La catarsis judicial que complica las negociaciones de gobierno en España

Cuando las negociaciones entre los socialistas y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez parecían estar llegando a su fin, todo se volvió a torcer. Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo en el que decía que Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña, debería haber gozado de sus privilegios e inmunidad como eurodiputado del Parlamento Europeo al haber conseguido el pasado 26 de mayo su escaño como representante de esta institución comunitaria, un acta que el Tribunal Supremo español le impidió que recogiera el pasado julio.

El líder independentista lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017 y, desde el 14 de octubre de este año, con condena firme a 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos en el marco del denominado ‘procés’, el procedimiento que impulsó el soberanismo catalán para efectuar su ruptura con el resto de España mediante un referéndum de autodeterminación que no contaba con garantías desde el Estado central.

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El revés de la Justicia europea al Alto Tribunal del país ha vuelto a tensar las conversaciones para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ya parecían avanzadas durante las últimas semanas y que el Ejecutivo esperaba que se cerraran antes de que finalizara el año para que España tuviera gobierno tras casi diez meses de desierto legislativo.

Desde Esquerra Republicana, la otra parte negociadora, pusieron en suspenso las reuniones hasta que los socialistas no se pronunciaran sobre la sentencia emitida desde Luxemburgo sobre su presidente y apuntaron que van a esperar a que la Abogacía del Estado, órgano jurídico que depende del Gobierno, emita su posicionamiento sobre el mismo fallo. También exigieron la puesta en libertad de su líder encarcelado. De esos finos equilibrios depende ahora el futuro rumbo del país. No obstante, desde las filas del PSOE todavía mantienen la esperanza de que las reuniones se vuelvan a reencauzar y que España se tome las uvas con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

En su primera entrevista tras el posicionamiento del TJUE, Junqueras manifestó que la sentencia del tribunal europeo da nuevamente alas al independentismo para volver a intentar la secesión, pero esta vez con matices: "Nos hemos ganado el derecho a volverlo a intentar", pero con "mayorías claras y repetidas en el tiempo”, confirmó el líder independentista a una publicación catalana. Además, apostó por mantener las negociaciones y seguir avanzando para buscar una solución política al enquistado conflicto catalán: “No se ha de para la negociación en ningún caso”, apuntó. 

La sentencia, por su parte, no gustó entre los sectores de la derecha española. La formación de ultraderecha Vox encabezó la oleada de críticas a la justicia comunitaria apelando a que el fallo "insulta a España y a la Justicia" y dejó entrever su euroescepticismo apuntado a que "urge una reforma profunda para que la UE deje de ser santuario de golpistas y terroristas". El presidente de esa formación, Santiago Abascal, calificó la sentencia como una "humillación" y un "gravísimo ataque a la soberanía" de España. Entre sus seguidores, se llegó a viralizar en las redes sociales la palabra Spexit, en relación con la suma de palabras Spain + Exit. En cuanto a los partidos políticos conservadores más moderados, se bastaron con decir la sentencia no modifica la actual situación penal de Junqueras, quien dicen tiene que cumplir su pena íntegra por haber perpetrado lo que ellos califican como un intento de golpe de Estado.

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Aunque el fallo no tuvo efectos prácticos inmediatos sobre Oriol Junqueras, sí que los ha tenido para el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, y uno de sus exconsejeros, Toni Comín, en la misma situación. Ambos fueron elegidos en las elecciones del pasado mayo como eurodiputados, pero la Justicia española impidió también que se postularan como tal en la jornada de constitución de la asamblea comunitaria. Pero eso ya cambió. En la tarde de ayer, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, levantó el veto de entrada a las instalaciones que tenían los dos políticos a causa de la euroorden que pesaba sobre ellos desde el Alto Tribunal español y esta mañana ambos han recogido su acta preliminar de diputados, que esperan que se formalice a la vuelta de las vacaciones navideñas para poder acudir al primer pleno del año, que tendrá lugar durante la primera quincena de enero. 

Otro de los acontecimientos que marcó la agenda política fue la condena que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el actual presidente regional, Quim Torra, que lo inhabilitó durante un año y medio de sus funciones públicas por un delito de desobediencia continuada, agravada en el momento en el que la Junta Electoral le instó a retirar la simbología independentista de los edificios públicos del gobierno catalán y éste se negó a hacerlo. El presidente, que dice no confiar en la Justicia española, ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este extremo acerca las urnas a Cataluña, que parece abocada a una repetición electoral por adelantado, nuevamente. 

Ahora, el Ejecutivo en funciones tiene la difícil tarea de canalizar estas sentencias judiciales para seguir trabajando en las negociaciones de gobierno. Esta podría ser la última baza de Sánchez, que ya ha perdido dos investiduras desde 2016. Una tercera derrota, más en las complejas circunstancias actuales, podría suponer su fin político.

Cuando las negociaciones entre los socialistas y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez parecían estar llegando a su fin, todo se volvió a torcer. Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo en el que decía que Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña, debería haber gozado de sus privilegios e inmunidad como eurodiputado del Parlamento Europeo al haber conseguido el pasado 26 de mayo su escaño como representante de esta institución comunitaria, un acta que el Tribunal Supremo español le impidió que recogiera el pasado julio.

El líder independentista lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017 y, desde el 14 de octubre de este año, con condena firme a 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación de fondos públicos en el marco del denominado ‘procés’, el procedimiento que impulsó el soberanismo catalán para efectuar su ruptura con el resto de España mediante un referéndum de autodeterminación que no contaba con garantías desde el Estado central.

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Desde Esquerra Republicana, la otra parte negociadora, pusieron en suspenso las reuniones hasta que los socialistas no se pronunciaran sobre la sentencia emitida desde Luxemburgo sobre su presidente y apuntaron que van a esperar a que la Abogacía del Estado, órgano jurídico que depende del Gobierno, emita su posicionamiento sobre el mismo fallo. También exigieron la puesta en libertad de su líder encarcelado. De esos finos equilibrios depende ahora el futuro rumbo del país. No obstante, desde las filas del PSOE todavía mantienen la esperanza de que las reuniones se vuelvan a reencauzar y que España se tome las uvas con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

En su primera entrevista tras el posicionamiento del TJUE, Junqueras manifestó que la sentencia del tribunal europeo da nuevamente alas al independentismo para volver a intentar la secesión, pero esta vez con matices: "Nos hemos ganado el derecho a volverlo a intentar", pero con "mayorías claras y repetidas en el tiempo”, confirmó el líder independentista a una publicación catalana. Además, apostó por mantener las negociaciones y seguir avanzando para buscar una solución política al enquistado conflicto catalán: “No se ha de para la negociación en ningún caso”, apuntó. 

La sentencia, por su parte, no gustó entre los sectores de la derecha española. La formación de ultraderecha Vox encabezó la oleada de críticas a la justicia comunitaria apelando a que el fallo "insulta a España y a la Justicia" y dejó entrever su euroescepticismo apuntado a que "urge una reforma profunda para que la UE deje de ser santuario de golpistas y terroristas". El presidente de esa formación, Santiago Abascal, calificó la sentencia como una "humillación" y un "gravísimo ataque a la soberanía" de España. Entre sus seguidores, se llegó a viralizar en las redes sociales la palabra Spexit, en relación con la suma de palabras Spain + Exit. En cuanto a los partidos políticos conservadores más moderados, se bastaron con decir la sentencia no modifica la actual situación penal de Junqueras, quien dicen tiene que cumplir su pena íntegra por haber perpetrado lo que ellos califican como un intento de golpe de Estado.

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Otro de los acontecimientos que marcó la agenda política fue la condena que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el actual presidente regional, Quim Torra, que lo inhabilitó durante un año y medio de sus funciones públicas por un delito de desobediencia continuada, agravada en el momento en el que la Junta Electoral le instó a retirar la simbología independentista de los edificios públicos del gobierno catalán y éste se negó a hacerlo. El presidente, que dice no confiar en la Justicia española, ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Este extremo acerca las urnas a Cataluña, que parece abocada a una repetición electoral por adelantado, nuevamente. 

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