Las cantidades más comentadas de este mes en Japón —los US$700 millones del contrato del beisbolista Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers, y los US$3,5 millones causantes de la renuncia de cuatro ministros sospechosos de apropiación ilícita— confirmaron las moderadas proporciones de la corrupción en este archipiélago. (Recomendamos más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).
Los aficionados japoneses al béisbol celebraron la astronómica cantidad que recibirá, al cabo de diez años su paisano, un excepcional bateador y lanzador de 29 años cuyos logros técnicos, medidos con analítica digital, suscitan comparaciones con el legendario Babe Ruth.
El periódico Yomiuri imprimió una edición extraordinaria con la cifra y la repartió gratis en las calles, añorando épocas, no muy lejanas, en las que la prensa se jactaba de ser la primera en publicar primicias. Otros medios de comunicación y redes sociales calcularon el poder adquisitivo de la abultada suma, inflada aún más por la devaluación de la divisa nipona.
Si Ohtani invirtiera en el mercado inmobiliario, podría comprar más de la mitad del faraónico Estadio Nacional de Japón, donde se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, afirmó un programa de televisión.
Un periódico regional anotó que con la estratosférica cifra el beisbolista se podría pagar diez viajes a la Estación Espacial Internacional, con estadías de una semana de duración cada vez.
Circuló también un cálculo útil para capos mafiosos, líderes religiosos y otros sujetos adeptos a transportar efectivo en maletas: el monto total, apilado en billetes de 10.000 yenes, alcanzaría una altura de mil metros y pesaría unas 10 toneladas.
Los contribuyentes japoneses no habían terminado de digerir las espectaculares cantidades cuando el primer ministro, Fumio Kishida, sustituyó a cuatro ministros de su gabinete sospechosos de ocultar pagos por 500 millones de yenes (US$3,5 millones), producto del excedente de las ventas de entradas a eventos para recolectar fondos para su partido.
El Partido Liberal Democrático (PLD), fuerza conservadora que controla el poder en Japón casi sin pausa desde su fundación, en 1955, tiene una larga tradición de impunidad por una ley que facilita al Ejecutivo neutralizar investigaciones por corrupción.
En la historia de altos mandatarios del PLD sospechosos de corrupción destaca la inusual detención, en 1976, de Kakuei Tanaka, ex primer ministro acusado de haber recibido 500 millones de yenes para favorecer la compra de aviones del fabricante norteamericano Lockheed.
El caso actual afecta a la facción Seiwa-kai, la más grande y poderosa del PLD, con 99 miembros. Si la repartición fue equitativa, los diputados habrían recibido cantidades relativamente modestas, muy en regla con las expectativas de Julio César Turbay, el político colombiano del siglo pasado célebre por haber pedido “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.
Por Gonzalo Robledo * @RobledoEnJapon / Especial para El Espectador, Tokio
