África, el desafío

África no es el origen, pero sí el desafío. Por allí pasan, cada vez con más frecuencia, los cargamentos de cocaína procedentes de América que buscan surtir el mercado europeo de las dogas ilícitas y en el que por un kilogramo de cocaína se pueden pagar hasta 142.180 euros. Más de $360 millones, al cambio actual. Unas 9.479 dosis, al decir de la Comunidad de Policía de América (Ameripol), que en asocio con la Unión Europea presentarán mañana la más grande investigación sobre las dinámicas del negocio del narcotráfico hacia Europa y hará especial énfasis en la necesidad de frenar el tránsito de drogas por países como Senegal y Guinea Bissau.

Aunque el trazado general del uso de África para hacer llegar el ilegal producto hacia mercados como el español ya había sido documentado, los esfuerzos conjuntos de las 30 policías afiliadas a Ameripol permitieron conocer el detalle de su modus operandi, que básicamente saca provecho de las debilidades internas de África Occidental. Así, cerca de una veintena de países como Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali o Sierra Leona suman ahora a sus históricas tragedias el lastre de estar en el mapa de las drogas.

Pero el fenómeno no sólo se debe a la debilidad de esos países en sus sistemas democráticos. De hecho, la fragilidad institucional que atrae a los narcotraficantes también puede convertirse en un problema para el negocio, como acaba de ocurrir en Mali con la reciente suspensión de conversaciones entre el gobierno y los rebeldes tuareg. Lo paradójico es que el narcotráfico ha sabido moverse con agilidad para sobrevivir a todas estas turbulencias y siempre encuentra dónde echar raíces.

De todas maneras, existe cierto grado de relación entre los mayores controles y decomisos de cargamentos de drogas en la ruta hacia Estados Unidos y el auge del narcotráfico hacia Europa por la vía africana, que ya no sólo se hace por la vía de Marruecos, aunque ésta conserva hegemonía para el ingreso de hachís a España. Lo que se ha vuelto común es el uso de la ruta aérea en vuelos comerciales, especialmente de Senegal y Nigeria. Los cargamentos en aviones privados o avionetas pueden superar las dos toneladas, como lo demostró la interceptación, en julio de 2012, de una aeronave que salió de Venezuela con escala en Mali. Cinco años atrás, en el aeródromo de isla de Margarita (Venezuela), ya había sido detenida otra con similar cantidad de droga que pretendía viajar a Sierra Leona.

En la ruta africana también está en auge el uso de “mulas”, cuyo perfil  es claro ya para los europeos: hombre, de nacionalidad nigeriana, con una edad media de 33 años (entre 24 y 41 años) y proveniente de vuelos desde Senegal.

 Hasta esos países llega  el alcaloide despachado por Brasil o Venezuela,  en donde los  narcos, de todas maneras, mantienen  rutas directas -por mar o aire- hacia las ciudades europeas, como quedó en evidencia el jueves, cuando otro avión fue detenido en París con dos toneladas de cocaína empacada en Maiquetía, Venezuela.   

La embajadora de la Unión Europea en Colombia, María Antonia va Gool, asegura que este tráfico se ve facilitado por la falta de cooperación interregional y admite que lleva aparejado “un volumen cuantioso de flujos financieros ilegales que desempeñan un papel decisivo en la ocultación, el blanqueo de capitales y la inversión de ganancias de origen delictivo”. Europa reconoce la necesidad de alianzas, continúa la embajadora, para quien la falta de cooperación internacional, las incoherencias internas de las normativas, los obstáculos políticos y el desgobierno de los mercados financieros globales en materia de seguridad terminan nutriendo el tráfico ilícito de drogas.

El documento de Ameripol y la Unión Europea tiene el diagnóstico, pero no se compromete con cifras acerca de la cantidad de coca que llega a Europa o es decomisada por la vía africana. De hecho, las que ofrece sobre la presencia de cultivos ilícitos en Colombia llegan hasta 2011 (casi 64.000 hectáreas), mientras que el más reciente monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen (ONUDC), publicado el 22 de septiembre pasado por El Espectador, trae ya las de 2012. Ese año había en Colombia 48.000 hectáreas de cultivos de coca. 

El valor del informe de Ameripol no está tanto en que ofrezca la mayor actualidad sobre la realidad del flagelo en Colombia (aunque da cuenta de la tendencia a la baja de los cultivos ilícitos  y la dificultad para erradicarlos en el sur del país), sino en que presenta  la situación de la subregión latinoamericana en relación con  África y Europa. 

En palabras del general Rodolfo Palomino, presidente de Ameripol y director de la Policía de Colombia, la respuesta a estos nuevos desafíos no puede estar exclusivamente en los esfuerzos de la Policía, sino que exige un compromiso cada vez mayor “del sector científico-académico con miras a contribuir al diseño de soluciones más complejas”. 

Una conclusión que parece reñir con el numeral cinco de las recomendaciones que el propio informe de Ameripol plantea (página 158), el cual señala como fundamental “que sean las policías las que emitan informes de drogas a nivel regional y global, ya que los datos que se manejan son objetivos y no caben posibles desviaciones del propósito marcado...”. 

Curiosamente, la conclusión de Palomino  se aproxima más a las reiteradamente planteadas esta semana por los expertos internacionales que participaron en el foro sobre drogas ilícitas de la Universidad Nacional y la ONU, que recogió opiniones para nutrir los diálogos de paz Gobierno-Farc. 

En dicho foro (que tendrá segunda parte del 1° al 3 de octubre, en San José del Guaviare) se abogó por el reconocimiento de otras miradas que contribuyan a la búsqueda de una solución al problema, ante la imposibilidad de lograrlo con el enfoque exclusivo del problema de seguridad, que lleva 40 años de aplicación en el hemisferio occidental.