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Claudia Arias* tiene 23 años, es maquilladora y ha transcurrido casi un lustro desde que dejó Colombia huyendo de la violencia de las calles bogotanas. Salió del país en 2016 y en su exilio ha convivido con la adversidad en tres países, pero no imaginaba que sería España, destino en el que tenía depositadas mayores esperanzas de futuro, donde sufriría la peor pesadilla de su periplo. Allí vivió durante cinco meses rodeada de cartones, cucarachas e inmundicia en un restaurante de Madrid. La mitad de ese tiempo pernoctó en la cámara frigorífica del local.
Claudia llegó a España a finales de 2019, tras varios intentos fallidos en su búsqueda de trabajo por Francia y Ecuador. Fue agredida y amenazada por bandas callejeras en Bogotá, hoy es solicitante de asilo y pide que no se revele su nombre real. En diciembre encontró un anuncio de alquiler de habitaciones en una plataforma virtual y se puso en contacto con Julia, una ciudadana boliviana de 59 años que le ofreció alojamiento por 300 euros al mes (alrededor de $1’200.000) en un barrio de Madrid.
Parapetada tras gafas de sol y mascarilla, atuendos que impiden que la cámara reconozca su rostro, cuenta su historia desde el exterior de un centro para solicitantes de asilo en Madrid. Su voz suena frágil y amenaza con quebrarse en varios momentos de la conversación.
“Cuando llegué al restaurante no me lo creía, se suponía que era algo privado. Solo veía armarios, plásticos… Para entrar en mi habitación había un cartón y no encontré nada de lo que ella me había dicho”, describe Claudia.
Encerrados en condiciones infrahumanas
Ese día, nada más entrar por la puerta del local, Claudia descubrió que no era la única víctima de Julia. En el restaurante El Buen Gusto, donde también vivía la propietaria, se hacinaban en condiciones insalubres personas de diversas nacionalidades, entre ellas dos bebés de menos de un año. Los “arrendatarios” dormían en espacios de apenas metro y medio de largo, en colchones ubicados en la misma barra del bar, bajo la campana extractora e incluso en los aseos.
El perfil de los inquilinos siempre era el mismo: personas que, como Claudia, huyen por problemas relacionados con los altos índices de criminalidad en sus países de origen o por la violencia vinculada a conflictos armados. Allí había ciudadanos de Colombia, Venezuela, Honduras, Filipinas…
Cuenta Claudia que en esos momentos le quedaban “pocos ahorros” y aceptó quedarse “por desesperación”. La pesadilla se hizo insoportable cuando le dijo a la casera que ya no podía abonarle los 300 euros iniciales y entonces fue trasladada a “una habitación más económica”. Ese fue el eufemismo que Julia utilizó para referirse a la cámara frigorífica.
“Los primeros días allí fueron duros, no solo por el lugar, sino porque además me robaron mis pertenencias, todo lo que tenía. Ella, además, me quitó la llave del baño y tenía que orinar donde los hombres. Yo salía temprano, para no estar allí, en ese ambiente horrible”, explica entre sollozos.
Julia llegaba a exigir hasta 400 euros por alquiler, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, todos migrantes sin documentación. El expolio de Julia no se quedaba ahí: cobraba 10 euros extra por la conexión a internet y exigía a cada inquilino 50 euros por el empadronamiento, un trámite que en España es gratuito.
La suma de todos los alquileres suponía a finales de mes unos ingresos de más de 8.000 euros para el bolsillo de la propietaria boliviana, según los inquilinos entrevistados. A cambio de esa cifra ofrecía colchones en lugar de camas, cortinas por tabiques y una cámara frigorífica como habitáculo. Un negocio redondo.
Amenazas de deportación
Sí, Julia tosía en los guisos que cocinaban los inquilinos con la intención de contagiarlos. Por si eso fuera poco, cuando vio que algunos de ellos no podían asumir el pago del alquiler, recurrió a conocidos que actuaron como esbirros para amenazar a los inmigrantes con “llamar a la policía” para que los deportaran.
“Aquellas personas nos contaban su historial criminal para infundirnos temor y para que no acudiésemos a la policía a denunciar esa situación. Por la noche bebían, fumaban y yo tenía que aguantar sus fiestas hasta las 6 de la mañana, porque si no tomaban represalias. Era algo aterrador, no apto para humanos”, lamenta Luis.
Luis, Claudia y el resto de inquilinos, al no conocer la legislación del país y sus derechos como refugiados, no estaban seguros de denunciar la situación, una circunstancia que Julia aprovechaba para utilizar todo tipo de coacciones.
España es, con más de 3.500 solicitudes por semana, el país de la UE que más demandas de asilo recibe en 2020, con Venezuela y Colombia a la cabeza, según datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. El Estado está obligado a ofrecer acogida a todos los solicitantes sin recursos, pero ninguno de los residentes de El Buen Gusto fue informado de ello.
La pesadilla acabó, por fin, el día que Luis y Claudia se armaron de valor y decidieron llamar a la policía. Cuando llegaron al local, el pasado 21 de abril, los agentes no tardaron en averiguar que Julia ya tenía antecedentes por casos similares. Hoy se enfrenta a cargos por favorecer la inmigración ilegal, coacciones y delitos contra la salud pública. El dueño del inmueble también fue arrestado por estos cargos, según una nota difundida por la Policía Nacional el 24 de abril..
“Nueva normalidad”
Desde su “nueva normalidad” en un centro para solicitantes de asilo, Luis y Claudia han vivido las últimas semanas con alivio. Disponen de viviendas equipadas para satisfacer sus necesidades básicas (cocina, aseos, dormitorios, TV…) y esperan a que se tramiten sus peticiones de acogida. Por fin se les trata como a seres humanos.
“Lo primero que se tramita es una carta blanca, la justificación de la solicitud de protección internacional, y luego pasan a la tarjeta roja, que es la vía para acceder a permiso de residencia y trabajo”, explica Gemma Polvorinos, coordinadora de Emergencia Temporal de Solicitantes de Asilo del Ayuntamiento de Madrid.
De los centros de primera acogida saltan a otros centros, donde “formalizan su demanda de empleo, reciben orientación laboral y realizan talleres para desenvolverse en el proceso de búsqueda de trabajo”, añade.
En el momento en que se redacta este reportaje, Luis y Claudia ya han sido trasladados a dos de esos centros. Allí empezarán de cero y afrontarán de nuevo un futuro incierto, aunque esta vez lo harán con garantías institucionales.
Un futuro que para la bogotana pasa por traer a España a su hijo de siete años, que está al cuidado de su abuela en Colombia. “Puede estar corriendo peligro allá, pero ahorita con la pandemia es difícil traerlo”, lamenta Claudia.
Luis, en cambio, sueña con volver a Colombia cuando su situación mejore. Allí le aguardan su hija, su hermana y su sobrino en un pequeño municipio a las orillas del río Naya. “De España ahora espero tranquilidad, pero extraño mucho a mi familia y quiero volver a verlos lo más pronto posible”, comenta.
Ambos, eso sí, miran al mañana cargados de optimismo. Una esperanza inconcebible semanas atrás, cuando amanecían a diario rodeados de miseria.
Por Dávide Casasús y Pablo Gracia - Especial para El Espectador
