En Reino Unido, las personas podrían ser despojadas de su nacionalidad sin aviso

Quedarse sin nacionalidad de un momento a otro y sin previo aviso es un nuevo miedo desbloqueado para millones de británicos que obtuvieron su ciudadanía a través de la naturalización. Es decir, aquellas personas a quienes se les concedió la ciudadanía británica, pero no nacieron en Reino Unido, deberían estar preocupadas.

Un borrador del Proyecto de Ley de Nacional y Fronteras, propuesto por la ministra del Interior, Priti Patel, señala que el Gobierno queda eximido de notificar a las personas cuando se haya tomado la decisión de despojarlas de su ciudadanía. Esto gracias a la cláusula 9 del documento, la cual ha causado gran controversia en el país.

¿Qué quiere todo esto? Si se aprueba el proyecto, el Gobierno puede despojar de la ciudadanía británica a los británicos sin siquiera comunicárselo a las personas afectadas. Estas, cabe destacar, perderían en esencia sus derechos al no tener la ciudanía británica.

¿Por qué lo hacen? El proyecto de ley tiene tres objetivos, según ha dejado ver el Gobierno:

• Reducir y evitar las entradas ilegales a Reino Unido por el Canal de la Mancha. Los cruces clandestinos han alcanzado un máximo histórico, y por eso el Gobierno ha adoptado un enfoque más estricto frente a la migración, considerado por muchos como “despiadado”. Más de 1.000 personas llegaron en un solo día en noviembre de 2021, por primera vez en la historia.
  • Sobre esto, cabe destacar que la ley les permitiría a los oficiales de la Fuerza Fronteriza alejar a las personas que viajan en barco a Reino Unido sin que sean procesadas.
  • También se tipificaría como delito el llegar a Reino Unido sin permiso.
• El segundo objetivo es expulsar a las personas que no tienen derecho a estar en Reino Unido del territorio nacional.
• Y, finalmente, se espera con esto “salvaguardar la seguridad nacional”, pues se plantea revocarle la ciudadanía a aquellas personas que se consideren como un peligro para la nación.

¿A quiénes afectaría la medida? Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, seis millones de personas podrían verse afectadas por el cambio, en especial a las minorías. Según las cifras oficiales, dos de cada cinco personas de minorías étnicas no blancas podrían perder su ciudadanía en comparación con la población de personas blancas, en la que se asume que una de cada 20 están en riesgo de perder la nacionalidad británica.

• En las cifras están incluidas 5,2 millones de personas nacidas en el extranjero y 410.000 personas con doble nacionalidad.
• Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió que el proyecto de ley creará obstáculos para quienes intentan buscar asilo en Reino Unido, destacando que también socavaría lo planteado en la Convención sobre Refugiados.

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¿Esto significa que habría miles de apátridas (personas sin nacionalidad)? El Ministerio de Interior dice que la ley no dejaría a nadie apátrida y que solo se le revocaría la ciudadanía a quienes cuentan con doble nacionalidad. Por ejemplo: una ciudadana nacida en Bangladesh, con ciudadanía británica, podría ser despojada de su ciudadanía. Sin embargo, desde 2014 el Ministerio de Interior ha tenido el poder de despojar la ciudadanía británica a los ciudadanos nacidos en el extranjero, incluso si es su única ciudadanía. Por los casos registrados, se teme que sí haya un incremento en los apátridas gracias a la nueva ley.

¿Qué dice la gente? Hay bastante oposición al proyecto. Más de 100.000 personas han firmado una petición para que el Parlamento elimine la polémica cláusula 9, considerada por activistas como “incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Británicos en redes, como el columnista Ian Dunt, han declarado que este proyecto es un intento de “crear una categoría de segundo nivel de la ciudadanía británica para aplicarla predominantemente a las minorías étnicas”. Es un análisis que se ajusta muy bien a la realidad, considerando las cifras oficiales.

David Davis, quien sirvió como secretario del Brexit entre 2016 y 2018, dijo que los planes actuales conducirían a una especie de “Bahía de Guantánamo Británica”, y dejarían una mancha en el historial de derechos humanos en Reino Unido. EL Ministerio de Interior también ha defendido la idea de crear centros de asilo extraterritoriales para “gestionar la admisión a la nación y enfrentar la migración irregular”.

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¿Qué ha contestado el Gobierno? El Ministerio del Interior ha defendido a capa y espada su reforma argumentando que:

• “La ciudadanía británica es un privilegio, no un derecho. La privación de la ciudadanía por motivos favorables está reservada con razón para aquellos que suponen una amenaza para el Reino Unido o cuya conducta implica un daño muy grave. El proyecto de ley de nacionalidad y fronteras modificará la ley para que se pueda privar de la ciudadanía cuando no sea posible dar aviso, por ejemplo, si no hay forma de comunicarse con la persona”.

¿Qué tan cerca está esto de convertirse en ley? El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de los Comunes por 298 votos a favor contra 231 en contra. Ahora avanzará a la Cámara de los Lores, donde los diputados deberán leer, debatir y votar las 88 páginas de enmiendas que se le han hecho al documento original.

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Quedarse sin nacionalidad de un momento a otro y sin previo aviso es un nuevo miedo desbloqueado para millones de británicos que obtuvieron su ciudadanía a través de la naturalización. Es decir, aquellas personas a quienes se les concedió la ciudadanía británica, pero no nacieron en Reino Unido, deberían estar preocupadas.

Un borrador del Proyecto de Ley de Nacional y Fronteras, propuesto por la ministra del Interior, Priti Patel, señala que el Gobierno queda eximido de notificar a las personas cuando se haya tomado la decisión de despojarlas de su ciudadanía. Esto gracias a la cláusula 9 del documento, la cual ha causado gran controversia en el país.

¿Qué quiere todo esto? Si se aprueba el proyecto, el Gobierno puede despojar de la ciudadanía británica a los británicos sin siquiera comunicárselo a las personas afectadas. Estas, cabe destacar, perderían en esencia sus derechos al no tener la ciudanía británica.

¿Por qué lo hacen? El proyecto de ley tiene tres objetivos, según ha dejado ver el Gobierno:

• Reducir y evitar las entradas ilegales a Reino Unido por el Canal de la Mancha. Los cruces clandestinos han alcanzado un máximo histórico, y por eso el Gobierno ha adoptado un enfoque más estricto frente a la migración, considerado por muchos como “despiadado”. Más de 1.000 personas llegaron en un solo día en noviembre de 2021, por primera vez en la historia.
  • Sobre esto, cabe destacar que la ley les permitiría a los oficiales de la Fuerza Fronteriza alejar a las personas que viajan en barco a Reino Unido sin que sean procesadas.
  • También se tipificaría como delito el llegar a Reino Unido sin permiso.
• El segundo objetivo es expulsar a las personas que no tienen derecho a estar en Reino Unido del territorio nacional.
• Y, finalmente, se espera con esto “salvaguardar la seguridad nacional”, pues se plantea revocarle la ciudadanía a aquellas personas que se consideren como un peligro para la nación.

¿A quiénes afectaría la medida? Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, seis millones de personas podrían verse afectadas por el cambio, en especial a las minorías. Según las cifras oficiales, dos de cada cinco personas de minorías étnicas no blancas podrían perder su ciudadanía en comparación con la población de personas blancas, en la que se asume que una de cada 20 están en riesgo de perder la nacionalidad británica.

• En las cifras están incluidas 5,2 millones de personas nacidas en el extranjero y 410.000 personas con doble nacionalidad.
• Por otro lado, Amnistía Internacional advirtió que el proyecto de ley creará obstáculos para quienes intentan buscar asilo en Reino Unido, destacando que también socavaría lo planteado en la Convención sobre Refugiados.

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¿Esto significa que habría miles de apátridas (personas sin nacionalidad)? El Ministerio de Interior dice que la ley no dejaría a nadie apátrida y que solo se le revocaría la ciudadanía a quienes cuentan con doble nacionalidad. Por ejemplo: una ciudadana nacida en Bangladesh, con ciudadanía británica, podría ser despojada de su ciudadanía. Sin embargo, desde 2014 el Ministerio de Interior ha tenido el poder de despojar la ciudadanía británica a los ciudadanos nacidos en el extranjero, incluso si es su única ciudadanía. Por los casos registrados, se teme que sí haya un incremento en los apátridas gracias a la nueva ley.

¿Qué dice la gente? Hay bastante oposición al proyecto. Más de 100.000 personas han firmado una petición para que el Parlamento elimine la polémica cláusula 9, considerada por activistas como “incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Británicos en redes, como el columnista Ian Dunt, han declarado que este proyecto es un intento de “crear una categoría de segundo nivel de la ciudadanía británica para aplicarla predominantemente a las minorías étnicas”. Es un análisis que se ajusta muy bien a la realidad, considerando las cifras oficiales.

David Davis, quien sirvió como secretario del Brexit entre 2016 y 2018, dijo que los planes actuales conducirían a una especie de “Bahía de Guantánamo Británica”, y dejarían una mancha en el historial de derechos humanos en Reino Unido. EL Ministerio de Interior también ha defendido la idea de crear centros de asilo extraterritoriales para “gestionar la admisión a la nación y enfrentar la migración irregular”.

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• “La ciudadanía británica es un privilegio, no un derecho. La privación de la ciudadanía por motivos favorables está reservada con razón para aquellos que suponen una amenaza para el Reino Unido o cuya conducta implica un daño muy grave. El proyecto de ley de nacionalidad y fronteras modificará la ley para que se pueda privar de la ciudadanía cuando no sea posible dar aviso, por ejemplo, si no hay forma de comunicarse con la persona”.

¿Qué tan cerca está esto de convertirse en ley? El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de los Comunes por 298 votos a favor contra 231 en contra. Ahora avanzará a la Cámara de los Lores, donde los diputados deberán leer, debatir y votar las 88 páginas de enmiendas que se le han hecho al documento original.

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