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La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes en primera lectura una proposición de ley que legaliza y regula por primera vez la eutanasia para enfermos incurables que padezcan sufrimientos insoportables.
El resultado de la votación fue de 305 votos a favor y 199 en contra. A partir de ahora, el texto pasará al Senado en otoño, antes de volver a la Asamblea para su debate en segunda lectura, previsiblemente a comienzos de 2026.
“Aún queda un largo camino por recorrer” en el Parlamento, reconoció tras la votación la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, que apostó por seguir buscando “un consenso” lo más amplio posible.
Los diputados franceses también aprobaron por unanimidad de los 560 votos emitidos otra proposición de ley para asegurar el acceso a los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo necesiten.
El texto sobre la eutanasia recibió el apoyo de todo el bloque de la izquierda y del centro macronista, mientras que recibió el rechazo de la derecha conservadora, aunque con excepciones, ya que los grupos políticos dieron libertad de voto a sus diputados.
Esta proposición legislativa ha tenido un complicado camino legislativo, que comenzó en 2022 y fue interrumpido por las elecciones anticipadas de 2024.
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La nueva norma legal abre la posibilidad de recibir una ayuda activa a morir para los pacientes graves o incurables en fase avanzada de su enfermedad, que padezcan sufrimientos insoportables y puedan expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación.
Eso excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hubieran solicitado la eutanasia previamente, pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la administración de los productos que provocan la muerte, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que ya han legalizado la eutanasia.
La solicitud debe ser examinada en un plazo de quince días por un grupo de médicos en un procedimiento colegiado. En caso de aprobación, se prevé una fase de reflexión de dos días durante la que el paciente puede dar marcha atrás. A partir de ahí, el procedimiento debe tener lugar en un plazo máximo de tres meses.
El texto establece que los pacientes deben administrarse a sí mismos la sustancia letal (facilitada por un profesional médico), salvo que tengan una imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso sería un médico quien se la administraría.
Para los partidarios de la eutanasia, el texto se queda corto y crea demasiados obstáculos, mientras para los que se oponen va demasiado lejos. Aún así, los diputados favorables apoyaron masivamente el texto, ya que lo consideran mejor que la actual situación.
La ministra de Sanidad definió el procedimiento adoptado por la Asamblea Nacional como “un enfoque francés, estricto y regulado”.
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