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Un gobernador japonés acaba de ponerle precio a la delación y ofrece diez mil yenes (63 dólares o el equivalente a diez almuerzos de oficinista) a todo ciudadano que denuncie las empresas que contraten extranjeros ilegales. (Lea más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).
Al presentar la medida, el gobernador de la prefectura de Ibaraki, Kazuhiko Oigawa, dijo que objetivo es “proteger a los trabajadores legales”.
La vieja fórmula de trasladar la vigilancia a los ciudadanos y presentarlo como un servicio público se aplicará en esa región al nordeste de Tokio donde el 70% de los trabajadores indocumentados trabajan en el sector agrícola.
Japón envejece y continúa perdiendo población. El censo de 2024 reveló que el archipiélago se redujo en más de novecientas mil personas y se situó en 124,3 millones de habitantes.
Los extranjeros, sin embargo, aumentaron en ese año en más de un 10 por ciento, hasta los 3,4 millones. Las comunidades más grandes de empleados extranjeros tienen nacionalidad vietnamita, china, filipina y brasileña.
Delatar en Ibaraki es sencillo: basta una conexión a internet y una copia del documento de identidad. El pago se hace solo cuando la denuncia da lugar al inicio de un caso judicial.
La Asociación de Abogados de Ibaraki advirtió que el sistema abre la puerta a la discriminación racial cuando las denuncias se originan en la apariencia de una persona, sus rasgos físicos o su acento.
También temen que surjan denuncias de empresas rivales o exempleados resentidos.
El sistema evoca las Tonari-gumi, las asociaciones vecinales que el gobierno militarista nipón creó durante la Segunda Guerra para extender los ojos y los oídos del Estado dentro de la sociedad y hacer de cada ciudadano un espía.
La vigilancia civil fomentada por un Estado totalitario fue descrita por George Orwell en su novela 1984.
“No pasaba una semana sin que The Times no publicara un párrafo dando cuenta de cómo un niño que espiaba las conversaciones en su casa —‘niño héroe’ era la expresión que normalmente utilizaban— había oído algún comentario comprometedor y había denunciado a sus padres ante la Policía del Pensamiento”.
La premonitoria y cada vez más vigente obra fue publicada en 1949.
Japón se enfrenta al dilema de muchos países industrializados de aceptar inmigración o producir menos.
El gobernador Oigawa no pertenece a la casta de políticos nacionalistas que defienden discursos identitarios y rechazan de plano la inmigración. Su perfil es de tecnócrata formado en la gestión de datos con empresas como Microsoft.
Pero al presentar la vigilancia como virtud cívica y ponerle precio fijo a la delación, confirma que el Estado no necesita verlo todo si inculca en sus ciudadanos la paranoia de estar siendo espiados.
* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.
Por Gonzalo Robledo * @RobledoEnJapon / Especial para El Espectador, Tokio
