El caso de los 36 migrantes venezolanos desaparecidos en aguas de San Andrés

Leomarly Morón Pieruzzini (27 años), al momento de la desaparición tenía tres meses de embarazo y viajaba junto a su hija, Nicole.

Foto: Archivo Particular

El 21 de octubre de 2023, Livia recibió una llamada de su hija Leomarly, aproximadamente a las 8:00 p.m., para avisarle que ya estaba a punto de abordar la lancha IAS II desde El Cove, en la isla de San Andrés, con destino a Nicaragua. Al igual que Leomarly, miles de venezolanos han emprendido rutas migratorias ilegales para intentar llegar a destinos finales como Estados Unidos. Siendo una de estas rutas la de la isla de San Andrés, en Colombia, intentando evitar de esta manera el paso por la selva del Darién. (Más: el drama de los migrantes africanos en el aeropuerto El Dorado).

A bordo de la lancha IAS II iban 36 personas venezolanas, dos hombres chinos y cuatro colombianos (incluyendo a los dos tripulantes de la lancha), para un total de 42 personas desaparecidas hasta la fecha, que incluye a 17 menores de edad y dos mujeres embarazadas, una de tres meses y otra de ocho. Leomarly Betania Morón Pieruzzini (27 años) es una de las mujeres que al momento de la desaparición tenía tres meses de embarazo y viajaba junto a su hija, Nicole Valentina Méndez Morón (siete años), su pareja y padre de Nicole, Gonzalo Jesús Méndez Torres (30 años) y su primo Rosmer Alberto Mujimac Parra (41 años).

El 22 de octubre de 2023 fue cuando familiares lograron contactar al “guía” del viaje (conocido como Manuel, el Capi), y fue cuando este les informó, a través de un audio de Whatsapp, que habían sido dejados en Cayo Alburquerque a la espera de que llegara la lancha que les haría el transbordo hasta Corn Island, en Nicaragua, y que les había enviado comida. Intentando un nuevo contacto el día lunes 23 de octubre, fue cuando este “guía” les dijo que la información que circulaba sobre unos migrantes desaparecidos se trataba de sus familiares, y luego no volvió a dar más respuestas.

Según un informe de la Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGN), de octubre de 2023, los migrantes llegan a esta zona a través de “planes turísticos” conocidos como “paquetes VIP”, que se ofrecen a través de redes sociales o páginas de internet y cuyos costos van desde los US$1.500 a US$5.000. Una ruta migratoria, según la PGN, que ha aumentado desde 2019, en su mayoría por venezolanos.

Sobre este caso, los entrevistados señalaron que algunos de sus familiares habían adquirido paquetes de viaje que incluían transporte y boletos aéreos; otros se trasladaron por su cuenta a San Andrés y pagaron solo paquetes de hospedaje, comida y el traslado en lancha. El costo mínimo de viaje estaba en US$$1.000 hasta Nicaragua y entre US$4.500 y US$5000 hasta México.

Entre los riesgos detectados en esta ruta por el informe de la PGN se encuentran los traslados en lanchas pequeñas e inseguras de un solo motor, carencia de chalecos salvavidas y la falta de instrumentos de comunicación. Durante estos trayectos los migrantes se enfrentan, además, a posibles naufragios, a redes de narcotráfico y posible reclusión o trata de personas.

La PGN informó de la existencia de cinco rutas migratorias: “Ruta 1: San Andrés - Corn Island (Nicaragua) - Bluefields (Nicaragua). Ruta 2: San Andrés - Bluefields. Ruta 3: San Andrés - Pearl Lagoon (Nicaragua). Ruta 4: San Andrés (Cayo Pescador) - Cayo Albuquerque - Bluefields. Ruta 5: San Andrés - Cayo Albuquerque -Corn Island - Bluefields”.

La PGN señala que la Armada Nacional de Colombia ha rescatado en alta mar a más de 800 migrantes en aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre junio de 2022 y julio de 2023, que provienen de países como Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladesh, Bielorrusia y Bosnia.

Entre las diversas gestiones realizadas por los familiares para conseguir información de las personas desaparecidas, estos sostuvieron una reunión con la procuradora general, Margarita Cabello, en Bogotá, en donde se confirmó la cifra de 59 migrantes venezolanos desaparecidos en 2022, más los 36 del 21 de octubre de 2023, lo que da un total para la fecha de 95 venezolanos desaparecidos en estas rutas marítimas, de acuerdo con los registros.

-“Eso no fue un naufragio porque no ha salido nada”.

Así, los familiares niegan que lo ocurrido haya sido un naufragio. Mucho menos cuando realizaron rastreos en el GPS que arrojaron que uno de los celulares retornó a San Andrés 20 minutos después de haber zarpado la lancha IAS II. Otro teléfono indicó que se encontraba cerca del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Otros muestran actividades recientes en redes sociales, como Facebook, cambio en las contraseñas y respuestas con stickers cuando los familiares escribieron por Messenger.

Como el caso del teléfono de Gonzalo Jesús Méndez Torres (30 años), cuyos familiares lograron revisar las últimas sesiones abiertas de Facebook, que señalaban que luego de la conexión en San Andrés, a las 7:39 p.m. del 21 de octubre de 2023, hubo otra conexión en Bogotá a las 00:00 el 22 de octubre. Los familiares denuncian que reciben llamadas de números desde Nicaragua solicitándoles dinero para darles información, o como el caso de Wilson, la pareja de Dylimar Dilyanni Guevara Moreno (31 años), quien viajaba con sus hijos Edwin Guevara (tres meses) y Endry Rafael Vásquez Guevara (13 años), quien tres semanas después de la desaparición recibió contacto a través de Whatsapp, donde le decían que tenían a Dylimar en el Darién, y que ella y el bebé estaban enfermos, por lo que le pidieron US$145 para trasladarlos al hospital más cercano. Pero luego de pagar no recibió más información.

-“Escucharlo y vivirlo son dos cosas muy diferentes. Los días pasan, las horas pasan. Es una zozobra”.

Por redes sociales circuló también una fotografía de ocho pasaportes y dos cédulas venezolanas, pertenecientes a nueve de los familiares desaparecidos, los cuales se aprecian secos y en buen estado, encontrados al parecer por unos pescadores en la isla El Limón, en Costa Rica, 11 días después de la desaparición, pero los familiares dicen que luego fueron retiradas las fotografías y no saben lo que ocurrió con dichos documentos.

Para el 30 de noviembre de 2023 la plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), de acuerdo con datos suministrados por países receptores, registra un total de 7.722.579 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo. Mientras que en América Latina y el Caribe registran 6.538.756, en Colombia el registro es de 2.875.743 personas. Pero ninguna de estas cifras incluye a migrantes en situación irregular.

En las entrevistas realizadas con las familias de los desaparecidos, todos coinciden en que sus familiares decidieron viajar en búsqueda de mejores condiciones, debido a que no contaban con salarios suficientes que les permitieran tener una calidad de vida digna en Venezuela.

Desde esa última llamada de Leomarly, Livia Pieruzzini no supo más nada de ella ni del resto de su familia, quedando a la espera de que le avisara cuando llegara a Nicaragua, como le había dicho.

-“No he sabido más nada de ellos. San Andrés no hace nada”.

Los familiares denuncian no obtener respuestas ni avances en las investigaciones por parte de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), ni de la Fiscalía de San Andrés, razón por la cual sostuvieron una reunión donde interpusieron ante Hugo Tovar, fiscal especializado contra las violaciones a los derechos humanos, una solicitud para que conozca del caso.

-“Hemos entregado suficiente material, no solo por la investigación, sino para detener gente”, declararon los familiares, quienes han conformado el Comité Internacional de Familiares y Amigos de Migrantes Desaparecidos en Colombia para realizar gestiones en conjunto.

El mencionado informe preventivo de la PGN plantea 30 recomendaciones a 13 entidades, en aras de hacer frente a esta problemática, sin que a la fecha, de acuerdo con la PGN, se constaten avances de las entidades para controlar la situación. Se señala, además, en el informe que “no se había identificado un liderazgo efectivo de las autoridades territoriales para visibilizar las dinámicas de afectación de la población migrante en tránsito en la isla ante las autoridades del nivel nacional, pues no cuentan con planes o estrategias para acompañar y garantizar los derechos de las familias con necesidades de protección internacional.

“Evidenciamos la falta de respuesta institucional. No se advierte el ejercicio de liderazgo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria”, aseguró durante su intervención en la presentación del informe preventivo sobre la situación migratoria en San Andrés.

“No existen controles por parte de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) frente a las labores de verificación de identidad de las personas extranjeras que ingresan a la isla ni estrategias de articulación con la Policía Nacional y Migración Colombia frente a los flujos migratorios registrados en la visita”.

La Procuradora General hizo también un llamado durante el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson en Barranquilla, y pidió a los representantes de Panamá, Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México trabajar mancomunadamente por los derechos humanos de los migrantes y, de manera paralela, combatir delitos transnacionales derivados, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, la inducción a la prostitución y el lavado de activos, que según sus declaraciones, están siendo liderados como fuentes de ingresos ilícitas por grandes organizaciones criminales.

Un tema para nada fácil, ya que en septiembre de 2023 Migración Colombia, mediante un comunicado, rechazó las amenazas realizadas a su directora regional por bandas delictivas dedicadas al tráfico de migrantes a los pocos días de asumir el cargo.

* Miembro del equipo de prensa / community manager / investigadora del Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH (PROVEA).