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El rapero español Pablo Hasel ha despertado un huracán político y social que pone sobre la mesa un problema que tiene diferentes aristas: la libertad de expresión. Las letras de sus canciones y algunos tuits valieron para que la justicia de España lo encarcelara por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, provocando una ola colectiva de indignación y disturbios que ya deja tres noches seguidas de protestas y cerca de un centenar de detenidos. ¿Fue injusta su detención? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en el mundo digital? Estas son algunas de las preguntas que rondan alrededor del caso.
Los antecedentes judiciales del artista son numerosos. Fue sentenciado en 2014 a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo, aunque la Audiencia Nacional española decidió en 2019 dejarla en suspenso por circunstancias como que carecía de antecedentes penales cuando fue condenado, mientras que luego sumó otras condenas por otros delitos, entre ellas una de dos años confirmada hoy, y está a la espera de otro juicio por atacar a la Policía de Cataluña. “Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré”, le decía en 2017 a un testigo durante el juicio que se llevaba en su contra.
En concreto, la última sentencia que envía a Hasel a prisión se debe a 64 tuits y un video de Youtube, en el que supuestamente enaltece a miembros del Grapo y Eta, grupos terroristas. Además, recibirá un castigo de 27 meses de multa por injurias a la Corona y a instituciones del Estado. Actualmente este último delito se multa hasta con dos años de cárcel.
Un debate de este tipo es complicado, comenzando porque se habla de una judicialización penal y no de una censura por parte de una compañía tecnológica. La democracia de hoy se expande al mundo digital, y sigue las lógicas de un sistema en el que la libertad de expresión no es concepto absoluto. “Por ejemplo, en ciertos países si niegas el holocausto vas a prisión, si eres un promotor de discursos de odio permanentemente serás llevado a juicio, así sea online u offline. Debemos hacer un debate más amplio y democrático sobre lo que consideramos libertad de expresión”, afirmaba en enero a este diario el profesor de ciencia política del London School of Economics and Political Science, Bart Cammaers.
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Por su parte, Joan Barata, jurista de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) e investigador de la Universidad de Stanford, le dijo a El País: “El problema es que estos delitos se pueden utilizar para frenar la crítica política. No está justificada esta especial protección a las instituciones. Porque debe ocurrir justo lo contrario. Debido a su carácter, tienen que aceptar un mayor grado de crítica y ataque”.
El punto central en este debate específico parece estar en el Código Penal español. El editorial del periódico El País opina que si bien no se trata de un héroe de la libertad de expresión, debido a su retórica directa y agresiva, su caso sí debería abrirle la puerta a una reforma del Código Penal español. “Resulta preciso ponderar reformas que alivien restricciones y castigos que parecen excesivos en esta materia”, asegura el diario.
Amnistía Internacional afirmó sobre el caso: “El encarcelamiento de Pablo Hasél es una restricción excesiva y desproporcionada a su libertad de expresión, pero no es el único que sufre las consecuencias de leyes injustas: muchos otros artistas, periodistas o activistas han recibido fuertes multas o largos períodos de exclusión del sector público. Si no se modifican estos artículos del Código Penal, se seguirá silenciando la libertad de expresión y se seguirá restringiendo la expresión artística”.
La reacción del gobierno generó sentimientos encontrados. La alianza que gobierna actualmente, formada por socialistas y la izquierda radical, no parece estar sincronizada en su postura frente a la violencia. Por un lado, Pedro Sánchez condenó cualquier acto de violencia, por el otro, Unidas Podemos se mostró a favor de los manifestantes, lo cual fue interpretado por la derecha política como un aval a los desmanes. Sin embargo, desde las altas esferas del Ejecutivo ya se anunció una reforma para suavizar este tipo de condenas.
Además de buscar una mejor interpretación frente a “conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta”, se quiere disminuir el encarcelamiento por estos delitos. Por último, el proyecto de reforma busca hacerse cargo de los discursos de odio, otro tema recurrente y cada vez más popular debido a las redes sociales. Según el documento presentado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, será delito cuando “se trate de una incitación pública y directa a la comisión de delitos o una calumnia”.
