradición tuvo lugar y en 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
En 2016 la doble nacionalidad volvió a dividir a la opinión pública japonesa, esta vez con dos nombres propios.
La exlíder del Partido Democrático, Renho Murata, de padre taiwanés, y Kimi Onoda, de padre estadounidense y hoy responsable de un ministerio para controlar la inmigración extranjera, tuvieron que renunciar a su otro pasaporte para confirmar su lealtad indivisible a Japón.
Nadie habló de un “efecto Fujimori”, pero cuando las dos políticas japonesas tuvieron que demostrar a sus compatriotas que no jugarían a dos bandas, el precedente llevaba dieciséis años escrito.
* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.
Por Gonzalo Robledo * @RobledoEnJapon / Especial para El Espectador, Tokio
