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Lo que hagan las potencias europeas en relación al conflicto palestino-israelí también puede sellar la suerte del orden internacional. Como en muchos otros temas, en la Unión Europea imperan las visiones más disímiles. Incluso en un mismo país es posible ver posiciones contradictorias. Hay países europeos que están en la lista negra de Israel por expresar solidaridad ante el sufrimiento del pueblo palestino. El caso más significativo es el de Irlanda. Están los que reconocen diplomáticamente a la Autoridad Palestina como un estado con plenos derechos, pero en este grupo hay algunos que han dado un viraje político muy a la derecha y rechazan la condena a la ocupación de los territorios palestinos, como sucede con Chequia y Hungría. Polonia es un país que reconoce a Palestina y condena su ocupación, pero que le hizo una invitación a Benjamin Netanyahu, a pesar de la orden de detención en su contra proferida por la Corte Penal Internacional, para que asistiera a la ceremonia de conmemoración de la liberación de Auschwitz. Y está Alemania cuya política es no reconocer a Palestina sin el consentimiento de Israel.
Alemania es un caso patológico de subordinación voluntaria a los dictados de una coalición de extrema derecha en Israel cuyo propósito último es la extinción del pueblo palestino. La patología alemana es manifiesta en su incapacidad para distinguir entre, por un lado, el Estado de Israel –cuya existencia hace parte de la “razón de estado” (la razón de ser) del Estado alemán– y, por el otro, el gobierno extremista que lo dirige actualmente. Cualquier observador puede entender que el exterminio de una tercera parte de la población judía mundial a manos de los nazis signifique para Alemania el compromiso histórico de apoyar un Estado judío. Lo que muchas personas no podemos entender es porqué extiende ese apoyo a un gobierno que quiere exterminar a otra población con fundamento en una creencia religiosa particular y una ambición político-territorial, y en total violación de los principios del derecho internacional.
Hay un elemento adicional que hace la posición de Alemania mucho más precaria y cuestionable. El Imperio Alemán es responsable del primer genocidio del siglo veinte. Bajo las órdenes del general Lothar con Trotha, las tropas alemanas enviadas al territorio de lo que hoy es Namibia exterminaron al ochenta por ciento de la población Herero y Nama. En la conciencia alemana, este genocidio no ocupa el mismo lugar que tiene el Holocausto judío. Muchos alemanes no tienen ni idea de su ocurrencia. No hay ningún esfuerzo sistemático por recordarlo, lo cual es evidencia de la desigual capacidad cultural para llevar la narración de su sufrimiento a la esfera pública del pueblo judío y de los pueblos Harara y Nama. Mas no es sólo esa desigualdad la que hace cuestionable la actitud alemana. El continuo reporte de las muertes de personas civiles en Gaza se ha convertido en la prueba palmaria del doble estándar alemán, de que hay víctimas por las cuales Alemania hace escándalo y otras por las cuales guarda un indiferente silencio.
Si los países que conforman la Unión Europea fuesen serios en su compromiso con los derechos humanos y con las instituciones internacionales que han ayudado a construir para asegurar su vigencia, entonces tendríamos que ver tres compromisos de parte de los países hasta ahora renuentes a asumirlos: el cumplimiento incondicional de las órdenes de arresto proferidas por la Corte Penal Internacional contra los líderes de Hamás y de Israel; el apoyo al caso iniciado por Suráfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio; así como el apoyo a la opinión consultiva de la misma Corte Internacional de Justicia acerca de la ilegalidad de la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel. A estos tres compromisos es preciso agregarle otro: el reconocimiento diplomático de Palestina por parte de aquellos estados europeos que no lo han hecho como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Grecia, Dinamarca y los países bálticos.
Donald Trump le mostró al mundo en estos días que concibe las relaciones internacionales bajo el modelo de las transacciones inmobiliarias. Su plan de convertir a Gaza en “la Riviera” del Mediterráneo, luego de desplazar masivamente a la población palestina que considera ese territorio su hogar, ha sido rechazado por el mundo árabe. Esta oferta fue formulada luego de las ceremonias desafiantes en las que Hamás mostró que Israel, a pesar de matar indiscriminadamente a miles de personas y destruir totalmente la infraestructura civil, no consiguió el objetivo central de destruir a su enemigo. El presagio de lo que viene después del intercambio de rehenes es una intensificación de la campaña israelí con el apoyo irrestricto de Estados Unidos.
La falta de voluntad de la Unión Europea y de la mayoría de países que la conforman para contener el genocidio en Gaza, y su posible reanudación, hace que todas sus declaraciones a favor de un orden internacional basado en el respeto de los derechos humanos tornen a ser puras voces vacías o, para decirlo más pedestremente, meras palabras en papel mojado. El Sur global ha visto cómo actúan las principales potencias europeas. No necesita de promotores del odio para pensar que lo hacen de acuerdo con el viejo libreto colonial de que las vidas que vale la pena defender son las de aquellos que tienen menos melanina en la piel.
Todo esto puede tener enormes consecuencias en el diseño de futuras instituciones del gobierno global. En el llamado Tercer Mundo, ya no hay paciencia para quienes predican, pero no aplican. El tema es que los promotores del cinismo, amparados en una visión supuestamente realista de las relaciones internacionales, tienen todas las oportunidades para continuar justificando regímenes brutales de todo tipo: tanto los totalitarismos de China y Rusia, como los despotismos cleptocráticos, al estilo de los de Nicaragua y Venezuela. Muchos que sueñan con un mundo multipolar no quieren enfrentar las consecuencias de esta realidad de pesadilla.
Hay, desde luego, un camino medio, como el que abrió la coalición de la cual hacen parte México y Brasil, de prohibir las armas nucleares. Se trata de una prohibición que afecta a los beneficiarios del orden internacional que hoy está en crisis (Estados Unidos, Reino Unido y Francia), a quienes quieren rehacer ese orden a su favor (Rusia y China), así como a quienes han puesto su confianza en la capacidad de chantaje de las armas nucleares (India, Pakistán, Israel y Corea del Norte). En línea con esta iniciativa, sería preciso fortalecer las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos lo cual significaría, entre otras cosas, resguardar a la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, que enfrentan la arremetida del gobierno de Donald Trump. La alternativa es la ley de la jungla.
* Abogado y Ph D en ciencia política. Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.