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El caso Maricarmen Abascal y los días que están por venir en España

El desahucio y la posterior muerte de una mujer de 87 años provocaron uno de los capítulos de mayor convulsión social y política de los últimos tiempos en España.

Ambiente en la acampada protesta contra la crisis de la vivienda en la Puerta del Sol en Madrid. EFE/ Daniel González
Foto: EFE - Daniel Gonzalez
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Hay vientos fuertes que están soplando en Europa. No es solo el otoño, son también las protestas que están apareciendo en las portadas de los diarios y ocupando las agendas de los medios y los gobiernos. Mientras en Francia y Bélgica hay protestas por la educación y los ajustes económicos, en España hay una población que ha manifestado su rechazo a un caso que puso en evidencia un problema, al parecer estructural, con la vivienda: el de Maricarmen Abascal, quien fue desahuciada de su casa a los 87 años, el pasado 23 de septiembre, y falleció en un hospital el 7 de octubre, antes de poder regresar a su vivienda.

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Masivas movilizaciones en distintas ciudades de España, intensos debates en la Asamblea de Madrid y una marcada polarización que se traslada a las calles y a las redes sociales han provocado tensiones sociales que podrían derivar en cambios. En el plano político, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció, en medio de esta coyuntura, el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.

¿Qué pasó con Maricarmen Abascal y por qué este caso desató un debate social y político en España?

Hay que retroceder en el tiempo, mucho más allá del pasado septiembre. Debemos remontarnos a 1956, época en la que España tenía un régimen de alquileres que permitía mantener contratos durante períodos prolongados, aunque con condiciones de actualización de la renta distintas de las actuales. Eran los llamados contratos de «renta antigua».

El padre de Maricarmen Abascal había firmado uno de ellos. Tras su muerte, el contrato pasó a su esposa y luego a la protagonista de esta historia. Durante casi dos décadas, Maricarmen pagó cerca de 500 euros mensuales, además de los gastos correspondientes a la vivienda.

Sin embargo, la situación dio un giro en 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión adquirió la propiedad en la que vivía Maricarmen. La empresa cuestionó el contrato y reclamó un incremento de la renta, que pasaría de 500 a 2.650 euros mensuales.

El caso terminó en los tribunales españoles y la discusión se centró en la validez de las sucesivas subrogaciones del contrato, lo que, en otras palabras, implica el derecho de los familiares a continuar ocupando una vivienda bajo ciertas condiciones después de la muerte del titular original. El Tribunal Supremo, que tuvo la decisión final, avaló la finalización del alquiler.

Para la empresa, el asunto consistía en recuperar un inmueble mediante un procedimiento judicial. Para quienes han defendido a Maricarmen Abascal, su desahucio —que tuvo varios intentos antes del ocurrido en septiembre— era la muestra de un mercado inmobiliario en el que una vivienda puede alcanzar un valor económico difícil de pagar.

Otro factor, no menor, que contribuyó a llevar a España a este punto fue la crisis financiera de 2008. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la construcción de nuevas viviendas se estancó. Y el problema se arrastró con el paso de los años. Según CincoDías, medio de El País, el Banco de España estima un déficit acumulado de cerca de 750.000 viviendas desde 2021. El año pasado se formaron unos 240.000 hogares, pero solamente se terminaron 92.000 viviendas.

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La insuficiencia de la oferta pública para atender a quienes no pueden asumir los precios del mercado, el interés de inversores que consideran los inmuebles un activo rentable y la utilización de viviendas para alquileres turísticos o temporales, entre otras razones, completan una suma de factores que alimentan la especulación inmobiliaria. Es decir, un mercado que funciona bajo una lógica de inversión y rentabilidad que puede ir en contravía de las necesidades de quienes buscan un lugar digno para vivir.

Según Eurostat, el 26,8 % de los hogares españoles que vivían en alquiler a precios de mercado en 2025 destinaban más del 40 % de sus ingresos a pagarlo, una proporción que supera ampliamente la media de la Unión Europea, equivalente al 18,6 %.

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Y así llegamos a la punta del iceberg: lo que pasó con Maricarmen Abascal. Tras su desahucio, el Sindicato de Inquilinas, que ya venía denunciando la frecuencia de estos procedimientos y las dificultades de los arrendatarios para conseguir una vivienda asequible, lideró las movilizaciones que tomaron el caso de la mujer de 87 años como símbolo de un malestar acumulado.

Unas semanas atrás, salir de la estación del metro de Sol era encontrarse con una plaza amplia desde la que se podían ver el aviso del Tío Pepe, la placa del Kilómetro Cero y la estatua del Oso y el Madroño. Por estos días, el panorama es otro: centenares de carpas con carteles que dicen «Se os llena la boca de derechos y nos dejan sin techos», «Ni rentistas, ni maderos, la vivienda para los obreros» y «Buitres sí, fondos buitre no».

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Juan Pablo, uno de los manifestantes que acampa en la Puerta del Sol, dijo que todo lo que están haciendo «surge en respuesta a un acto de crueldad inmobiliaria por el cual se desaloja a una mujer mayor de 80 años de su piso, y un poco lo que ocurre es que estamos respondiendo no a un caso, sino a una situación de injusticia que lleva estancada desde hace muchos años, que es la imposibilidad de solucionar el problema de vivienda, que el acceso a ella sea un derecho y no un bien sobre el que se especula».

Frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, varias personas montaron un espacio en homenaje a Maricarmen Abascal, con pancartas, velas rojas y rosas. Esto ocurrió después de su muerte, el pasado 7 de octubre, que también desencadenó movilizaciones en varias partes de España. En Madrid, un gran número de personas caminó desde la Puerta del Sol hasta la casa en la que vivió la mujer de 87 años y, al llegar allí, guardó un minuto de silencio en su memoria.

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Eva, otra de las manifestantes, le dijo a este diario: «Es una salvajada que puedan sacar a una persona muy anciana de su casa y que esté legitimado. Es lo que estamos intentando cambiar desde aquí para que no ocurra en un futuro».

Las consecuencias políticas del caso Maricarmen Abascal

La política termina siendo un espejo de lo que pasa en las calles. Lo ocurrido en las últimas semanas en Madrid ha dejado opiniones divididas y marcadas. Otros ciudadanos, como Cecilia, opinan que quienes están acampando «deben ser desalojados cuanto antes. Lo de la vivienda es un problema real, sí, pero es también una cortina de humo a raíz de todo lo que está pasando con los okupas en Ceuta».

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Lo cierto es que, después de lo sucedido con Maricarmen, el Gobierno de Pedro Sánchez respondió a la movilización con dos decretos de vivienda que incluían protecciones frente a los desahucios, límites a determinadas prácticas inmobiliarias y disposiciones destinadas a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler.

El problema es que, el pasado 2 de octubre, el Congreso rechazó ambos decretos. El Partido Popular, Vox y Junts, entre otros grupos, votaron en contra, lo que dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para reunir mayorías parlamentarias.

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Quienes respaldan al Gobierno consideran que el Estado debe proteger a los inquilinos, regular precios y evitar que las viviendas se utilicen como instrumentos de especulación. Del lado opuesto, liderado en parte por el Partido Popular, se considera que la solución está en construir más viviendas, garantizar seguridad jurídica a los propietarios y aumentar la oferta.

El debate se desbordó y Pedro Sánchez aprovechó la coyuntura para anunciar la disolución de las Cortes y convocar elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

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Pero la discusión no se ha detenido ahí. A lo largo de la última semana se vieron, en reiteradas ocasiones, confrontaciones en la Asamblea entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Manuela Bergerot, portavoz parlamentaria de Más Madrid. Desde el año pasado, ambas han debatido sobre la vivienda y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, en los últimos días el tono de la discusión escaló cuando Bergerot dijo que «en las calles de Madrid no va a haber paz», a lo que Ayuso respondió preguntando si estaban siendo amenazados, al tiempo que llamó «políticos buitres» a sus opositores.

«Hable bajo, que va a despertar a los acampados de Sol», le dijo Ayuso a Bergerot, quien la interpeló airadamente el 8 de octubre, después del desahucio y la muerte de Maricarmen. Con ese tono, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado a quienes acampan frente a su despacho, mientras sigue defendiendo que la solución pasa por aumentar la oferta de viviendas y garantizar la seguridad jurídica de sus propietarios.

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«Es una miserable. Tiene unas ideas muy crueles, que es poner por encima la propiedad privada y un inventado derecho a la especulación del bienestar, y eso que lo tenga alguien que se dedica a los negocios es una cosa, pero que lo tenga alguien que gestiona lo público es de una crueldad muy grande», aseguró Juan Pablo, quien, junto a otros manifestantes, rechaza la «inhumanidad» que Bergerot también ha atribuido a Ayuso.

Entre aplausos y arengas de uno y otro lado, los días en España siguen siendo convulsos. La Confederación General del Trabajo (CGT), presente a un costado de las carpas instaladas en la Puerta del Sol, ha convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre. En un panfleto, la CGT plantea siete reivindicaciones al Estado español: reducción del precio de la vivienda; recuperación de viviendas en manos de fondos buitre; regulación del alquiler habitual y de temporada; moratoria de desalojos sin alternativa habitacional; salarios vinculados al IPC real; reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, y salario y pensión mínimos de 1.500 euros.

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Mientras la huelga llega, las manifestaciones siguen presentándose y las carpas azules se mantendrán en firme en la Puerta del Sol. Los días que están por venir en Madrid serán determinantes en las elecciones y lo que provocó el caso de Maricarmen Abascal, sin duda, cambiará, no sabemos cuánto, la política de vivienda en un país en el que se hacía necesario su reevaluación.

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