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El Ejecutivo español y el Poder Judicial atraviesan una nueva crisis de enfrentamientos, esta vez por la decisión de un juez de procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Esto ha suscitado fuertes críticas de ministros relevantes, respondidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, así como asociaciones profesionales de magistrados que las consideran “inadmisibles”.
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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, criticó el lunes el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, que da por terminada la investigación sobre Gómez, relacionada con su actividad como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
Bolaños opinó que la instrucción del sumario por parte de Peinado “ha avergonzado a muchos ciudadanos, a muchos jueces y magistrados” de España y ha causado un daño “irreparable” a la justicia. “Un tribunal imparcial” lo revocará, apuntó el ministro.
Este martes, la comisión permanente del CGPJ recordó la necesidad de respetar las decisiones judiciales, aunque no es la primera vez que el Poder Judicial reprocha que el gobierno no siempre lo haga.
Una de las más sonadas fue en septiembre del año pasado, con motivo de la apertura del año judicial, después de que Sánchez hubiera asegurado en una entrevista televisiva que “hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”.
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La respuesta entonces de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, fue contundente. En su discurso, en presencia del rey Felipe VI y del propio ministro Bolaños, rechazó las “inoportunas” e “insistentes descalificaciones” a la justicia por parte de otros poderes públicos.
“Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie”, subrayó.
Tres ministros se manifestaron de manera similar sobre el procesamiento de Gómez en la rueda de prensa de hoy posterior a la reunión semanal del Gobierno.
El más claro fue el responsable de Transportes, Óscar Puente, que pidió a los ciudadanos que se pregunten si hay causas judiciales “que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente”.
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Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, insistió en la inocencia de la mujer de Sánchez y criticó el auto del juez Peinado porque tiene párrafos “que van más allá de lo jurídico”.
Más concretamente, Bolaños aludió a la comparación que Peinado hizo entre Sánchez y el rey absolutista Fernando VII, fallecido en 1833.
“Afortunadamente, hoy España es un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho”, indicó.
Recordó que el CGPJ lleva once meses investigando las quejas que él mismo presentó por las “irregularidades” del juez Peinado en la instrucción de este caso, en la que Bolaños tuvo que declarar como testigo, y consideró que “deberían ir resolviéndose”.
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En otro caso, el hermano de Sánchez está procesado por prevaricación y tráfico de influencias en relación con un cargo que ocupó en la Diputación (gobierno provincial) de Badajoz.
Al margen, el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, miembro de los gobiernos de Sánchez hasta 2021, es juzgado estos días, con otros acusados, por corrupción en las adjudicaciones de contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.
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