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El Consejo Constitucional francés validó este viernes las medidas claves de la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, una decisión que desató una respuesta inmediata de rechazo en las calles, tras meses de protestas.
La decisión fue acogida con abucheos por parte de los manifestantes, congregados en la Plaza del Ayuntamiento de París. Poco antes corearon: “Constitucional o no, esta ley no la queremos”, “Continuaremos hasta su retirada” y “Fuera Macron”, constató la AFP.
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El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.
Los nueve “sabios” de la institución rechazaron, además, una solicitud de la oposición de izquierda de convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años, una medida que podría haber reconducido el conflicto social.
Aunque el Consejo Constitucional anuló partes de la reforma, como la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados, la validación de los puntos claves de la ley reconforta al Gobierno.
“Si hay censura de ciertos puntos (...), pero no de los 64 años, entonces no servirá para resolver el conflicto social”, advirtió el viernes por la mañana el líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger.
“La lucha continúa”: Jean-Luc Mélenchon
Muchos franceses y expertos auguraban una decisión parcialmente favorable del Constitucional. El Consejo siempre tuvo tendencia a “no bloquear las grandes reformas sociales”, explicó Lauréline Fontaine, profesora de Derecho Constitucional.
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Sin embargo, el rechazo del Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) cayó como un jarro de agua fría a los contrarios a la reforma, aunque la oposición de izquierda, que presentó dicha propuesta, ya se lo esperaba.
El jueves presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar. El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.
La tensión sigue presente en las calles. Desde el 7 de marzo, cuando se manifestaron entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la CGT, respectivamente, las marchas son menos numerosas, pero la intensidad amenaza con remontar.
En la mañana del viernes se dieron de nuevo bloqueos en los accesos a Ruán (noroeste) y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo (noreste). Los sindicatos ya habían avisado que, independientemente de la decisión, el conflicto social no se terminaría.
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“La lucha continúa”, dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. “El destino político de la reforma de las pensiones no está sellado”, aseguró, por su parte, la ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos.
Nueva etapa del conflicto
Unas horas antes de conocerse la decisión, Emmanuel Macron propuso a los sindicatos franceses una reunión el martes, indicó la Presidencia, como “el inicio de un ciclo (...) que continuará las próximas semanas”.
El mandatario está acusado de haber creado una “crisis democrática”, al haber adoptado por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento, donde carece de mayoría absoluta desde junio.
Con esta ley, que según el Gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, el presidente liberal también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato, que va hasta 2027. “Mantener el rumbo, ese es mi lema”, dijo durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame, en París.
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