El Gobierno de Hungría anunció este jueves su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), según informó el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, a través de un mensaje publicado en Facebook.
El Ejecutivo húngaro iniciará el procedimiento “de conformidad con el marco jurídico, constitucional e internacional”, señaló el ministro, en una decisión que marca un cambio importante en la política exterior del país centroeuropeo.
La CPI era “una iniciativa respetable, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos -y la acusación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el ejemplo más triste de ello- es que se ha convertido en un organismo político”, indicó Gulyás a la agencia de noticias MTI.
La medida se produce tras la llegada a Budapest de Netanyahu, en su primera visita a un Estado parte del Estatuto de Roma desde que la CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
El gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán invitó a Netanyahu a visitar Budapest y ha repetido que no ejecutará la orden de detención, alegando que las decisiones de la CPI “no están reconocidas” en el código penal húngaro.
Orbán, cercano aliado de Netanyahu, calificó en su momento la orden de arresto de “descarada y cínica”. Además, el Gobierno húngaro argumentó que el tribunal con sede en La Haya “no tiene derecho” a procesarlo, defendiendo que Israel actúa en legítima defensa frente a los ataques del grupo islamista Hamás.
Hungría firmó el Estatuto de Roma en 1999 y lo ratificó en 2001, durante el primer mandato de Orbán como primer ministro, pero no ha reconocido en su código penal las disposiciones de la CPI.
El país señaló en febrero de este año que reconsideraría su cooperación con el tribunal, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara sanciones contra la corte.
Ese tribunal “se ha convertido recientemente en una herramienta política tendenciosa y ha desacreditado a todo el sistema jurídico internacional”, dijo en aquel entonces el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.
Hasta la fecha, solo dos países han abandonado la CPI: Burundi en 2017 y Filipinas en 2019. Fundado en 2002, el tribunal cuenta actualmente con 125 Estados miembros y tiene como mandato enjuiciar los crímenes más graves —genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad— cuando los Estados no están dispuestos o no pueden hacerlo por sí mismos.
Hungría se convierte en el primer país de la Unión Europea en iniciar un proceso de salida del tribunal internacional, en una señal más del creciente distanciamiento de Budapest con respecto a los consensos del bloque comunitario.
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