La estrategia para terminar los abusos que cometen los Cascos Azules

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Nairobi este miércoles. / AFP

Los casos de explotación y abuso sexual por parte de Cascos Azules han aumentado en demasía desde 2014. En ese entonces, hubo 80 casos registrados; en 2015, fueron 99. Según las últimas cifras que entregó Naciones Unidas, en 2016 ocurrieron 145. El aumento, según António Guterres, secretario general de la organización, se debe a que las menores y mujeres adultas abusadas denuncian más. La mayor parte de los acusados pertenecen a países africanos (aunque también hubo casos de alemanes involucrados en ataques sexuales).

¿En qué consiste esa práctica, que han denunciado grupos de derechos humanos y varias oenegés? Algunos soldados de las fuerzas de Naciones Unidas, llamados Cascos Azules y encargados de cuidar a los civiles en contextos de guerra o necesidad urgente —como en Haití, donde se estableció en 2004 una misión tras un golpe de Estado—, han aprovechado su posición de poder para intercambiar ayuda humanitaria por sexo. En 2015, se conoció el caso de una niña de siete años que fue forzada a hacerle sexo oral a un grupo de soldados franceses a cambio de una botella de agua y galletas. Ya en 2008, la organización Save The Children ya había denunciado que personal de estas fuerzas cometía abusos sexuales en zonas de guerra. Algunos menores tenían 6 años cuando fueron violados.

Desde aquellos años se ha señalado a la ONU y los principales países de su Consejo de Seguridad de ser indiferentes ante la situación y no presentar ninguna tara ni investigar a los involucrados. Por eso, Guterres tiene una propuesta para reducir —y eventualmente cortar de tajo— esa práctica: eliminar los pagos a los países cuyos nacionales se encuentran involucrados en casos de abuso sexual. Según Guterres, la mayoría de las denuncias están dirigidas a personal de la Minusca (en República Centroafricana), la Monusco (República Democrática del Congo), la Minustah (Haití), y la Unmiss (Sudán del Sur). La estrategia, que ya comenzó a aplicarse en una etapa inicial, pretende que el dinero que no se entregue a estos países sea recaudado en un fondo para reparar a las víctimas. Hasta hoy hay cerca de US$50.000 en dicho fondo.

En su informe, Guterres también considera que debe crearse un equipo de investigadores especiales para responder de forma directo a estas denuncias. Varios grupos de derechos humanos han asegurado que los militares investigados por estos casos son condenados a penas muy reducidas o incluso quedan en libertad. Naciones Unidas ha trabajado de manera muy lenta en estas denuncias, teniendo en cuenta que las primeras datan de 2004.