El Pleno del Congreso de España, la Cámara Baja del parlamentarismo español, aprobó este jueves por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar con hasta dos años de prisión las llamadas “terapias de conversión” dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género de las personas LGTBI.
Con esta primera aprobación en la Cámara Baja, la proposición de ley para modificar el Código Penal español seguirá su tramitación en el Senado (Cámara Alta).
La iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna en minoría junto a la coalición de izquierdas Sumar) ha superado el trámite en el Congreso con 178 votos a favor, a los que se suman 32 votos en contra (del partido ultraderechista Vox) y 137 abstenciones (del conservador Partido Popular).
Sin embargo, algunos partidos que han apoyado la iniciativa del PSOE (fuerzas de izquierda y nacionalistas) han reclamado “más ambición” para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas de las conocidas como terapias de conversión.
La norma propone castigar “con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión”.
Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
El texto aprobado, que sale del Congreso sin incluir las enmiendas que quedaban vivas para el pleno, establece la prohibición de ayudas públicas a “personas físicas, entidades jurídicas y/o asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia”.
La semana pasada, la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que en los últimos meses se han recibido “denuncias importantes”, tanto individuales como colectivas, sobre prácticas de conversión con pseudoterapias contra personas del colectivo LGTBI.
Y, en enero de 2025, el Ministerio de Igualdad abrió expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas y determinar si deben ser sancionadas.
La reparación, en una moción aprobada en el mismo pleno
Los socios parlamentarios del partido socialista que han apoyado la proposición han coincidido en que ésta se queda corta.
Por ejemplo, Isabel Pozueta, diputada de EH Bildu, confió en que la ley sea un “punto de partida” para avanzar en el futuro en medidas de reparación y acompañamiento para las víctimas de estas mal llamadas terapias.
Precisamente, en la sesión de este jueves se aprobó una moción del grupo parlamentario mixto sobre el apoyo a estas víctimas, que se debatió el pasado martes y que incidía también en el mismo sentido: no es suficiente penalizar estas “terapias de conversión”.
La moción aboga por designar ayudas económicas específicas y soluciones habitacionales, también por impulsar la detección precoz ante situaciones que a menudo “pasan desapercibidas”, ya que según la diputada hay víctimas que “dependen económicamente de sus agresores, que muchas veces son sus padres y madres”.
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