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La Cámara Baja del Parlamento de Francia, más conocida como la Asamblea Nacional, aprobó un proyecto de ley que busca regular a los llamados influencers. El documento presentado define a estas personas como usuarios “movilizan su notoriedad para comunicar al público por vía electrónica para promover, directa o indirectamente, bienes, servicios u otra causa, a cambio de un beneficio económico u otra ventaja”. Se estima que hay más de 150.000 influenciadores que dedican contenido a la audiencia francesa.
La idea viene rondando en el Legislativo desde noviembre de 2022, cuando el diputado Aurélien Taché, del Partido Verde, presentó un proyecto para castigar a los influencers que estafaban a su audiencia sin ninguna consecuencia por sus actos. Después de esto, Stéphane Vojetta, del partido gobernante Renacimiento, y Arthur Delaporte, del Partido Socialista, presentaron otro proyecto que buscaba imponer límites a lo que estas personas influenciadoras podían promocionar en las plataformas de redes sociales.
“Si bien es un vector creativo formidable y un beneficio económico, anclado en la vida cotidiana de millones de ciudadanos, este sector adolece de reglas inexistentes o poco claras”, justificó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, saludando el proyecto.
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¿Qué busca regular el Gobierno?
La legislación aprobada busca que los influencers presenten un descargo de responsabilidad explícito en sus publicaciones pagadas, como un banner en fotos y videos, y no solo en la descripción de la publicación. Esto obligará a que tengan más responsabilidades a la hora de publicar contenido que engañe a la población con productos o servicios de riesgo.
Según estudios de la Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude (DGCCRF), algunos influenciadores han empujado a sus seguidores a prácticas cosméticas peligrosas para la salud, a participar en esquemas de estafa o a adquirir productos o servicios de riesgo.
Entre las nuevas reglas, los influenciadores también se verán obligados a indicar cuando apliquen retoques o filtros a su contenido. Además, quedó prohibida la promoción de las cirugías estéticas y las criptomonedas.
Para Gaelle Prudencio, una influencer de talla grande y positiva para el cuerpo, abordar las imágenes filtradas es importante porque son omnipresentes.
“Los influencers publican fotos que están realmente retocadas, lo que para mí es una señal de alerta”, dijo a la RFI.
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Para el ministro Le Maire, “en este momento era importante evitar la promoción de ideales de belleza inaccesibles y prevenir la anorexia entre los jóvenes”. La nueva legislación llega en un periodo en el que las audiencias se sienten inseguras por el contenido que circula en las redes sociales. En la última campaña de Dove, que fue al final descartada, más del 50 % de las mujeres consultadas no se sentían seguras sin filtros o productos de belleza.
Con estas reglas, el Gobierno no quiere castigar a los influenciadores, sino proteger a los usuarios de redes sociales que han presentado casos de anorexia, bulimia o depresión.
El incumplimiento de las nuevas reglas podría resultar en una pena de prisión de hasta 2 años con una multa de hasta $375.000 euros, además de la suspensión temporal o permanente de las cuentas de los influenciadores.
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