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No olvidemos que los aeropuertos siguen siendo eso: terminales donde multitudes de historias y destinos se cruzan. Personas que van, otras que vienen, algunas extraviadas y otras a la deriva.
Ese fue el caso de Sebastián, un niño de 11 años, y su madre, María, de 33 años, en estado de embarazo. Ellos hacen parte las más de 200 personas que duermen cada noche en la gigantesca Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, según un reciente informe del diario El País, que cambió los nombres por petición de la fuente.
Su sitio confiable para pasar la noche era el McDonald’s, abierto 24 horas, que cuenta con sillones lo suficientemente acolchados para lograr algunas horas de sueño, además de tener enchufes en donde pueden cargar sus dispositivos electrónicos para enfrentar el día siguiente (junto con un aseo en los baños del aeropuerto).
La historia del diario español expone la situación de muchas familias en grado de vulnerabilidad y el nivel de respuesta de los responsables de las ayudas sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Cuenta que el 1.° de noviembre de 2024, María y Sebastián fueron desalojados de la habitación que compartían en un apartamento en el que pagaban 550 euros. Esto ocurrió después de que María perdiera su empleo como conserje, cargo que podrá recuperar el 28 de enero tras finalizar su “excedencia”, “una situación de suspensión del contrato de trabajo a solicitud del trabajador” hasta nuevo aviso, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España.
Desde entonces, se habrían desplazado entre el aeropuerto y una parroquia en Nueva Numancia, en donde les ofrecieron un colchón hasta el 6 de enero. Allí, María intentó generar ingresos vendiendo tortas de queso los domingos. Sin embargo, debido a la humedad del lugar, que agravó el asma de Sebastián, tuvieron que marcharse y regresar a Madrid-Barajas.
María, quien llegó a España desde Bolivia cuando tenía ocho años, aseguró que ha intentado conseguir apoyo en varias ocasiones ante su situación de no tener un techo para dormir. No obstante, se ha encontrado con el yugo de la burocracia. Acudió a los servicios sociales (Samur) en busca de ayuda.
El Ayuntamiento de Madrid define en su página oficial los objetivos del Samur Social: “Proporcionar información telefónica sobre los servicios sociales. Intervenir en todas aquellas situaciones de emergencia/urgencia social, tanto individuales, familiares, como colectivas, producidas en la vía pública, en domicilios particulares o cualquier otro lugar del municipio”. Sin embargo, María afirma que acudió a la organización tres veces y cinco a los Servicios Sociales sin obtener respuestas concretas.
Según el Ayuntamiento, reporta El País, se le denegaron los recursos de emergencia porque “ha incumplido los objetivos acordados en anteriores planes de intervención” y es considerada una persona “conflictiva”. Durante tres meses, el caso de la familia permaneció “en valoración”. También, se presentó sin éxito a programas de solución de vivienda.
Su desesperación por no tener un lugar apropiado en donde darle estabilidad a su hijo llegó al punto de considerar entregar temporalmente a Sebastián a los servicios sociales, pero desistió tras ser advertida de que recuperarlo después sería “casi imposible”.
Mientras tanto, el niño continuó escolarizado en un colegio concertado de Puente de Vallecas, según la versión de la madre dada al diario español. Dice que allí puede acudir al comedor “sin pagar”. Por las tardes, ambos acudían a una biblioteca cercana para que Sebastián pueda hacer sus tareas escolares en una tablet.
Menos de 24 horas después de que el diario El País se enterara del caso y le consultara al Ayuntamiento sobre la situación de la familia, se les notificó que serían trasladados a un piso tutelado en el barrio de Eugenia de Montijo, donde convivirán con dos familias más durante al menos tres meses.
Según el Ayuntamiento, la decisión se tomó debido al “alto grado de vulnerabilidad” de la familia, agravado por el embarazo de riesgo de María. Al día siguiente le entregaron las llaves de su nuevo hogar temporal.
Este caso, según la publicación, pone de manifiesto las grietas del sistema de ayudas sociales actuales en Madrid. Ni el Ayuntamiento ni las organizaciones que gestionan estos recursos han ofrecido datos concretos sobre la disponibilidad de cupos en los centros de emergencia ni sobre qué ocurre con menores cuyos padres no cumplen con los requisitos establecidos.
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