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La marcha anual que se hace en memoria de Adama Traoré, un hombre de 24 años que murió estando bajo custodia policial en 2016, fue cancelada por las autoridades francesas. Luego de seis noches de disturbios, tras el fallecimiento de Nahel, un joven de 17 años asesinado en Nanterre por un agente policial, el prefecto de policía de Val-d’Oise tomó la decisión de clausurar la manifestación pública, que estaba prevista para el sábado. Dicha oficina citó problemas potenciales para el orden público en las ciudades de Persan y Beaumont-sur-Oise, que sufrieron disturbios después de la muerte de Nahel, incluido un incendio provocado en el ayuntamiento de Persan. La oficina del prefecto dijo que existía el riesgo de que aparecieran “elementos disruptivos”.
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La decisión se tomó después de que el país viviera seis noches de disturbios, que dejaron más de 23.000, incendios, luego de que los jóvenes lanzaran fuegos artificiales en su enfrentamiento con los policías; 12.000 vehículos incendiados; 2.000 edificios públicos dañados, y varias tiendas y supermercados saqueados. Ahora bien, los miembros de la campaña de justicia de Traoré, que apoyaron a la madre de Nahel la semana pasada, dijeron que prohibir la marcha podría empeorar las tensiones por la presunta brutalidad policial y el racismo si se evita una manifestación por la justicia. Aseguraron que, a lo largo de siete años, la marcha se ha realizado de forma pacífica. El comité organizador dijo que la marcha Adama Traoré es una “conmemoración preciosa y necesaria para nuestras familias, y para todos aquellos que defienden la igualdad y quieren acabar con la impunidad policial”, informó The Guardian.
En el caso de Traoré, también conocido como el “George Floyd de Francia”, no ha habido cargos, a pesar de los intentos de su familia de llevar lo sucedido ante los tribunales, pues, según argumentan sus allegados, él murió luego de que unos agentes lo clavaran en el suelo y se asfixiara. Tras la decisión de prohibir la marcha, que cuenta con el respaldo de varios grupos de izquierda, incluyendo a algunos sindicatos, a Jean-Luc Mélenchon y al partido La France Insoumise, la diputada Clémentine Autain dijo que la prohibición fue una decisión política: “Es una irresponsabilidad del Gobierno prohibir estas formas de expresión democráticas y pacíficas”.
Mientras tanto, luego de que el policía acusado de haber matado a Nahel negó haberlo amenazado, la justicia francesa investiga amenazas de muerte publicadas en las redes sociales en su contra. Su abogado, Laurent-Franck Liénard, le indicó a la AFP que presentó una denuncia en una comisaría de París por amenazas de muerte contra él mismo y contra su cliente, confirmando una información de la cadena CNews. Además, la justicia también abrió una investigación por la difusión del nombre y del domicilio del policía acusado en el diario local Oise Hebdo, al estimar que podría implicar un riesgo para él o su familia.
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