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Cuando la persecución a los opositores no tiene límites

Antes de Bielorrusia, otros gobiernos acosaron a sus críticos, violando fronteras, pactos internacionales y leyes: un periodista asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, la desaparición de iraníes en Países Bajos e incluso el envenenamiento de exespías rusos en Reino Unido.

26 de mayo de 2021 - 02:05 a. m.
Marchas pidiendo la libertad de Roman Protasevich, detenido en Minsk.
Marchas pidiendo la libertad de Roman Protasevich, detenido en Minsk.
Foto: Agencia AFP

Que Alexandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia, es el último dictador de Europa quedó confirmado el domingo pasado. Nueve años después de ser llamado así por el ministro de Relaciones Exteriores alemán Guido Westerwelle, varios gobiernos confirman que Lukashenko es un déspota capaz de inventarse una amenaza de bomba para obligar a una aeronave a aterrizar y detener a un opositor.

Lukashenko no tiene límites. Desde que llegó al poder, en 1994 (lleva 27 años y no quiere irse), ha usado todas las maniobras posibles para acabar con cualquier tipo de disidencia. Se le acusa de usar a los agentes de inteligencia bielorrusos (KGB) para perseguir, amedrentar y detener a la oposición.

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Sin embargo, el domingo cruzó todas las líneas rojas en su objetivo por demostrar que quien lo critica no se queda sin castigo. Lukashenko inventó una amenaza de bomba en un vuelo de la compañía Ryanair y hasta envió un avión de caza MiG-29 para interceptarlo y obligarlo a aterrizar.

Lukashenko infiltró agentes de la KGB en el vuelo con un solo objetivo: asegurarse de que Roman Protasevich, un periodista disidente de 26 años exiliado en Polonia, cayera en sus manos. Lo logró. Cuando el avión aterrizó, la amenaza de bomba fue desvirtuada, pero detuvieron a Protasevich. Así, sin decir una palabra.

Lukashenko lo perseguía desde 2019, cuando el periodista huyó del país. Bielorrusia lo declaró en noviembre “terrorista”, porque en su blog difundió videos, fotografías e información de la represión durante las protestas de 2020. A punta de interrogatorios, aislamiento y torturas, según denuncian algunos de los detenidos durante las manifestaciones, Lukashenko aplastó a la oposición y, a pesar de las denuncias de fraude electoral, se quedó en el poder. La movilización perdió fuerza ante las detenciones masivas, la violencia policial (que dejó cuatro muertos) y el acoso judicial a activistas y periodistas, muchos de los que han sido sometidos a duras condenas de prisión.

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Polonia se ha convertido desde entonces en un destino de la oposición a Lukashenko. Desde el año pasado, varios opositores bielorrusos llegaron a Varsovia, entre ellos la excandidata a la presidencia Svetlana Tijánosvkaya y Olga Kovalkova, que recientemente salió del país por las amenazas del gobierno.

Líderes occidentales acusaron al régimen de Lukashenko de secuestro, piratería y hasta terrorismo y pidieron nuevas sanciones contra el país. Pero al dictador no le importa. “No hay duda de que las acciones de nuestras autoridades competentes (...) cumplieron plenamente las normas internacionales establecidas”, dijo el portavoz del ministerio bielorruso, Anatoly Glaz.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la interceptación del avión de “indignante e ilegal”, Polonia denunció el hecho como “un acto de terrorismo de Estado” y Francia pidió una “respuesta fuerte y unida”.

A su vez, Estados Unidos “condenó fuertemente” la detención, y el secretario de Estado, Antony Blinken, pidió la liberación de Protasevich. “Este acto chocante perpetrado por el régimen de Lukashenko puso en peligro la vida de más de 120 pasajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses”, dijo Blinken en un comunicado.

La OTAN, por su parte, pidió una “investigación internacional” por este “incidente grave y peligroso”, indicó su secretario general, Jens Stoltenberg.

“Necesitamos acciones, no palabras. Las meras palabras de condena no son suficientes”, fustigó en declaraciones a la BBC.

Franak Viacorka, periodista y amigo de Protasevich, asegurando que este le había expresado su preocupación antes de su salida del aeropuerto de Atenas, donde dijo que lo estaban siguiendo y que temía por su vida. Bielorrusia es el único país de Europa en donde aún se aplica la pena capital, a criterio de Lukashenko.

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Este caso se suma a otros que demuestran que los líderes autoritarios persiguen a sus enemigos sin respeto de normas, fronteras ni leyes. Hay varios casos en los que, sin importar el país, actuaron para eliminar a sus enemigos, a costa de sanciones internacionales, algo con lo que aprendieron a convivir.

“En otras palabras, esta es una historia que corresponde al uso ruso de venenos radioactivos y agentes nerviosos contra enemigos del Kremlin en Londres y Salisbury, Inglaterra; el brutal asesinato por parte de Arabia Saudita de uno de sus ciudadanos dentro de un consulado en Estambul; asesinatos iraníes de disidentes en los Países Bajos y Turquía; y el secuestro y la detención en Beijing de ciudadanos chinos que viven en el extranjero y ciudadanos extranjeros de origen chino”, enumeraba la periodista Anne Applebaum en un artículo en The Atlantic .

La organización de derechos humanos Freedom House, citada por la publicación, llama a estas nuevas prácticas “represión transnacional” y ha recopilado más de 600 ejemplos, entre ellos, el caso de Jama Khashoggi, el periodista que fue asesinado en el consultado saudita en Estambul y el envenenamiento reciente de Alexéi Navalny, opositor de Vladimir Putin, el más cercano aliado de Lukashenko.

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