En las últimas horas de este domingo, 25 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció el allanamiento a la vivienda y posterior detención de la periodista Carmela Longo por parte de la Policía Nacional Bolivariana.
Hacia las 2:30 p.m., el Sindicato denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que la Policía Nacional Bolivariana habría llegado a la vivienda de Longo, ubicada en Caracas, con una orden de allanamiento. Media hora después, la organización gremial publicó un video en el que, denuncian, se ve como uniformados de la Policía se llevan detenida a la periodista y a su hijo, así como computadores.
Al conocer los hechos, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), señaló a través de su cuenta en X: “registro con preocupación la detención de la periodista Carmela Longo. Continúa la represión contra el periodismo en Venezuela”.
Vaca también pidió a “la comunidad internacional que cree en la democracia debe condenar la represión y exigir liberación de personas detenidas”.
Como hemos reseñado en otras notas, de acuerdo con asociaciones civiles que promueven las libertades informativas en Venezuela, desde el 28 de julio, día de las elecciones, se han documentado entre 79 y 88 casos de vulneración de la libre expresión.
Estos abusos no solo incluyen a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, sino a ciudadanos cuyas libertades de expresión se vieron vulneradas, especialmente en conversaciones privadas y redes sociales.
Según informó recientemente el Sindicato, no se conoce el paradero de Longo y exigieron que se respeten sus derechos. El martes de esta semana, la comunicadora dio a conocer que tras 20 años de trabajo, el conglomerado de medios ‘Grupo Últimas Noticias’ había decidido despedirla. Longo también es delegada voluntaria del SNTP.
Para el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), lo que ha venido pasando con la prensa tras las recientes elecciones en Venezuela, “pone en evidencia un recrudecimiento sistemático de represión y control sobre la información de interés público Venezuela”.
De hecho, como contamos en este artículo, el gobierno de Nicolás Maduro retomó la anulación de pasaportes a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en medio de la crisis política que enfrenta Venezuela tras la realización de la elección presidencial.
De acuerdo con el activista venezolano Carlos Correa, quien dirige la organización no gubernamental Espacio Público, se han documentado al menos 16 casos de periodistas y defensores de derechos humanos con pasaportes anulados entre el 29 de julio y el 8 de agosto.
