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Miles de personas empezaron a manifestarse este jueves en Francia en una “jornada negra” de protestas, a llamado de los sindicatos, contra los recortes sociales en los presupuestos de 2026 y la política fiscal del presidente Emmanuel Macron.
Las autoridades esperan una movilización masiva con hasta 900.000 manifestantes en las calles, cinco veces más que las protestas del 10 de septiembre y a niveles parecidos de la movilización contra la reforma de las pensiones de 2023.
Los servicios de trenes regionales y de transporte público están limitados o paralizados, así como muchas escuelas y la mayoría de farmacias permanecen cerradas. El llamado a la huelga se sintió desde primera hora de la mañana.
“Estamos hartos de que nos cobren impuestos a mansalva” y de tener “dificultades para llegar a fin de mes” desde “el día 15”, indicó Samuel Gaillard, un hombre de 58 años y sindicalista de la CGT en Villeneuve-d’Ascq, en el norte de Francia.
Como en las protestas del 10 de septiembre, organizadas a través de las redes sociales bajo el lema “Bloqueemos todo”, las autoridades movilizaron un fuerte dispositivo de 80.000 policías y gendarmes para evitar “bloqueos”.
“Seremos intransigentes”, aseguró el ministro del Interior, Bruno Retailleu, quien estimó que entre 5.000 y 8.000 “individuos peligrosos” podrían “causar desórdenes” durante las manifestaciones.
Según las autoridades, unos 8.000 manifestantes participaron en las primeras acciones antes de las 10:00 a. m., como el bloqueo de depósitos de autobuses, carreteras o liceos. Más de 50 personas fueron detenidas, indicó la Policía. Ahora bien, las cifras documentadas por los medios franceses apuntan a que, al menos hasta el mediodía, 94 individuos han sido arrestados, incluidos 15 en París. De ellos, 32 permanecen bajo custodia.
Unas 15.000 personas participaron en una manifestación en Marsella, según la Policía local, aunque los organizadores informaron de un número significativamente mayor, indicó Le Figaro. Grandes protestas también se vieron en las calles de Nantes y Lyon.
La presión sindical en Francia
El ex primer ministro, François Bayrou, desencadenó las protestas con su plan presupuestario para 2026, que preveía recortes por 44.000 millones de euros (US$ 51.900 millones) y la supresión de dos días feriados.
Aunque el Parlamento tumbó su gobierno, y su sucesor, Sébastien Lecornu, anunció la elaboración de un nuevo plan que no incluirá la supresión de dichos días, los sindicatos mantuvieron la movilización. “El presupuesto se decidirá en las calles”, aseguró días atrás la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Además de pedir la supresión de los recortes planteados por Bayrou, los sindicatos reclaman derogar la impopular reforma de las pensiones de 2023, más justicia fiscal y más medios para los servicios públicos. Según un sondeo de Elabe publicado este miércoles, el 56 % de los franceses aprueba la movilización.
Desde las protestas sociales de los “chalecos amarillos” (2018-2019), originadas por el alza del precio al combustible, el descontento con la política fiscal y social de Macron es una constante en Francia. En 2023, más de un millón de personas salieron a las calles contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años que Macron impuso por decreto, pese al rechazo de la población y de los sindicatos, y sin mayoría en el Parlamento.
Las movidas políticas alrededor del presupuesto francés de 2026
Las nuevas protestas vienen acompañadas de un reclamo de mayor “justicia fiscal”, simbolizada en la llamada “tasa Zucman”: un impuesto consistente en gravar con un 2 % anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros (US$ 118 millones).
Aunque el primer ministro centroderechista ya rechazó esta medida, a la que se oponen sus aliados conservadores en el Gobierno, la extrema derecha se dijo “dispuesta” a trabajar sobre cuestiones de “justicia fiscal”.
Lecornu, en minoría en el Parlamento, continúa sus contactos con los partidos para elaborar un presupuesto para 2026 que evite su caída, como ocurrió con sus dos antecesores. Por el momento, no ha desvelado sus grandes líneas. Sin embargo, el tiempo apremia. El Gobierno debe presentar su plan a mediados de octubre ante el Parlamento, en un contexto de presión para reducir el déficit (5,8 % del PIB en 2024) y la deuda pública (114 %).
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