España continúa a la espera de que el presidente, Pedro Sánchez, comunique una decisión sobre su futuro político. El mandatario dio a conocer el pasado miércoles que está contemplando dimitir a raíz de una presunta persecución contra su esposa, Begoña Gómez, a quien se le abrió una pesquisa judicial tras la denuncia hecha por una organización llamada Manos Limpias, quien la acusó de corrupción. Por ahora, los detalles de la denuncia permanecen en secreto.
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Según el medio digital El Confidencial, que reveló la información sobre la investigación, la justicia indaga los vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente consiguió. Por esto, la organización habría denunciado un presunto tráfico de influencias.
En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa, surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultades por la pandemia. La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.
El jueves de esta semana, luego de que Sánchez comunicara su intención de alejarse del poder, Manos Limpias reconoció que la denuncia se basa únicamente en ocho artículos de prensa que pueden o no ser ciertos. “Si las mismas (denuncias) no son ciertas, serán quienes las publicaron (las noticias) quienes deberán asumir la falsedad”, declaró la organización. Luego de conocer estos detalles, la Fiscalía española pidió que se archive la investigación judicial por presunta corrupción contra la esposa del presidente, aunque el daño parecía hecho.
No es la primera polémica que tiene a Manos Limpias como protagonista. Esta organización, que se define a sí mismo como una “organización sindical de funcionarios públicos que aboga por la defensa de sus afiliados” y que quiere “lograr la independencia del Poder Judicial”, es en realidad un colectivo que ha tenido varios problemas con la justicia en el pasado.
Manos Limpias nace en 1995 por iniciativa de Miguel Bernad Remón, excandidato del partido franquista Frente Nacional —partido con fuertes conexiones con la derecha italiana y francesa—, quien se presentó a las elecciones europeas de 1987. Es conocido por ser una figura de la ultraderecha que admira el franquismo —la dictadura impuesta en España por el general Franco a partir de la guerra civil de 1936— y que ahora se desempeña como secretario general de la organización.
Desde su formación, Manos Limpias ha presentado demandas judiciales contra figuras del otro espectro político, como la fiscal Olga Sánchez, a quien acusó de supuestamente haber destruido pruebas durante los juicios del 11-M. También contra Baltasar Garzón, el juez más famoso de España, a quien acusó de abuso de autoridad durante su investigación sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura franquista.
“El historial es larguísimo. Entre otros procesos, el colectivo de Bernad se personó como acusación en el caso 8-M, impulsado en 2020 contra el delegado del Gobierno de Madrid por haber permitido la marcha feminista del 8 de marzo en la época de expansión del coronavirus —una causa que acabó archivada igualmente tras un enorme escándalo mediático—. En 2016 se querelló contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, entonces diputados de Podemos, por una ristra de delitos: desobediencia, organización criminal, apropiación indebida, cohecho”, destacó el diario El País de España.
Otro querella que emprendió Manos Limpias fue contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por “criminalizar el poder” y contra el propio Sánchez por sus negociaciones con el nacionalismo catalán para lograr la investidura en minoría. Pero lo que destaca de cada uno de estos casos es que no ha prosperado en la justicia. ¿La razón? Los jueces que han abordado estas investigaciones han encontrado denuncias y pruebas falsas, que Manos Limpias utiliza como única fuente para sostener sus acusaciones, entre las que destacan supuestas fuentes periodísticas inexistentes.
En 2016, de hecho, Manos Limpias fue investigada por extorsión. Según el medio independiente Newtral, la organización tenía un modus operandi en el que interponía denuncias falsas y luego le pedía dinero a las empresas implicadas para retirarlas. Por esta razón, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo absolvió en 2024, considerando que en tales prácticas no había empleado violencia.
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