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En un escrito de 17 folios, el fiscal Vicente González Mota estimó que existen abundantes pruebas de los contactos entre los dos grupos que, dice, fueron regulares e intensos a partir del año 2003.
“La colaboración entre ambas organizaciones, que se sospechaba desde hace años, se ha acreditado tanto en documentos intervenidos a Eta como en los intervenidos a responsables de las Farc”, subraya la denuncia, que por primera vez reconoce oficialmente los contactos.
González Mota señala que la base de la relación se centra en la realización de cursillos sobre el manejo de explosivos que habrían impartido tanto militantes etarras a milicianos colombianos, como a la inversa.
En concreto, la fiscalía sitúa en 2003 el inicio formal de las colaboraciones oficiales entre Eta y las Farc. En ese sentido, la querella aporta como prueba fehaciente extractos de hasta 25 correos electrónicos del ordenador del líder guerrillero Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en una operación del Ejército colombiano en Ecuador.
Es la primera vez que se hace público que Eta aparece mencionada reiteradamente en el contenido de los mensajes atribuidos a Reyes.
“Los correos han sido analizados conforme a la legislación colombiana, sin que hubiera ninguna manipulación sobre su contenido”, precisa González Mota.
Reyes, según sus propias palabras, relata que fue Eta quien solicitó entablar relaciones formales y que ambas organizaciones acordaron entrevistarse en Cuba.
A raíz de estas comunicaciones, en verano de 2003, la fiscalía considera que al menos 4 militantes de Eta recibieron formación de las Farc en el manejo de explosivos en los campamentos colombianos Noel Matta Matta “Nariño” y Luciano Martín Arango “Iván”.
Fue durante este entrenamiento, cuando la guerrilla pidió ayuda a Eta para atentar contra el ex presidente Andrés Pastrana y el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, entre otros, quienes por aquel entonces residían en España.
La fiscalía española explica además que un miembro de las Farc identificado como Víctor Ramón Vargas Salazar, ya detenido, relató en su interrogatorio policial que el dirigente guerrillero Edgar Navarro Morales, alias “El Mocho” , viajó en dos ocasiones a España para vigilar los movimientos de Pastrana.
Según González Mota, “El Mocho” pudo reunirse entonces con representantes de Eta, que se ofrecieron a participar en unos atentados que posteriormente nunca se produjeron.
Como prueba adicional, el fiscal aporta un supuesto correo electrónico firmado por el considerado actualmente líder de las Farc, Alonso Cano, que en aquel momento sugirió la posibilidad de recompensar económicamente a quien matase al ex mandatario Pastrana.
“Valdría la pena pensar en ofrecer una recompensa en dólares por quien ajusticia a Andrés Pastrana, acá o en España o donde sea”, dijo supuestamente Cano.
La Fiscalía considera que si se admite a trámite la querella, habrá que esclarecer e identificar a las personas de una y otra organización que tomaron parte en los entrenamientos y en los supuestos planes para matar a Pastrana.
Finalmente, la querella sí estima probado que unos años después, en agosto de 2007, los supuestos activistas de Eta Iñaki Domínguez Atxalandaburo, Martín Capa (un nombre que se cree no es real), José Ignacio Echarte Urbieta, José Angel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán impartieron, y a la vez recibieron, cursos a las Farc y a varios miembros de la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberacion en la selva colombiana.
Cubillas Fontán es considerado el responsable del colectivo de Eta en Venezuela y, según la querella, Raúl Reyes le reconoce como interlocutor en uno de sus correos. Por su parte, González Mota mantiene que Echarte Urbieta y Urtiaga Martínez podrían residir en Cuba. De los otros dos, no se ofrece un paradero.
El fiscal pide su busca y captura y solicita al juez de la Audiencia Nacional que procese a los cinco por los delitos de pertenencia al grupo terrorista, colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Los etarras, dice González Mota, participaron en sesiones teóricas y prácticas sobre el manejo del explosivo militar C-4 y la utilización de teléfonos móviles para detonar la carga.
Finalmente, reclama a la justicia colombiana que aporte cualquier documentación sobre el caso que pueda ser relevante y pide que interrogue a varios miembros de las Farc que también habrían tenido relación con Eta: Alfredo Vargas Gómez; Diana Yamile Alvarez Galvis; José Dabid Quebrada, “Yoyo”; Paola Andrea Rodríguez Martínez, Juan Carlos Celis González y Rosember Gutiérrez Puertas; y otros dos conocidos como “Carlos” y “Camilo”.