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Tras casi cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, el Gobierno de izquierda español aprobó el martes un proyecto de ley para desclasificar automáticamente todos los documentos confidenciales de la dictadura.
Este proyecto de Ley de Información Clasificada, que deberá ser sometido a la aprobación del Congreso, reemplazará la Ley de Secretos Oficiales, que fue adoptada en 1968 durante la dictadura franquista (1939-1975). Es una legislación demandada desde hacía mucho tiempo, especialmente por el Partido Nacionalista Vasco.
“Insisto: desclasificación automática de toda la documentación de más de 45 años, es decir, previa al año 1980”, indicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa tras un consejo de ministros.
De recibir luz verde del Parlamento, la ley levantará el secreto sobre todos los documentos de la dictadura franquista, pero también de la Transición, el período turbulento que siguió a la muerte del dictador en 1975 y posibilitó la llegada de la democracia.
El texto permitirá adaptar la legislación española “a los estándares europeos” y “otorgar mayor transparencia para que los ciudadanos puedan conocer información que es sensible”, continuó Bolaños.
Varios intentos fueron llevados a cabo en los últimos años para reformar la ley de 1968. El último, iniciado en 2020 por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, quedó en nada al disolverse el Parlamento en 2023 para dar paso a las elecciones generales.
Con este proyecto de ley, el Ejecutivo planea hacer públicos automáticamente todos los documentos clasificados con más de 45 años, salvo que persista “una amenaza para la seguridad nacional y para la defensa” que justifique que algunos sigan siendo secretos, precisó Bolaños.
El texto prevé también hacer que la clasificación de información sea “excepcional” y estipula que los documentos relativos a graves “violaciones de los derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad” no podrán ser confidenciales.
La adopción de este proyecto de ley por parte del Ejecutivo fue aplaudida por Amnistía Internacional, que les pidió en un mensaje en X a los políticos españoles que “dejen a un lado sus guerras partidistas” para permitir su rápida aprobación en el Parlamento.
“Esta ley puede cambiar la historia”, estimó la ONG, que consideró que la de 1968 impidió “avanzar en la investigación de violaciones graves de derechos humanos” y “garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”.
Llegado al poder en España tras una guerra civil (1936-1939) que causó cientos de miles de muertos, Franco dirigió España con mano de hierro durante casi 40 años. Ningún responsable del régimen fue juzgado tras su muerte, debido a una amplia amnistía.
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